La edición chilena de Le Monde Diplomatique publicó un artículo del director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, quien analiza las gestiones que realiza la industria del salmón para acceder a dineros públicos en medio de la pandemia del coronavirus. Además incluye las recomendaciones de FAO acerca de estos temas.
Ante la pandemia del Covid-19, un reciente informe de la unidad Globefish de la FAO propone a los gobiernos permitir que la acuicultura acceda a préstamos prioritarios o seguros, así como reducciones en las tarifas de energía u otros gravámenes. Esta oficina de la ONU además sugiere a los países que condonen los préstamos para mantener nóminas de trabajadores y para para sostener cadenas nacionales de suministro de productos del mar. En Chile el 98% del salmón se exporta y a nivel nacional este producto no está en la mesa de los chilenos. Pero la industria del salmón está imponiendo una estrategia para nuevamente succionar los dineros públicos y proteger sus intereses financieros y ganancias.
El reciente informe producido por la unidad Globefish del departamento de pesca y acuicultura de la FAO, denominado “Cómo el Covid-19 está afectando los sistemas alimenticios de la pesca y la acuicultura”, propone a los Estados un conjunto de medidas inmediatas para proteger la producción y los ingresos de este globalizado y billonario sector productivo, con el objetivo de mantener sus operaciones y cadenas de suministro durante la actual pandemia.
En relación con la acuicultura, el reporte del organismo de Naciones Unidas identifica como las principal amenaza la interrupción de algunos mercados, lo que impediría la venta de los productos cosechados y procesados, y obligaría la mantención de los animales vivos en los sistemas de cultivo, aumentando los costos, gastos y riesgos para las empresas. Otro factor sobre el que el informe de la FAO llama la atención, son los problemas que afectarían a las empresas comercializadoras de ovas y de la genética de reproductores, las que debido a las restricciones para el movimiento de carga y tráfico aéreo, podrían disminuir sus producciones.
Business as usual
Frente a los futuros escenarios comerciales y de mercado en contexto de la pandemia, la FAO propone una serie de políticas públicas para mantener las operaciones del sector acuícola, que en el caso de Chile, se encuentra dominado por los monocultivos industriales de salmónidos destinados a la exportación. Los salmones representan el 72,5 % de las producciones acuícolas del país.
Entre las sugerencias de FAO destacan:
• Declarar a la acuicultura como una parte de la agricultura con el fin de otorgar préstamos sectoriales prioritarios, seguros de cosechas, tarifas energéticas y otros gravámenes.
• Aumentar el acceso de los acuicultores a programas de crédito y microfinanzas con tasas de interés reducidas, reembolso flexible de préstamos y opciones de reestructuración de préstamos y cronogramas de pagos relacionados.
• Conceder programas para cubrir la producción y las pérdidas de ingresos para mantener las cadenas nacionales de suministro de productos del mar y para garantizar la continuidad de las operaciones.
• Condonar préstamos utilizados para mantener la operación y los préstamos a bajo interés para refinanciar la deuda existente.
• Alivio de pagos, es decir, suspender ciertas obligaciones financieras como servicios públicos, impuestos inmobiliarios e hipotecas.
• Disminuir la producción donde haya una caída en la demanda o un acceso reducido a los mercados, especialmente si las exportaciones siguen siendo lentas y se ha perdido la mano de obra.
Mamá Estado, dinero público y lobby salmonero
En este escenario de proteccionismo acuícola, la Subsecretaría de pesca y acuicultura (Subpesca), dependiente del ministerio de economía, calificó el 15 de abril a la industria del salmón como un “sector fundamental” para enfrentar el corona virus, ya que “asegura la disponibilidad de alimentos para la población”.
Sin embargo esta afirmación es falsa, ya que el 90% de la producción chilena de salmón es exportada, abasteciendo a 96 mercados internacionales, entre los que destacan Estados Unidos, Japón, China, Brasil, Unión Europea, Thailandia,Corea del Sur, Viet-Nam, y Rusia.
Un dato no menor es que la población chilena es una de las que presenta los mas bajos consumos promedio de pescado a nivel mundial, con tan sólo 7 kgs por habitante al año, lo que dista del promedio anual mundial señalado por la FAO de 20 kg. por habitante.
