La actividad minera y salmonicultura que se realiza en la Patagonia chilena son contrarios con los derechos de la Madre Tierra.
Por: Patricio Segura
Aysén, 13 de enero de 2020. — El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió hace algunos días su veredicto final en torno a una serie de casos sometidos a su consideración a principios de diciembre en Santiago. Entre ellos, “Amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida” donde en particular dirigentes de la región de Aysén expusieron los conflictos con una serie de proyectos mineros que pretenden instalarse en la cuenca del lago General Carrera.
Fue el 5 de diciembre que Miriam Chible, presidenta de la Corporación Costa Carrera y vicepresidenta de la Corporación Chelenko, Erwin Sandoval, dirigente y asesor legal de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa) y Patricio Segura, periodista de la misma organización, junto al presidente de la Agrupación Aisén Reserva de Vida y director de Codeff Aysén, Peter Hartmann, presentaron el caso ante el jurado. En la ocasión denunciaron las acciones de las australianas Equus Mining (Southern Gold) con el proyecto “Los Domos” y Laguna Gold (El Toqui) con “Terrazas”, “Santa Teresa” y “Katterfeld”, la canadiense Mandalay Resources (Cerro Bayo) con el proyecto “Mina Javiera” y Newmont-GoldCorp con más de 50 mil hectáreas de concesiones de exploración adjudicadas alrededor de Coyhaique.
En particular se enfocaron en las ilegalidades del proyecto “Los Domos”, aledaño al Parque Nacional Patagonia, cuyo lobby originó la disminución de dicha área silvestre protegida y el que hoy intenta evitar sanciones por eludir el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental al superar el máximo permitido de plataformas de exploración sin presentar DIA o EIA.
Es por ello que el 9 de enero el tribunal pidió al Estado de Chile “respetar rigurosamente las áreas destinadas a conservación ambiental como parques nacionales y otros regímenes de conservación” y “cumplir la actual Constitución, convenios internacionales y leyes existentes (ej. Protocolo de Recursos Hídricos Chile/Argentina) con el fin de anular concesiones en áreas protegidas e indígenas, estudiar ecosistemas antes de intervenirlos”.
Luego de plantear diversas consideraciones, sentenció que “este Tribunal encuentra que la actividad minera y salmonicultura que se realiza en la Patagonia chilena son contrarios con los derechos de la Madre Tierra y que a su vez existe un incumplimiento con las obligaciones de los seres humanos para con ella, por lo que este Tribunal declara la vulneración de sus derechos y los de las comunidades afectadas por estas actividades, en la medida que su calidad de vida ha sido vulnerada por la ausencia de una consulta previa que permitiese expresar el sentir de las comunidades aledañas respecto a éstas”.
La sentencia va en línea con las diversas acciones legales y administrativas que organizaciones como Codesa, Costa Carrera, la Agrupación Aisén Reserva de Vida y Codeff Aysén, más ciudadanos y ciudadanas de la región, han presentado en contra del avance minero en la región. Esto, al igual que las movilizaciones, difusión a nivel regional, nacional e internacional, e incluso exposiciones ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Proceso que continuará por la importancia de la Patagonia como reserva de agua y vida, y la necesidad de proteger a las comunidades locales del extractivismo que se cierne sobre este excepcional territorio.
