La imagen ícono que flameó en la Plaza de la Dignidad cuando se inició el estallido social del 18 de octubre, la bandera Mapuche, mostraba un camino hacia las demandas del pueblo Mapuche en unidad con el pueblo chileno hacia una vida digna y para avanzar a cambiar la Constitución de Pinochet, hacia una constitución democrática y plurinacional.

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The “Ku Klux Klan”-Like Threat to Chile’s Mapuche People

Por: Patricio Igor Melillanca
Mapuexpress.org
07 de agosto de 2020

La noche del 1 de agosto un grupo organizado de personas, con palos, piedras y antorchas, se reunió en la plaza central de la sureña ciudad de Curacautín, (unos 600 km. al sur de Santiago) con el objetivo de terminar con la ocupación que comunidades mapuche realizaban de la Municipalidad. Los mapuche se habían tomado este edificio para exigir al gobierno de Chile una solución a la huelga de hambre que el la autoridad espiritual, el Machi Celestino Cordova, y otros prisioneros políticos mapuches realizan por más de 80 días en diferentes cárceles del sur del país.

Los Mapuche exigen que el régimen de Sebastián Piñera aplique dos simples y totalmente legales cambios a las formas de cumplir las penas a los mapuches encarcelados. La primera es utilizar el artículo 10 del Convenio 169 de la OIT que insta a que los presos indígenas puedan cumplir sus penas en lugares donde se resguarde sus formas culturales y cosmovisión. Y que en este tiempo de pandemia de Covid-19 se les permita a los prisioneros mapuche, tal como se les ha concedido a cientos de presos chilenos, seguir cumpliendo su confinamiento en sus casas y comunidades como forma de eliminar el riesgo de contagio y para disminuir en hacinamiento de los recintos carcelarios.

Los prisioneros políticos mapuche están condenados o en procesos judiciales, la mayoría en juicios con un bajo estándar probatorio y en contextos de protesta social para recuperar sus tierras ancestrales, exigir autodeterminación política, demandar la verdad histórica respecto a los hechos ocurridos en las regiones mapuche desde que el Estado ocupo estos territorios, y rechazar el avance de las industrias extractivistas (forestales, hidroeléctricas, Salmon Industry, mineras e inmobiliarias).

KuKuKlan Colonial, Estanciero y Policial

La noche en que la turba violenta dirigida por un pequeño grupo organizado, desalojó la Municipalidad de Curacautín que los indígenas mantenían ocupado, generó un remezón en el Pueblo Mapuche pero también en la sociedad chilena. Las razones son a lo menos tres: los cánticos racistas y la justificación que daba el grupo de chilenos al señalar “muerte al mapuche”, o “el que no salta es mapuche”; la coordinada forma de operar de los organizadores de la masacre y el silencio e inacción de la policía.

Hay dos audios claves que circularon en redes sociales y que representan el bajo fondo de la actuación de funcionarios estatales y de los pequeños grupos de la ultraderecha y del violento colonialismo de fundo que existe en los territorios Mapuche. Uno es la voz de la presidenta de la cuestionada Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía, APRA, Gloria Naveillan, quien incitó a los agricultores «a ir con palos«, a las 12, en la Plaza de Victoria. La APRA es una agrupación de dueños de estáncias y de comerciantes e industriales que manejan la economía en el sur de Chile.

Y lo más grave es la conversación de un hombre con un oficial de Carabineros que le exige al funcionario estatal dejar hacer: “Necesito que nos autorice, nosotros tenemos un punto de encuentro, déjenos que nosotros saquemos a esos Mapuche, si ya el Fiscal, el Alcalde no autoriza (…) déjennos, y ustedes solo miren”, señala el audio.
Dicho y hecho. La turba racista incendió los vehículos de los Mapuche e ingresó a la Municipalidad donde golpearon a hombres y mujeres. Solo luego de esto, la policía ingresó al recinto municipal. El resultado es también curioso: los carabineros solo de detuvieron a mapuches y a ninguno de las personas de la turba racista.

Todo esto ocurrió en momentos de toque que prohibe salir de las casas, donde militares y carabineros están a cargo de las calles, y un día después de la visita a Temuco del nuevo Ministro del Interior de Piñera, Víctor Pérez, quién instó a los alcaldes a “solicitar el desalojo” y quien señaló que “en Chile no hay prisioneros políticos”.

Víctor Pérez Varela, es un histórico político pinochetista. Este abogado de la Universidad de Concepción, en 1981 fue designado por la dictadura cívico-militar como Alcalde de la ciudad de Los Ángeles, en la Región del Bio-Bio. Luego fue diputado entre 1990 y 2006, y senador desde 2006 hasta ahora, siempre representando a la UDI, el pequeño pero poderoso partido de la ultraderecha chilena.

