De esa fecha hasta ahora, Chiloé pasó por un trauma post-movilización. Las interpelaciones y la búsqueda de culpables iban y venían. Se desmovilizó la comunidad y la identidad de pueblo se desdibujó por la frustración de no haber podido instalar las demandas históricas del archipiélago. La industria salmonera, la primera preocupación del gobierno, siguió operando sin problemas ni pérdidas. Varias organizaciones se rompieron, sindicatos se separaron, dirigentes se aislaron y todas las comunas se desmovilizaron. Se volvió a la intimidad del descontento familiar y comunitario en los hogares, al rededor del fuego, de la conversación crítica con un mate.
Por: Víctor Bahamonde
Historiador ambiental
19 de mayo de 2020
Chiloé salió a la calle y al mundo en mayo del 2016 con el denominado “mayo chilote”. El proceso de movilización social álgido que se desarrolló por esos días en las frías y lluviosas calles del archipiélago de Chiloé, al sur de Chile, fue el mayor proceso de lucha popular que se haya vivido en la zona desde las rebeliones mapuche williche del siglo XVIII.
En esa época, Chiloé formaba parte del imperio español en América y la mano dura del imperialismo se dejó caer sobre los habitantes de estos canales australes. Con la llegada de Chile, desde su anexión en 1826, sobre Chiloé se dejó caer la “chilenización” y la persecución a la estructura social, territorial, cultural y espiritual de quienes pertenecen a este pueblo del sur de América Latina. En la colonia, así como en los inicios de la república, hasta mediados del siglo XIX, Chiloé era considerado desde la zona de Osorno por el norte, hasta el Cabo de Hornos por el sur, una vasta zona que hoy ha sido claramente desmembrada desde el punto de vista político-administrativo y cultural.
Todo comenzó en marzo de 2016 cuando la industria salmonera derramó casi 10.000 toneladas de salmones en descomposición en las aguas del Océano Pacífico en las costas noroccidentales del archipiélago, luego que se generara una gran mortalidad de peces en cautiverio, por un florecimiento de algas nocivas (marea café). Esa gran mortalidad de peses y depósito de salmones descompuestos se realizó con la autorización de Sernapesca y Directemar (Armada de Chile), y fue el causante de otro florecimiento de algas nocivas (marea roja) en zonas donde nunca se había visto ese fenómeno: Ancud, en la entrada del Canal de Chacao.
En abril, producto de la cesantía que se produjo con la marea roja, principalmente en Ancud y Quellón, comenzaron una serie de movilizaciones. En los primeros días de abril, en Ancud marchaban unos 1500 trabajadores y trabajadoras del mar con sus familias, que se encontraban sin ningún tipo de sustento. Las semanas que vinieron se decretó, por presión social, “zona de catástrofe”, sin embargo, esa denominación legal no traía aparejada ningún paquete de medidas económicas para el territorio. Las movilizaciones continuaron.
El 2 de mayo, luego de conmemorarse el día de las y los trabajadores en un clima de máxima tensión con las autoridades locales y regionales, se decidió dar un paso adelante en la radicalidad de las peticiones, cortar la carretera en la zona del triangulo de acceso a Ancud, que considera cortar la ruta 5, la principal carretera de entrada y salida de la isla grande de Chiloé. Lo que comenzó con unas tímidas barricadas de neumáticos encendidos, al pasar de las horas, se convirtió en la explosión social más grande que ha tenido el archipiélago en los últimos siglos, conducida por uno de los sectores de la población más importantes y más afectados por las políticas neoliberales de las últimas décadas, las familias de trabajadores y trabajadoras del mar, compuestas por pescadores, buzos, recolectores de orilla, algueras y algueros, sindicatos y trabajadores independientes, que se encuentran en situación de legalidad e ilegalidad, porque las estrictas políticas pesqueras en esta zona afectan tremendamente al sector. Por ejemplo: en Chile están congelados los ingresos al Registro de Pesca Artesanal (RPA), lo que obliga las comunidades costeras a trabajar de manera ilegal, pues en Chiloé, quienes están vinculados al mar por trabajo, cultura e historia son casi todas y todos los habitantes. La vida se hacía difícil y el cansancio colectivo por la postergación histórica era insostenible.
Chiloé había vivido procesos álgidos de lucha desde el año 2011 con la movilización estudiantil en casi toda la provincia. Luego fue el 2012 con el apoyo a las movilizaciones de Aysén, para el 2013 haberse desarrollado las luchas por la salud, cuando desde Quellón se movilizaron por su hospital, que terminó siendo un movimiento de expresión provincial. En ese contexto se levantaron asambleas territoriales en casi todas las comunas de la provincia y se generó un movimiento de alcance nacional; después vino el 2014 con la movilización del hospital de Ancud.
