El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) desarrolló un informe completo de los impactos ambientales que tiene para la sociedad chilena el «Plan de Reactivación Económica» propuesto por el gobierno de Sebastián Piñera con parte de la oposición. El informe fue presentado el miércoles 12 de agosto a través de videoconferencia frente a un gran número de público que se suscribió para asistir virtualmente a la conferencia. En esta actividad participó la periodista y corresponsal de TeleSur en Chile, Paola Dragnic; Javier Sáez, sociólogo e investigador de Fundación Sol; y el sociólogo, analista político, académico e investigador, Alberto Mayol. El informe fue expuesto por Camila Zarate como autora principal e integrante de OLCA.
Agenda Pro-Inversión
El 14 de mayo 2018, Sebastián Piñera presentó públicamente su «Agenda Pro-Inversión» que es la iniciativa «mejorada» de su primer mandato (2010-2014) y que consiste en un paquete de medidas para mejorar la inversión entre las que se encuentra la creación de una «Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables» bajo el paraguas del ministerio de Economía y que involucra una inversión que asciende a MM US$68.515 para los próximos 5 años. Oficina que hoy enfrenta la Contraloría General de la República por la contratación a honorarios de una funcionaria al interior del Servicio de Evaluación Ambiental para coordinar reuniones de lobby en favor de Anglo American.
Asimismo, esta agenda contiene el ingreso de un proyecto de ley Pro-Inversión en el Congreso y una Instrucción a la Comisión Nacional de Productividad (CNP) de identificar más «burocracias» a la inversión, entre otras. El objetivo, según el presidente Piñera, sería reducir a toda costa «los obstáculos» que impiden a los grandes inversionistas ejecutar sus inversiones, preferentemente los que depositan en proyectos extractivistas, es decir, en actividades que explotan y extraen intensivamente elementos de la Naturaleza para su comercialización en el mercado exterior.
En septiembre de 2019 y obedeciendo a lo encomendado por el gobierno, la CNP entregó un informe con más de 100 recomendaciones para agilizar la entrega de permisos ambientales y sectoriales a inversionistas. De acuerdo con esta comisión, la mayoría de estas recomendaciones no necesita pasar por el Congreso para su implementación.
Plan de Reactivación Económica
En junio del presente año 2020, debido a las horribles consecuencias que ha traído a las familias chilenas una pandemia sin precedentes, el presidente Sebastián Piñera instó, desde La Moneda, a todos los sectores políticos a firmar «un gran acuerdo» que hiciera frente a la situación. Sin embargo, no vacilaron en adelantar propuestas de acuerdos con sectores ligados al empresariado chileno. De esta manera, el 10 de junio pasado, un grupo de economistas lanzó un documento de «Propuestas para la Protección y la Reactivación» en el que proponen seguir las recomendaciones pro-inversionistas de la CNP. A su vez, la aludida CNP no se hizo esperar y sólo dos días después de presentadas estas propuestas entregó «12 recomendaciones para la reactivación económica», de las cuales 6 se relacionan con agilizar la tramitación en las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos.
Entre las recomendaciones, se encuentra la implementación de «colaboradores externos» en los servicios públicos, que «apoyen la fiscalización y tramitación de permisos», lo que conlleva graves problemas de conflictos de interés. Otra Recomendación se enmarca en prescindir de la evaluación previa de la autoridad y de su visita a terreno en «permisos de riesgo bajo», dando la libertad al inversionista para que él mismo declare que cumple con toda la normativa para desarrollar su actividad, bastando la certificación de un «profesional calificado» (de nuevo, privado). Esto dentro de varias otras «Recomendaciones» que vulneran gravemente el principio preventivo ambiental.
Finalmente, el acuerdo político se logró el 14 de junio y es un fiel reflejo de las propuestas entregadas por el grupo de expertos economistas, presentadas sólo 4 días antes. Un paquete de medidas que se ocupa de las familias chilenas sólo los primeros meses pero que luego, y hasta cumplir 2 años, se ocupa de socorrer a los sectores empresariales con endeudamiento fiscal. Lo insólito es que esa ayuda no se focaliza en los sectores económicos más afectados por la pandemia, como lo son la gastronomía y el turismo, sino en los proyectos extractivos que no han paralizado.
Un fiel reflejo del oportunista aprovechamiento de la pandemia para llevar adelante acciones pro-inversionistas que han estado siempre en carpeta del ejecutivo consiste en la urgencia parlamentaria que el 16 de junio decreta Sebastián Piñera al proyecto de ley Pro-Inversión, el cual ya cuenta con el informe de la Comisión Mixta, donde se aprobaron medidas pro-inversionistas como aplazar los plazos de caducidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental de los proyectos.
El Síndrome de Estocolmo
Para la periodista Paola Dragnic, OLCA «nos está ofreciendo, con este informe, entender que, justamente, en este problema del empleo o reactivación económica, no han sido considerados los rubros más azotados con la pandemia como es el área gastronómica y el turismo». La periodista, además, es muy crítica respecto al rol de los medios de comunicación en la visibilización de los conflictos ambientales, señalando que al momento en que los periodistas quieren mostrar «nos encontramos con una cantidad de ‘mañas’ y que observamos cómo cohabitan el poder, la política y las comunicaciones, porque entregamos una visión fragmentada de la realidad». Para Dragnic, el informe del OLCA invita a los periodistas a un gran desafío, como es lograr una circularidad de los efectos sociales y psicológicos. «Vivimos en un país donde la política económica está muy lejana de la gente y provoca daños irreparables, entonces, viene un gobierno, nos causa más daños y luego tenemos que agradecerles porque supuestamente nos ayuda. Chile vive bajo un permanente «Síndrome de Estocolmo», es una circulación perversa, autoflagelante».
En tanto, para Alberto Mayol, el informe presentado está mostrando muy claramente, guste o no, que el modelo económico se está agotando. «Este informe, este esfuerzo de comprender cómo las cosas más absurdas se están haciendo en Chile, los proyectos de depreciación de los bienes tecnológicos que se compran en el extranjero revelan esta problemática».
El sociólogo y miembro de Fundación Sol, Benjamín Sáez, señaló en la oportunidad que el trabajo que se plasma en el informe de OLCA es muy relevante y deberá ser un objetivo de vital importancia instalarlo en el debate nacional. En este sentido, señala Sáez, desde la visión de la Fundación Sol «consideramos necesario preguntarse cuál es el carácter de esta crisis que estamos viviendo y que junta la pandemia con la crisis económica que venía manifestándose desde el 2018 por lo menos. Esta sería la crisis más importante desde la del ’29 por los niveles de desempleo y las políticas adoptadas para socorrer y contener en algo la crisis, pero que se relaciona con este sistema de apropiación de la naturaleza, de extracción, de formas de organizar la producción y también el consumo, es decir, ¿Qué es lo que queremos consumir? Y esta pregunta es relevante para entender por qué se están extrayendo tantos recursos.
Fuente: OLCA.cl 17 de agosto de 2020
https://www.facebook.com/olca.chile/videos/297665901680124/