A Perez Varela, en tiempos de Pinochet y cuando era Alcalde de Los Ángeles, se le vincula como colaboracionista de la organización Nazi dirigida por el pedófilo Paul Schäfer Schneider, la terrorífica Colonia Dignidad, que terminada la Segunda Guerra Mundial, mantuvo por décadas un enclave político y económico en el sur de Chile.
Racismo Judicial

Luego de lo ocurrido en Curacautín, durante más de una semana se ha multiplicado la protesta social en favor de los prisioneros políticos y de las demandas del pueblo Mapuche. Pero también se ha instalado el gran cuestionamiento al racismo que existe en pequeños grupos organizados de latifundistas y políticos y forma de funcionamiento especialmente de los tribunales y del Ministerio de Justicia.

Los prisioneros exigen su libertad aduciendo la grave situación de habitabilidad en los penales y el inminente riesgo de contagio al interior de ellas. Esta demanda es en función de las recomendaciones realizadas a nivel internacional, incluso por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. La situación peculiar es que el gobierno chileno ha otorgado libertad a varios prisioneros de delitos comunes, pero este beneficio no se le ha otorgado a ningún prisionero mapuche.

Y lo más escandaloso es que dos asesinos de comuneros mapuche, el carabinero que disparo a Camilo Catrillanca y el policía que mató a Alex Lemun, fueron liberados luego de pagar tan solo unos 100 dólares. Además, los policías involucrados en la operación Huracán, un burdo montaje del sistema de inteligencia de carabineros, donde participaron generales de la policía, también recibieron beneficios que implicaron su salida de prisión.

Solidaridad de la sociedad chilena

Lo ocurrido en Curacautín fue criticado incluso por la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, que junto a otros parlamentarios instaron al gobierno a dialogar con los voceros de la huelga de los prisioneros políticos Mapuche y a aplicar de manera inmediata el Convenio 169 para solucionar la protesta de los encarcelados.

En tanto la Compañía de Jesús en Chile, una de las agrupaciones históricas de la Iglesia Católica, de la cual también es parte el Papa Francisco (Jorge Bergoglio), afirmó que «rechazan la violencia y arbitrariedad en el actuar del Estado de Chile y de Carabineros” y llamaron «a detener inmediatamente la vulneración de derechos por parte del Estado de Chile hacia el Pueblo Mapuche».

Y desde las organizaciones chilenas y la universidades chilenas exigieron al gobierno dar una solución urgente a la huelga de los prisioneros mapuche. «La grave crisis de La Araucanía no se solucionará mediante recursos esencialmente judiciales y policiales, recurriendo a la represión y violencia del Estado y de grupos paramilitares», dice una declaración firmada por importantes historiadores chilenos.

Otra declaración de la Universidad de Los Lagos, en Osorno, afirman que los hechos de Curacautín se explican en “un odio racial acumulado históricamente y que se origina en la ocupación colonial del conjunto del territorio mapuche, iniciado a mediados del siglo XIX mediante la campaña de guerra eufemísticamente denominada como “Pacificación” de la Araucanía y la colonización alemana de la Fütawillimapu en las actuales provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue”.

Todas estas muestras de rechazo a esta mafia racista fueron replicadas por organizaciones sociales, juntas de vecinos, el Colegio de Profesores, y la mayoría de las organizaciones sociales chilenas.

La esperanza de una nueva Constitución Plurinacional

Otro hecho de fondo y que surgió luego de estos violentos hechos racistas, es que la Constitución chilena, creada por Pinochet y cambiada en pequeños aspectos durante estos 30 años de gobiernos civiles, no reconoce ningún derecho al Pueblo Mapuche y a los otros pueblos originarios de estos territorios. Esto a pesar que más del 12 por ciento de la población se reconoce como indígena.

La imagen ícono que flameó en la Plaza de la Dignidad cuando se inició el estallido social del 18 de octubre, la bandera Mapuche, mostraba un camino hacia las demandas del pueblo Mapuche en unidad con el pueblo chileno hacia una vida digna y para avanzar a cambiar la Constitución de Pinochet, hacia una constitución democrática y plurinacional.

Esa es la bandera y esa es la ruta digna: desmilitarización de los territorios mapuche, establecer un estándar de verdad respecto al genocidio realizado por el Estado chileno, devolución de las tierras y control territorial, derecho a la Libre Determinación, y defender los ecosistemas naturales que para el pueblo Mapuche son ecosistemas espirituales.*****FIN*****