El impacto de esta carretera es catastrófico para la conservación del poco bosque nativo que ha dejado la industrialización en el Wallmapu y por lo mismo se exige la realización de una Consulta Indígena para la evaluación del proyecto, tal como lo indica el Artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Algo que según la Directora Regional del SEA, Karina Bastidas, están evaluando ya que el área de influencia del proyecto afecta directamente a las antiguas familias mapuche del territorio.
Antecedentes de conflicto de interés de la actual Directora Regional del SEA, Karina Bastidas
Importante señalar que la actual Directora Regional del SEA en Los Rios asumió el cargo bajo un fuerte cuestionamiento público debido a sus vínculos empresariales con la industria salmonera y el conflicto de interés que presentó durante su gestión como directora del SEA en Magallanes durante el período 2010 al 2018.
Uno de los últimos casos denunciados públicamente y probablemente el motivo de su traslado a la región de Los Ríos fue el proceso de aprobación ambiental para la instalación de una factoría de procesamiento de salmón de la compañía Australis en Puerto Natales.
El conflicto de interés quedó en evidencia cuando Karina Bastidas el 04 de abril 2018 firma un acta de evaluación en representación de la mega empresa Australis Mar S.A. y a los dos días, el 06 de abril del 2018, firma acta de visita a terreno como parte del Servicio de Evaluación Ambiental.
A continuación puedes revisar ambos documentos que se encuentran disponibles en la página del SEA:
4/4/2018 Firma Acta de Evaluación como Australis Mar S.A.
6/4/2018 Firma Acta Visita a Terreno como parte del SEA
Anteriormente las Comunidades Yagán y Kawesqar denunciaron el conflicto de interés de Karina Bastidas y su rol en la aprobación de autorizaciones ambientales para que las salmoneras pudiesen instalar jaulas de crianzas en lugares donde las aguas son prístinas y libres de toda contaminación industrial.
Sergio Quinan, dirigente y representante de comunidades mapuche de la costa valdiviana e integrante de la Red de Defensa de Los Territorios (RDT) de la región de Los Ríos, denunció también:
“Bajo su administración (en Magallanes) se aprobaron una gran cantidad de centros de cultivos de salmón en una zona muy prístina, muy limpia. Aparte de eso, se aprobaron alrededor de 170 pozos de extracción por fracking de petróleo y gas en la Patagonia. El fracking es una forma de extracción poco conocida en Chile, pero sí se está ejecutando de forma muy silenciosa”
Debido a todos estos antecedentes la desconfianza que existe en las comunidades de la región es altísima y se hace un llamado a todos los territorios a estar atentos a los arreglos que se producen entre las grandes empresas y los funcionarios públicos de turno, sobretodo de aquellos que ya cuentan con vasta experiencia en este tipo de procedimientos.
Karina Bastidas Torlaschi – Directora Regional SEA Los Rios
¿Desarrollo turístico o explotación de recursos naturales?
A pesar que en la descripción del proyecto presentado por el MOP se señala que uno de los objetivos principales es aportar al desarrollo turístico de la región, es sabido que este tipo de carreteras son utilizadas para el extractivismo y la sobre explotación de la recursos naturales. Tal como lo fue en la década del 80, cuando esta ruta era utilizada para la explotación del bosque nativo existente en el sector alto de la denominada “Cordillera Pelada”.
No hay dudas sobre la vinculación que existe entre esta carretera y el nuevo puerto industrial que quieren construir en Corral. Ambos forman parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana o también conocida como IIRSA, que tiene como uno de sus principales objetivos, generar corredores transnacionales mediante puertos industriales en las costas chilenas para saquear y comercializar los recursos naturales del continente hacia el mercado asiático.
El Estado $hileno a través del MOP fragmenta este tipo de proyectos en proyectos más pequeños, para así poder evitar las exigencias de estudios de impacto ambiental y las consultas indígenas. Son prácticas que ya están instauradas hace años entre el mundo empresarial y los funcionarios públicos de turno.