Después que el gobierno de Piñera les entregó a los industriales del salmón el singular calificativo de “sector fundamental” para la alimentación chilena, los ejecutivos de la patronal Salmonchile iniciaron rápidamente acomodarse a las recomendaciones de FAO. Esta forma de actuar tiene un precedente: en octubre del 2019, SalmónChile y la Asociación Internacional de Productores de Salmón (IFSA), se reunió con algunos funcionarios de la FAO para buscar fórmulas de que el discurso público de las naciones establezcan que la acuicultura y salmonicultura “pueden desempeñar un papel importante para satisfacer la creciente demanda de alimentos a causa del aumento de la población y la crisis climática global”.
Esta estrategia corporativa también ha sido impulsada por la Asociación de Productores de Salmón de Columbia Británica (B.C.), entre cuyos integrantes se incluyen las mega transnacionales Mowi /Marine Harvest y Cook Aquaculture. Estas empresas también lograron que las actuales autoridades incluyeran a los cultivos de salmón en su lista de “servicios esenciales”, Esto les les permitirá recibir ayuda económica en tiempos de crisis.
Dineros públicos protegen negocios privados
El activo y opaco lobby que realizan las transnacionales salmoneras en Chile y en el mundo, buscan imponer sus intereses corporativos en tiempos de pandemia y acceder a subsidios y dineros públicos para competir en los mercados internacionales post-covid-19.
En Columbia Britanica las multinacionales Mowi /Marine Harvest y Cook Aquaculture, lograron que las autoridades dincluyeran a los cultivos de salmón en su lista de “servicios esenciales”, lo cual les permitirá recibir ayuda económica en tiempos de crisis, y entonces el gobierno canadiense podría entregar 62,5 millones de dólares para un fondo de estabilización de productos del mar.
Todo esto permitirá que las grandes empresas salmoneras accedan a financiamiento de corto plazo para pagar sus costos de mantenimiento e inventarios; aumentar su capacidad de almacenamiento para productos no vendidos; obtener nuevas tecnologías para responder a requisitos cambiantes y nuevas demandas del mercado.
Intereses comerciales, Salud pública, Derechos Laborales
Durante los últimos meses en que el país se encuentra enfrentando la pandemia de Corona virus, la industria salmonera ha tomado ventaja de las restricciones al control social y a la participación ciudadana, consiguiendo imponerle al gobierno chileno sus intereses comerciales por sobre la protección de la salud pública y de los derechos laborales. Esto se ejemplifica en las siguientes situaciones:
a) La intervención “express” de la cancillería chilena y del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) para que los gobiernos de Argentina y Brasil levantaran el cierre de sus fronteras, permitiendo el ingreso y flujo permanente de cientos de camiones que transportan salmón congelado hacia los frigoríficos de ambos mercados sudamericanos.
b) La apertura de una “ventana” administrativa para extender por un mes la siembra de salmones en los centros de cultivos, con el fin que la industria sortee las restricciones de movimiento regionales.
c) El levantamiento de las restricciones para el transporte de salmones y mitílidos en la isla de Chiloé, entregando Sernapesca por instrucciones de la Seremi de salud, permisos para la circulación de 900 camiones de la industria acuícola.
d) Ingreso permanente y recambio de trabajadores externos a la región de Aysén, utilizando el aeródromo de Balmaceda, violando el acuerdo sanitario para el control regional del Covid-19, sin considerar el rechazo de los alcaldes y las comunidades locales.
Magallanes: Salmonicultura en la región con la mayor tasa de contagios de Chile
Es en la remota región patagónica de Magallanes donde se evidencia brutalmente la lógica productivista del empresariado salmonero. Esta zona de 178.000 habitantes, presenta la mayor tasa de contagios por Corona virus del país (11 fallecidos y 752 infectados). Sin embargo, se han mantenido las actividades en los centros de cultivos, plantas procesadoras y el transporte terrestre y marítimo. Esto, a pesar que un 40% de los 5.000 trabajadores de la industria provienen de fuera de la Patagonia.
Por ello, para mantener el transporte y recambio masivo de operarios en los centros de cultivo de las transnacionales Mowi (Noruega), Australis Mar (Rep.Popular China), Cermaq (Japón), y Blumar hacia las regiones de Aysén y Magallanes, han debido emplear los grandes cruceros de turismo “Skorpio I” y “Skorpio II”. Todo un Macondo austral…
Continúa la producción mientras cae la demanda y precios internacionales Resulta paradojal que en Chile los productores de salmón van en dirección contraria a la realidad en los mercados internacionales. En momentos que han cerrado importantes mercados en Asia, Federación Rusa, y la demanda minorista en Estados Unidos se ha reducido, existiendo una sobre oferta en el mercado. Todo esto ha hecho caer los precios significativamente, con ofertas de filetes de salmón de 3 a 4 libras por US$ 0,30 menos que la semana pasada. Pero en el país sudamericano se continúa enviando salmón fresco al mercado estadounidense….
