Los miembros del Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) designados para fijar una hipotética rebaja de los millonarios salarios de los parlamentarios chilenos, poseen estrechos vínculos con la casta política mapochina, algunos con amplios prontuarios por financiamientos ilegales, y graves conflictos de intereses con quienes deberían reducir sus ingresos. Se vaticina que la rebaja de las dietas parlamentarias no será ni automática, ni obligatoria y no alcanzará un 50 por ciento.
Juan Carlos Cárdenas N.
]Director Ejecutivo
Centro Ecocéanos
03 de junio de 2020
La rebelión social de Octubre contra las políticas neoliberales y las corruptas prácticas de la casta política, obligó al Congreso Nacional a reactivar la tramitación del proyecto de ley que habían presentado el 2014 los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric, con el fin de reducir automáticamente en un 50% las millonarias dietas de los parlamentarios chilenos, las que superan 38 veces el salario mínimo mensual de un trabajador del país sudamericano.
Un estudio de la biblioteca del Congreso Nacional de Chile, realizado a petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, señala que las remuneraciones de los congresistas chilenos (23.187 US dólares mensuales), son las más altas de los 37 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Este salario supera en más de 8.000 dólares a los parlamentarios italianos que los preceden (15.110 US dólares), siendo el salario promedio de los parlamentarios de la OCDE de 9.227 US dólares mensuales (1)
Las artimañas del senado
Luego de superar el temor a las consecuencias políticas del estallido social, los senadores aprovecharon la falta de control público derivado de la pandemia de Covid-19 para modificar este proyecto de ley que amenaza sus intereses económicos. Su primer paso fue anular la rebaja automática a sus millonarios salarios. Para ello introdujeron la creación de una “comisión especial” que fijará cada cuatro años las rentas del presidente de la república y sus funcionarios de confianza, la de gobernadores y asesores, y la de diputados y senadores.
El segundo paso fue proponer que mientras se constituye la comisión especial, el políticamente cuoteado Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) sea quien calcule una “rebaja temporal” (sic) de las dietas de los honorables parlamentarios. El tercer paso fue recomendar al CADP que tuviese en cuenta la Escala Unica de Sueldos de la Administración del Estado al momento de fijar los recortes salariales a los altos funcionarios públicos. Esta propuesta no es tan inocente, ya que al existir una ley que impide que un jefe de servicio gane más que un subsecretario, una rebaja salarial relevante causaría una cascada de disminuciones en todas las remuneraciones de la administración pública.
Sin embargo, un ex consejero del CADP confidenció al Centro de Investigación Periodística (CIPER), que existirían “alternativas para esquivar ese obstáculo”, mediante ciertas indicaciones que harían que las reducciones de las remuneraciones de los parlamentarios fueran mínimas, al estar sujetas a la Escala Única de Sueldos de la Administración Pública (2).
Los conflictos de intereses de los integrantes del CADP
El mecanismo de nombramiento político de los miembros del CADP plantean una serie de conflictos de interés, ya que el presidente del CADP es designado directamente por el Presidente de la República, quien en cualquier momento le puede pedir la renuncia, mientras los restantes consejeros son propuestos por La Moneda y ratificados por el Senado. Esto haría que los consejeros la pensaran dos veces al momento de rebajar el salario de quienes los designaron. A su vez, al ser el presidente del CADP un puesto de confianza del Presidente de la República de turno, se podría dar la ironía que éste terminara fijando su propio salario…
Fumando espero
Como era previsible, el Senado aprobó por unanimidad el informe de la comisión mixta sobre el proyecto que rebajaría la dieta parlamentaria y de las otras autoridades del Estado. Ahora se espera la promulgación por el Presidente de la República. Para ello, la comisión tendrá 30 días para fijar la rebaja de las rentas de ministros y parlamentarios, y 90 días para determinar el recorte en los ingresos del Presidente de la República y de sus funcionarios de exclusiva confianza, gobernadores e intendentes,…. además del presidente del CADP. Entre los parlamentarios se vaticina que la rebaja de las dietas no será ni automática, ni alcanzará un 50 por ciento obligatorio.
El prontuario de quienes fijan la rebaja de sueldos del Ejecutivo y de legisladores
Los consejeros del CADP que fijarán la rebaja de los millonarios ingresos del parlamento y ejecutivo, chileno poseen un vínculo histórico y estrecho con la casta política y grupos de poder mapochinos. Su presidente, Alejandro Weber Pérez, sicólogo ocupacional quien fue nombrado por Sebastián Piñera en marzo de 2018, es un operador vinculado al partido político UDI.
La consejera Bettina Horst Von Thadden, es directora de políticas públicas del Centro de Estudios del “Instituto Libertad y Desarrollo”, donde presta asesoría a parlamentarios de UDI. Allí comparte el comité ejecutivo con la ex ministra de educación y esposa del senador Allamand, Marcela Cubillo , y el subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla. También es parte del consejo asesor estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Horst fue jefa del área monetaria del Departamento de Estudios del Banco Central, y miembro del Consejo Regional Metropolitano. Está casada con Dario Paya, que fue diputado y también fue secretario general de la UDI.
