El Acuerdo de Escazú es un pacto sobre derechos humanos y medio ambiente. En su esencia está la protección de la vida y los derechos de las personas que defienden la naturaleza, derechos que deben ser resguardados para todas y todos quienes a lo largo de Chile y de América Latina deben enfrentarse en desigualdad de condiciones tanto a privados como a los mismos estados que deberían velar por su bienestar.
Diversos países ya lo han firmado como parte del cumplimiento del estándar internacional de derechos, incluso algunos ya lo han ratificado para incorporarlo al ordenamiento jurídico de sus países. A modo de ejemplo, el jueves 13 de agosto la Cámara de Senadores de Argentina aprobó por unanimidad el proyecto de Ley para la ratificación del Acuerdo de Escazú “para el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”.
Cabe señalar que en el año 2012 en la reunión de Río + 20 se impulsó el Acuerdo de Escazú, destacado por Amnistía Internacional como el único tratado regional vinculante para América Latina y el Caribe respecto a la protección del medio ambiente y el acceso a la justicia ambiental, sin embargo en el presente, el estado chileno, a pesar que en su momento Chile lideró la creación de este acuerdo, hoy el gobierno de Sebastián Piñera se niega a firmarlo, confirmado así este 8 de septiembre por el propio canciller Andrés Allamad. Indicando ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno “La posición del ejecutivo no ha cambiado. El acuerdo, en opinión del gobierno y como está planteado, es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la que hasta ahora no se ha suscrito”.
Ver Video de Reviviendo Mil prendas sobre el Acuerdo de Escazú
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Entre sus contenidos principales están:
● Garantizar la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales
● Garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano
● Derecho de acceso a la información ambiental
● Derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales
● Derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales
