El Equipo de Trabajo de Derechos Colectivos denunció el incumplimiento de JUNAEB en las políticas públicas de compras locales como fue fijado el 2017 por el propio actual director Jaime Tohá, cuya norma interna establece una cuota mínima de las compras de materias primas o insumos alimenticios necesarios para la elaboración de las raciones, a pequeños productores locales y/o situados en zonas rezagadas del país, la que a lo menos debe ser el 15 % de las compras totales, en todas las regiones del País a partir del 2020, razón por la cuál extenderá a Comisión de la Cámara un requerimiento para que se fiscalice dicha situación
El Equipo indicó: “El 2020, JUNAEB tenía la obligación de incorporar en una cobertura total, 100 % en todo el País, de que se asegure la compra de productores locales campesinos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para acceder a alimentos más frescos, nutritivos y saludables, sin embargo, el organismos ante la emergencia sanitaria no aseguró tal medida y las canastas que entregó por medio de las empresas licitadoras en las diferentes regiones, tuvo escasa presencia de producción local y en su gran mayoría, incorporó productos procesados industrialmente, sin contribuir a las economías de los territorios ni a mejorar la alimentación de los escolares y sus familias”.
El Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos, valoró el proyecto impulsado por un grupo de parlamentarios y parlamentarias que se tramita en la Cámara que modifica la ley que regula a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) para promover por Ley la incorporación de alimentos con identidad local, y el fomento a pequeños productores en los programas de alimentos, precisando que se hace fundamental elevar la cuota a lo menos a un 50 %, como medida especial para asegurar abastecimientos a través de la adquisición directa a agricultores tradicionales de pequeña escala, “Muchos de los cuales viven la desesperación ante la imposibilidad de vender sus productos campesinos como consecuencia de la pandemia”, razón por la cual considera necesario ampliar la cobertura.
A inicios de diciembre del 2020, JUNAEB e INDAP publicitaron la última entrega de alimentos, particularmente papas y cebollas, realizada por una Sociedad Agrícola integrada por usuarios de Indap en la zona central, con ventas a empresa concesionaria que abastece a Juaneb y algunos otros casos puntuales en regiones, sin embargo, para el Equipo de Trabajo estas medidas han sido insuficientes, ya que la suma durante el 2020 no superaría el 5 %, lejos del compromiso de un 15 %.
Juaneb en sus propias directrices previo al 2020 establecía que “Corresponde a las compras efectuadas a proveedores locales, entendiendo por ellos a los que realizan sus actividades primarias en la región en que se entregarán las raciones alimenticias. En caso de materias primas de origen agrícola utilizadas para cumplir con la cuota mínima exigida, deberán provenir prioritariamente de agricultores familiares u organizaciones compuestas mayoritariamente por éstos. La condición de pequeño productor agrícola o agricultor familiar deberá ser certificada por INDAP”, existiendo para este año 2020 un potencial de inversión de: $11.000.000.000 y una cobertura de hasta más de un millón setecientos mil estudiantes”.
Para el Equipo, debe fiscalizarse sobre el alcance de estos montos y por otro lado, indica “Es indispensable que se amplíe la red de productores. No se puede limitar a ciertos grupos de indap, debe ser una política coordinada con los diferentes Municipios y diversas organizaciones territoriales, campesinas e indígenas. Hay familias en los campos que viven el día a día con ventas a los sectores urbanos y hoy es imposible trasladar productos en muchos lugares a causa de la crisis sanitaria. A su vez, es una grotesca burla que desde el centralismo estén fijando la alimentación de niños y niñas de diversos territorios donde hay enormes riquezas de biodiversidad alimentaria, sin embargo, la gran mayoría debe alimentarse con enlatados o procesados industriales”.
El Equipo hizo un llamado a legisladores a fiscalizar el cumplimiento de esta política pública en el programa de alimentación escolar, porque a juicio de este, “no es concebible que un derecho y beneficio tan esencial como la alimentación escolar quede entrampado en intereses lucrativos de empresas licitadoras que adquieren productos a sectores industriales, desplazando a miles de productores campesinos”.
