La demanda por anular la Ley Longueira que privatizó las pesquerías nacionales ahora debe seguir su tramite legislativo en el Senado y en un parlamento que mantiene la mismas cuotas de poder que existían en el momento en que se aprobó esta corrupta y abusiva normativa.
Valparaíso, 24 de noviembre de 2020. (radiodelmar.cl)– Pescadores artesanales celebraron hoy martes (24.11.2020), que la Cámara de Diputados haya aprobado anular la Ley Longueira (20.657) que en 2013, en medio de un ambiente de corrupción, aprobó entregar en propiedad las pesquerías nacionales a las familias de industriales pesqueros. La discusión legislativa ahora debe seguir su trámite en comisiones especializadas y luego en el Senado.
Frente a esto, el gobierno anunció que podría recurrir al Tribunal Constitucional para que revise la decisión del parlamento. Esto ocurriría si es aprobada definitivamente por todo el Parlamento.
Gino Bavestrello, pescador artesanal y dirigente de las comunidades pesqueras de Valdivia dijo a Radiodelmar.cl que «la Ley Longueira se aprobó en un contexto de corrupción, eso es lo que sabe el pueblo chileno y eso es lo que hoy se anuló en la Cámara de Diputados. Pero seguimos demandando que este trámite sea rápido, no podemos esperar dos años para que esta discusión termine. Los peces deben volver a ser patrimonio de todos los pueblos de Chile y deben ser parte prioritaria de la alimentación nacional».
Durante la tramitación de la citada Ley 20.657, entre los años 2011 y 2013, diferentes sectores e instituciones de la sociedad civil, la pesca artesanal y comunidades indígenas cuestionaron su contenido y manifestaron que atentaba contra el interés nacional, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos originarios.
A lo anterior, explica la normativa, se sumó la manifiesta presión indebida sobre parlamentarios ejercida por distintos grupos económicos de la pesca industrial que buscaban beneficiarse con las modificaciones propuestas por esta normativa.
Por dichos argumentos, la moción sostiene que la Ley de Pesca debe ser declarada nula, porque en el proceso de discusión parlamentaria se vulneró el principio constitucional de probidad. De acuerdo a lo expresado, en su elaboración intervinieron parlamentarios que tenían, a esa fecha, intereses económicos en la industria pesquera, sin que lo advirtieran ni, menos aún, que se inhabilitaran en la votación.
Por otra parte, se precisa que es un hecho público y notorio que actores particulares de la industria financiaron irregularmente a algunos parlamentarios mientras se discutía la ley. Este principio, entendido como la preeminencia del interés general por sobre el particular, es aplicable por mandato de la propia Constitución a todas las personas que son titulares de funciones públicas, por lo que quedan incluidos los senadores y diputados.*****FIN*****
