Hernán Curiñir Lincoqueo es un activo defensor de derechos humanos, directivo de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche (AIDMapuche) e integrante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche Küme. Asimismo, junto a autoridades tradicionales Mapuche fue uno de los impulsores del Kuel memorial en la Isla Cautín de Temuco en recuerdo de las víctimas del Pueblo mapuche en tiempos de dictadura,
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La IV encuesta Nacional de Derechos Humanos, sobre concepciones, actitudes y valoraciones por la sociedad chilena, desarrollada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Señala que el 41,9 % de los encuestados indica que no se respetan los derechos humanos de los pueblos originarios, situación que en nuestra zona somos testigos respecto de los abusos de la autoridad al no permitir la comercialización de sus productos. Exigimos terminar con la violencia, discriminación y abandono en que están las hortaliceras y comerciantes mapuche por las calles de Temuco.
En el día a día observamos que la pandemia covid 19 ha dejado en evidencia la existencia de una pequeña parte de la sociedad que accede a un sistema de salud de primer nivel. Por otro lado, una parte mayoritaria de la población que accede a un sistema de salud que ha sido depredado, precarizado, con bajo presupuesto con un personal de salud disminuido, pero, aun así, ha enfrentado esta pandemia de manera notable a pesar de los pocos medios.
También en estos tiempos de pandemia se pretende entre gallos y medianoche legislar sobre el proyecto que modifica el Sistema de Inteligencia Nacional, lo que desató una ola de críticas del mundo de Derechos Humanos. La propuesta gubernamental “cambia la definición de contrainteligencia y establece que la amenaza contra la seguridad del Estado no solo puede ser externa, sino que provenir de ‘grupos nacionales”, advierte la Comisión Chilena de DDHH. Se acusa que la iniciativa “le otorga atribuciones a las FFAA y se centra en combatir la protesta social, en vez del crimen organizado o el narco”.
También se está legislando sobre el proyecto de ley de patrimonio cultural, que busca actualizar el marco normativo de protección patrimonial, este proyecto niega profundamente los derechos humanos de los pueblos originarios sobre su cultura y patrimonio cultural. Se inscribe así en una larga trayectoria de negación de las culturas de los pueblos indígenas, y de su asimilación forzada a las culturas mestizas creadas en torno al Estado chileno, donde se priorizan ciertas formas de ser y pensar, sin dudas la sociedad mapuche tiene el derecho y la obligación de desarrollar una propuesta en coherencia a lo que somos, desde nuestra visión espacial y ethos mapuche.
Acerca de los inventarios de patrimonio cultural y sus registros regionales, tampoco existe un tratamiento diferenciado del patrimonio vinculado a los pueblos originarios, haciendo caso omiso de la importancia de los registros para evitar que ocurra la apropiación indebida del patrimonio cultural, especialmente de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas por empresas que expolian para sí su autenticidad y sentido de pertenencia.
El Gobierno lleva adelante esta iniciativa legal, eludiendo la debida consulta a los pueblos indígenas, y estableciendo en su lugar una encuesta on line, que violenta el derecho a la consulta previa, libre, de buena fe a través de sus propios procedimientos y autoridades a los pueblos indígenas en las medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente, como lo exige el Convenio Nº 169 de la OIT.
El gobierno prosigue así ignorando la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución 1/2020, que sugiere abstenerse de promover iniciativas legislativas respecto a los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) derivado de las características y acceso de los pueblos originarios.
La pandemia ha dejado en evidencia la precariedad de las políticas publicas hacia los pueblos originarios y peor aún, de un estado y su gobierno que han visto una oportunidad para legislar sin la consulta y participación de los pueblos originarios.
