En 2016 la Contraloría General de la República inició dos investigaciones a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), instituciones responsables de regular y fiscalizar el desarrollo de la acuicultura. Los resultados fueron alarmantes. La investigación de la Contraloría demostró, entre otros incumplimientos, que una importante cantidad de concesiones de salmonicultura estaban generando condiciones anaeróbicas.
«Ese proceso concluyó en enero de 2018. Sin argumentos suficientes, los funcionarios objeto del sumario fueron absueltos de todos los cargos», dice un comunicado elaborado por AIDA, FIMA y Greenpeace
Lea aquí la declaración de AIDA, FIMA, GREENPEACE
publicada el 25 de septiembre de 2020
«El término anaerobismo se refiere a la falta o ausencia de oxígeno en un determinado cuerpo o sistema. Esta situación puede generarse como consecuencia de la cantidad de materia orgánica (heces y alimento no consumido) que los centros de cultivo descargan al mar. La situación es grave pues en ambientes anaeróbicos la vida marina no puede prosperar. Es la razón por la que bajo muchos centros de salmonicultura se han generado verdaderos desiertos submarinos.
Los resultados de la auditoría de la Contraloría evidenciaron que el problema más grave se encuentra en la Región de Magallanes, donde más de la mitad de los centros de cultivo (53%) reportaron esas condiciones, entre 2013 y 2015. Lo que es más grave aún, es que varios de los centros donde se estaba dando el problema se ubican dentro de áreas protegidas. Sumado a ello, las auditorías advirtieron también que, en al menos 100 casos, los titulares de concesiones que habían generado condiciones anaeróbicas tomaron muestras en sitios diferentes para comprobar que se habían restaurado las condiciones aeróbicas.
El sumario administrativo se enfocó en tres hechos: la operación de centros fuera del área de la concesión; la toma de muestras en puntos diferentes para comprobar el restablecimiento de condiciones aeróbicas; y la falta de declaraciones de caducidad en concesiones que habrían incurrido en ello al no registrar operaciones a un año de la entrega material de la concesión.
Sorprendentemente, no se investigó el hecho de que un gran número de centros estuvieran generando falta o ausencia de oxígeno en ecosistemas marinos.
Ese proceso concluyó en enero de 2018. Sin argumentos suficientes, los funcionarios objeto del sumario fueron absueltos de todos los cargos. Tampoco se dictó nueva normativa para responder a los graves problemas evidenciados. Así, Chile perdió la oportunidad de avanzar ante el grave problema de fiscalización que pesa sobre la industria salmonera.»