Cristina Orellana, ingeniera en agronegocios de la Universidad Central. Ex – vicepresidenta del PDC y ex -esposa del diputado Gabriel Silber (PDC). Ha estado vinculada al aparato público durante todos los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, habiendo sido directora regional de Corfo, Sercotec, y directora ejecutiva del Sistema de Empresas Públicas.
Entre el 2011 y 2013 dirigió el Centro de Estudios Democracia y Comunidad, ligado al PDC, y que contaba con el financiamiento de Inversiones Siemel, propiedad del Grupo Angelini, familia empresarial que fue el principal beneficiado con la nueva ley de pesca que privatizó las pesquerías chilenas.(3)
Habiendo sido promulgada la Ley Angelini-Longueira, Inversiones Siemel dejó de financiar al Centro de Estudio Democracia y Comunidad, y comenzó a entregar fondos a Inversiones Vichuquén, propiedad de Víctor Orellana, hermano de la actual consejera del CADP . El nombre de la consejera Orellana también apareció en las rectificaciones tributarias de la empresa Inversiones Caburga del Grupo Said (4).
El cuarto consejero es Eduardo Abarzúa Cruz, psicólogo de la Universidad Católica, especialista en coaching, y actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, propiedad de los jesuita. En el cuoteo del CADP representa al “mundo progresista” de la centroizquierda. En la década del 1980 integró la directiva de la Federación de Estudiantes de la UC.
El quinto consejero es Eduardo Riquelme, abogado titulado en la Universidad del Mar. Ha sido en dos oportunidades vice-presidente de RN. Durante el primer gobierno de Piñera ejerció como jefe de la División de Relaciones Políticas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y jefe de gabinete del ministro de Defensa, Andrés Allamand (RN). También fue asesor de Nicolás Monckeberg (RN), cuando este era diputado, y cumplió roles de asesoría a la bancada parlamentaria de RN durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entre marzo del 2018 y julio del 2019 fue un “outsider” como Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
Está casado con Marcela Díaz Cofré, actual coordinadora de Participación Ciudadana en el Ministerio de Vivienda y concejala RN por Las Condes. Fue abogado del ex diputado Alberto Cardemil (RN), cuando era investigado por la recepción de dinero ilegal proveniente del Grupo Penta. Su nombre también figura en las rectificaciones de boletas realizada por Inversiones Caburga, por un pago realizado durante las elecciones del 2009.
Durante su fugaz accionar como Subsecretario de Pesca, impulsó la cuestionada “Ley Corta de Pesca” para modificar las condiciones de entrega de licencias a los grandes conglomerados pesqueros industriales beneficiados por la corrupta privatización de las pesquerías chilenas.
Durante 4 meses un populista y marketinero programa denominado “Embárcate: Desafío lobos marinos”, donde se mezclaban millonarias compensaciones económicas para algunas caletas de pescadores artesanales, intentando ganar tiempo y disminuir la presión social sobre su gestión, producto de los negativos impactos económicos producidos por la privatización y sobre-explotación pesquera, y las interacciones con la población de lobos marinos.
Para ello, destinó aproximadamente 500 millones de pesos de los contribuyentes chilenos a la compra de equipos de disuasión de mediante ultrasonidos (sic), realización de concurso de ideas para caletas pesqueras, censos, manuales de buenas prácticas, y pagos a consultores e investigadores de universidades regionales.
En julio del 2019, Riquelme Portilla presentó su rocambolesca renuncia al cargo de Subsecretario de pesca y acuicultura “debido a razones personales asociada a proyectos académicos(sic)”. Esta fue enviada por Riquelme mientras se encontraba en España defendiendo su doctorado en la Universidad de Navarra, perteneciente al Opus Dei.
Ya con su doctorado a cuesta, y de vuelta en Chile, Riquelme fue llamado a liderar la recién creada “Unidad de Casos Complejos” del Ministerio del Interior, donde debutó persiguiendo al dirigente de los estudiantes secundarios Víctor Chanfreau por boicotear la PSU. Con posterioridad fue designado como miembro del CADP
La sombra de “El mosca” sobrevolará las dietas del parlamento y de La Moneda
En el 2015 el abogado Riquelme tuvo un traspié al ser denunciado públicamente por patrocinar en el 12° Juzgado de Garantía la defensa de Carlos Riffo Peña, alias “El Mosca”. Este es uno de los principales padrinos que controlaba el narcotráfico en población Legua Emergencia. Luego del escándalo político generado, Riquelme debió renunciar a este patrocinio y abandonar el Estudio Jurídico Far & Cía., donde era socio con el ex fiscal Vinko Fodich, el jurista José Luis Andrés, y el ex Director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) Gonzalo Yuseff.
Referencias
https://www.latercera.com/politica/noticia/congreso-dieta-de-los-parlamentarios-chilenos-es-la-mas-alta-de-los-paises-ocde-y-equivale-a-38-sueldos-minimos/
Los nexos políticos de los miembros del consejo que definirá el nuevo sueldo de los parlamentarios
“Las pruebas que identifican a los políticos que recibieron $2.250 millones del Grupo Angelini”. Centro de Investigación Periodística (CIPER).
Pagos irregulares del Grupo Said: a Piñera y Frei se suman Enrique Correa y ministro del TC. Centro de Investigación Periodística (CIPER)