Según el banco holandés Rabobank, en Chile existe un stock de 50.000 toneladas de salmón congelado, esperando la reapertura de los mercados de China, Rusia y Japón. La lógica del empresariado salmonero chileno es continuar con la producción por sobre cualquier consideración sanitaria, ambiental o laboral, para seguir incrementando sus stocks y sacar las mayores ventajas apenas se vuelvan a reabrir los mercados internacionales.
Industria salmonera: Hacia un nuevo modelo de negocios post-Covid-19 La colusión entre gobiernos, corporaciones y organismos multilaterales, busca asegurar en el actual contexto de crisis global, que las grandes compañías de acuícultura se aseguren con el financiamiento estatal para la mantención de sus cadenas de suministro y de operaciones, pagar sus costos de inventarios y -si el caso así lo amerita-, obtener rescates financieros, tal como ocurrió en Chile durante la mega crisis del virus ISA entre el 2007 y 2010. En forma paralela, los grandes productores y exportadores de salmónidos, con un activo apoyo de los Estados, y fuera de todo control social, están construyendo un nuevo modelo de negocio, adaptado a responder a la próxima competencia de nuevos actores productivos (China, Corea y Rusia), y a los cambiantes requisitos, tendencias y demandas de los mercado post-Covid-19.
Para ello, el cluster salmonero con base en Chile -el segundo en producción a nivel global ,cuyas exportaciones alcanzaron los 5.200 millones de dólares el 2019-, requiere de subsidios estatales y ventajas tributarias, de la flexibilización y externalización laboral extrema; de la expansión territorial hacia la Patagonia chilena y argentina y áreas sub-antárticas; de la ocupación productiva de área oceánicas, y la integración con grandes productores agrícolas, cadenas internacionales de retail, con la industria farmacéutica y de biotecnología, y con sistemas de logística, transporte y de producción de alimento para peces.
¿Quiénes pagarán los costos de la crisis?
Las organizaciones ciudadanas, movimientos sociales, de trabajadores, y pueblos originarios deben estar en alerta máxima, ya que el autoritario, manipulador y no transparente comportamiento evidenciado por la industria transnacional salmonera que controla las economías del sur de Chile en complicidad con las autoridades gubernamentales, constituyen una amenaza para el avance de los procesos por la democratización de la sociedad chilena, el fortalecimiento de los derechos ciudadanos y de los movimientos territoriales y sociales regionales, la defensa de la salud pública, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, los derechos laborales, y de los pueblos originales.
Para ello es clave fortalecer el control social sobre el comportamiento de las autoridades regionales, los funcionarios estatales y organismos internacionales, exigiendo transparencia y acceso a la información, de manera de no permitir el saqueo de los recursos públicos para beneficiar a un pequeño grupo de conglomerados empresariales y empresas transnacionales. Esto es inmoral, en momentos en que miles de pescadores artesanales, comunidades costeras, emprendedores locales, y trabajadores de las regiones del sur de Chile y sus familias, están sufriendo hambre y miseria, al tener que soportar todo el peso de la crisis social, sanitaria y económica.
¿Recuerdan los US$450 millones de salvataje para enfrentar el virus ISA? Debemos sacar lecciones del corrupto y poco transparente rescate financiero de 450 millones de dólares entregado a las empresas salmoneras con el aval del Estado chileno entre el 2008-2010, lo cual permitió que autoridades gubernamentales y empresarios, escaparan sin asumir responsabilidades por la mega crisis sanitaria, económica y social provocada por la introducción del virus ISA en aguas de Chiloé y Aysén.
Quienes finalmente pagaron el costo de la falta de control estatal, las malas prácticas y los bajos estándares sanitarios y ambientales que caracterizaron la primera fase de expansión de este monocultivo industrial en Chile, fueron los contribuyentes chilenos, los 27.000 trabajadores despedidos -principalmente mujeres de las plantas procesadoras-, y las economías locales, consecuencia de la caída del 60% de la producción de salmón, la que significó pérdidas por 5.000 millones de dólares. ¿Volveremos a repetir la historia?
Juan Carlos Cárdenas N.
Médico Veterinario
Director Ejecutivo Centro Ecocéanos
