Es 19 de mayo, mientras una importante fracción del mundo se debate en una extraña situación de vida o muerte ante la expansión del COVID 19, las organizaciones sociales, pueblos y territorios alzamos la voz, en el día mundial contra Monsanto, para decirles fuera de Chile, América y el mundo.
Ante la creciente privatización de la semilla liderada por Monsanto, que ha desplazado el uso mayoritario de la semilla tradicional, la lucha de las y los defensores de la semilla y la biodiversidad ha impedido hasta ahora la ratificación del convenio UPOV 91, más conocido como Ley Monsanto y reintroducida como exigencia en el TPP11.
El avance de los cultivos con semilla industrial, liderado por Monsanto y acompañado por el uso intensivo de agrotóxicos ha puesto en peligro la semilla tradicional. Como MAT desde hace años nos hemos movilizado contra la ratificación de la Ley Monsanto, que busca profundizar la privatización del uso de las semillas a favor de grandes empresas multinacionales, reduciendo la biodiversidad, criminalizando las prácticas ancestrales de intercambio de saberes de los pueblos y vulnerando los derechos de las comunidades campesinas, afro e indígenas.
El herbicida Glifosato (de nombre comercial Roundup) producido por Monsanto y catalogado como altamente peligroso por ser un posible cancerígeno en seres humanos, se usa en los semilleros transgénicas de exportación pero también es el plaguicida más usado en todos los cultivos convencionales de semilla industrial. En regiones donde opera el agronegocio, se ha constatado el aumento de la incidencia de cáncer y otras enfermedades del sistema reproductivo en la población. Los riesgos son compartidos entre quienes están expuestos por aplicar el pesticida como temporeras y temporeros, y quienes viven cerca de los sitios fumigados. Por consecuencia lógica, esos riesgos también alcanzan a quienes consumen productos con residuos de ese plaguicida.
Mientras nos encontramos diversos territorios en cuarenta, el lobby de Monsanto y las empresas semilleras no cesa. Ahora Bayer/Monsanto está cerca de obtener por decreto lo que la movilización social le impidió lograr anteriormente. Las disposiciones vigentes en Chile sólo permitían los cultivos transgénicos para fines de experimentación o para exportación como semillas, que no podían utilizarse en el país. El TPP11 incluye disposiciones para cambiar esa situación. Pero el SAG se adelantó, y ha puesto desde el 1 de abril en consulta pública –de carácter no vinculante- hasta el 1°de junio y, sin publicidad alguna, un decreto que permitirá autorizar en el país “usos futuros” de semillas transgénicas importadas o desarrolladas en Chile. El decreto además excluye de esta regulación a los nuevos transgénicos, es decir los productos de la biotecnología desarrollados con la nueva técnica de edición de genes. Por tanto esos productos, que son hoy la mayoría en la industria biotecnológica, ni siquiera requerirán esa autorización, siguiendo el modelo impuesto esta misma semana por la FDA, la agencia de Estados Unidos. El modelo que Chile oficialmente anuncia seguir, es la continuidad de la agricultura intensiva en uso de plaguicidas, alta en emisiones y una de las mayores fuentes de contribución al cambio climático. Es una agricultura que además pone en riesgo la biodiversidad y la semilla tradicional por la posible contaminación de esta por los transgénicos.
Desde el 18 de octubre del 2019, la soberanía alimentaria y sanitaria de los pueblos, la desprivatización de las aguas y de los bienes comunes en general, se han convertido en nuestros horizontes de lucha. Es así como hemos ido visibilizando la importancia de la agroecología, las huertas urbanas, del cuidado y recuperación de las semillas nativas, de la formación de redes y cooperativas de abastecimiento y consumo, y de la gestión comunitaria del agua, como espacios desde donde nos asentamos para construir la autodeterminación de los pueblos. Es por eso que hoy gritamos más fuerte que nunca FUERA MONSANTO-BAYER.