Las organizaciones sociales habían ido asumiendo un compromiso tácito de convocarse cada vez que se daba una injusticia que se desarrollaba en cualquier sector de la población. La solidaridad en la intimidad de los hogares, que siempre caracterizó a Chiloé, se convirtió en un acto de manifestación pública. Aquellas personas que se tomaron los caminos recibieron ayuda en alimentos, provisiones, carpas, automóviles para transportar pertrechos, etc.; a las calles llegaron grupos folklóricos, agrupaciones culturales, artistas, médicos, profesores, comerciantes, todas y todos dispuestos a que las movilizaciones se mantengan hasta conseguir los objetivos. En cada una de estas movilizaciones el lema era uno: “son tantos años que a Chiloé no lo consideran, que ahora nos escucharán”. Hacia una mezcla de descontento generalizado y acumulación histórica de rabia contra un país segregador, colonialista y abusador.
En mayo de 2016 Chiloé fue un polvorín. Al primer día de movilización en la ruta 5, las 10 comunas del archipiélago salieron a las calles a movilizarse con un sin fin de razones: la situación que vivía la pesca artesanal, la contaminación salmonera, la postergación histórica, la salud insuficiente, la agresividad de la industria y el gobierno que, en esa primera semana de cortes, pese a que todo el archipiélago se encontraba en las calles, solo tuvo palabras para llamar al “orden” y a la “desmovilización” de las comunidades. Eran días donde, al estar cerrados todos los accesos a las islas, carabineros entraba por aire directo a sus cuarteles.
Había tensión de enfrentamientos todos los días, mientras la lluvia, el frio y la incertidumbre, aún no desgastaban a las grandes columnas de marchas multitudinarias, decenas de barricadas con alojamientos, cocinas e instalaciones sanitarias instalados en los campos y carreteras de Ancud, Quemchi, Castro, Dalcahue, Quinchao, Queilen, Chonchi y Quellón e, incluso, en varias islas menores se daban decenas de manifestaciones simbólicas en rampas de acceso, escuelas y caminos rurales. Todo el mundo en Chiloé debía estar en alguna manifestación.
El gobierno por su parte jugó a lo de siempre, método infalible del bloque en el poder: el desgaste, la dilatación y seleccionar algunas dirigencias sociales para negociar por todo un pueblo unido. La primera y la segunda semana fueron de tensión. Dirigentes había por montones tratando de aportar en la resolución del conflicto. En Chiloé habían diversos grupos de manifestantes organizados. Ya no era solo una movilización de la pesca artesanal. Dos comunas permanecieron coordinadas dentro de sí: Ancud y Quellón, donde se encontraba la mayor cantidad de pescadores y pescadoras artesanales. El resto de comunas levantaron la Asamblea Provincial de Chiloé, que era la expresión de diversas organizaciones, dentro de las cuales habían sindicatos del mar pero, en su mayoría, eran comunidades movilizadas por las afectaciones que el modelo económico había hecho sobre el archipiélago en las últimas décadas. Eso marcó el primer punto de inflexión que aprovechó el gobierno. Llevaron a las y los dirigentes, solo de organizaciones de la pesca, a Puerto Montt, en helicóptero, a negociar con el Subsecretario de Pesca. Las comunidades quedaron fuera de las negociaciones, pero sosteniendo las barricadas por todo Chiloé junto a las familias de trabajadores del mar.
El segundo paso del gobierno fue la dilatación y el desgaste, Michelle Bachelet, que era presidenta en ese entonces, decidió la segunda semana de movilización irse a Suecia y, desde allá, llamó al orden y al entendimiento, pues no iban a hacer más esfuerzos de los que ya estaban sobre la mesa para hacer deponer la movilización: un bono a cada trabajador de $80.000 que se terminó subiendo a $120.000 y un plan de reinserción laboral a través de los PMU (programa de mejoramiento urbano), donde cada trabajador sería contratado por horas de trabajo a obras de aseo y ornato en sus comunidades. Lo que vino después fue desmoronar la unidad de las y los trabajadores: en las comunas donde había uno o dos sindicatos, negociando por toda la comuna movilizada, ofrecieron mejoras y cuotas solo para esos sindicatos. Ya con eso se comenzaron a bajar las movilizaciones donde estaban las y los pescadores en Chonchi, Quemchi, Dalcahue, Quinchao y Queilen.
La Asamblea Provincial de Chiloé se quebraba porque sindicatos estaban por un lado negociando, y las comunidades movilizadas veían cómo se posponían las reivindicaciones de fondo por bonos, comisiones y ayudas materiales. Quellón y Ancud no fueron distintos, sin embargo, contaban con la participación directa de más comunidades y trabajadores afectados y sostuvieron un par de días más las movilizaciones, habiéndose generado también quiebres e interpelaciones entre las dirigencias negociadoras y las comunidades que sostuvieron los cortes de ruta. El desconcierto y la desorientación inundaban mientras se apagaban los últimos fuegos de las últimas barricadas en Ancud.
De esa fecha hasta ahora, Chiloé pasó por un trauma post-movilización. Las interpelaciones y la búsqueda de culpables iban y venían. Se desmovilizó la comunidad y la identidad de pueblo se desdibujó por la frustración de no haber podido instalar las demandas históricas del archipiélago. La industria salmonera, la primera preocupación del gobierno, siguió operando sin problemas ni pérdidas. Varias organizaciones se rompieron, sindicatos se separaron, dirigentes se aislaron y todas las comunas se desmovilizaron. Se volvió a la intimidad del descontento familiar y comunitario en los hogares, al rededor del fuego, de la conversación crítica con un mate.
Pese a la desilusión colectiva, se pasó por un proceso necesario de reflexión y análisis individual y colectivo que de a poco a salido en programas de radio, textos escritos en distintos medios, investigaciones académicas y conversaciones presenciales o en redes sociales. Las tecnologías han servido para hacer síntesis de un proceso de lucha que cambió la historia de Chiloé para adentro, pero significó un fracaso en el contexto de la disputa con esa elite de poder que está fuera de sus fronteras.
Las manifestaciones de solidaridad se dieron en diversas regiones, países y plataformas. Chiloé tenia la capacidad de sostener una lucha enorme, pero fue incapaz de llevarla a buen puerto. Eran días donde las movilizaciones se teñían de negro en la frías y lluviosas calles de cada comuna, donde las familias salían a mirar la columna de manifestantes con lagrimas en los ojos, diciendo: “nos mataron nuestro mar”. La emoción y la fuerza inundaba los corazones de las y los habitantes de Chiloe, se experimentaba el poder popular, pero el calculo político puro y duro del gobierno pudo más que las ganas de todo un pueblo de generar transformaciones. Políticamente, hubieron consecuencias: casi todos los gobiernos locales de Chiloé cambiaron, pero solo dando un salto al partido del frente, lo que no significo muchos cambios y, en varias situaciones, dichos municipios, empeoraron.
Hubo un muerto en esta movilización: Baltazar Meyer, trabajador atropellado por un vecino que se enfrentó con la barricada que se encontraba frente a la fábrica de la empresa Chilolac en Ancud. Aún no hay un memorial para él. El caso se cerró por el contexto en el que se dio. La justicia inició un proceso de investigación contra el ex director de Directemar en Puerto Montt, que autorizó el vertimiento de salmones. No se presentó a la primera audiencia en Ancud, donde fue denunciado, y pidió que la causa se traslade a Valparaíso. La justicia accedió y en 2018 lo exculpó de responsabilidades.
El tribunal ambiental de Valdivia también hizo lo suyo el 2017, diciendo que el vertimiento se ajustó a derecho. No pasó nada. En Chiloé quedó la contaminación, la industria del salmón no recibió sanciones, tampoco las autoridades que autorizaron las maniobras. Terminadas las movilizaciones y a más de 3 meses del vertimiento de salmones descompuestos, zarpó de Talcahuano el buque AGS-61 Cabo de Hornos, con 15 científicos a bordo y un contingente de marineros de la Armada para analizar la contaminación. Concluyeron que pasado ese tiempo no se podía establecer relación entre el vertimiento de salmones y el florecimiento de marea roja. Pocas personas de Chiloé creyeron en este informe pero la prensa lo publicó infinitamente.
A 4 años de este proceso se han sacado tímidas lecciones. En el contexto del “estallido social” 2019 y de la huelga feminista 2020, Chiloé volvió a las calles. Masivas movilizaciones se han dado en Ancud, Castro, Quinchao, Chonchi, Queilen y Quellón. Volvieron los pueblos a retomar confianza. Hoy, se ve más patente que las revoluciones no se hacen, se organizan, como decían por ahí. Se muestra que la movilizaciones no son un objetivo en sí mismo, sino un método para alcanzar objetivos más estructurales, de fondo. Chiloé es una experiencia de lucha que vale la pena conocer, estudiar y analizar en el contexto de las movilizaciones que se han dado en las últimas décadas en diversos territorios del país y que en el 2019 tuvieron su relato en la región Metropolitana.
El estallido social de este año, y que aún sigue abierto, es el resultado de años o décadas de acumulación de experiencia social de lucha y construcción en regiones, en comunas aisladas y en territorios periféricos que se vieron enfrentados estos años con la cara más cruda y dura del modelo económico y político. El extractivismo, la expulsión de comunidades, el despojo de bienes comunes, el convivir con la contaminación, el pisoteo constante. La postergación, el centralismo y el estado autoritario, la democracia estrecha y colonial, que le sirve a unos pocos para mantenerse en el poder y seguir reproduciéndose, ganando dinero y concentrando la propiedad de la tierra, el agua, el mar, los minerales y la energía.
Chile 2019 y 2020 han dado cuenta de un proceso de lucha de décadas de comunidades desprotegidas, agredidas y abusadas por este modelo económico y político de la rancia oligarquía criolla. Los pueblos se rebelan contra lo avasallador y hostil que es el bloque en el poder y el modelo. Ese que mira con desdén a quienes se rebelan, a quienes se unen y a quienes se “privan”, como se dice en Chiloé, contra el abuso y la desigualdad. Aún queda mucho por seguir luchando.
Víctor Bahamonde
Historiador ambiental
