El gobierno de Sebastián Piñera anunció por cadena nacional el 22 de marzo 5 medidas para familias afectadas por la pandemia Covid 19, relacionados a temas de protección de ingreso familiar, apoyo a “clase media”, protección de empleos, apoyo a pymes y mejoramiento planes de salud, las que no lograron convencer a diversos sectores, recibiendo críticas por su extrema focalización e incluso, organizaciones de emprendedores han acusado que las medidas para las pymes son prácticamente “inexistentes”.
A su vez, los anuncios también confirman que nuevamente siguen relegados amplios sectores campesinos y de comunidades Mapuche, aquellos que no califican en las categorizaciones institucionales, aquellas familias que viven el día a día por ventas de productos del campo y de la pesca artesanal y que no han sido cotizantes como para haber recibido la devolución del llamado 10 % previsional de Afps o incluso, aquellas familias que se encuentran lejos de las tecnologías y coberturas para acceder a la burocracia digital, aumentando las brechas de la desigualdad.
Fotografía: Agencia UNO
El abandono y discriminación a numerosas familias rurales en medio de la severa crisis social y económica en tiempos de pandemia, se ha agudizado aún más por la crisis hídrica en diversas zonas sureñas, con la entrega de agua en camiones aljibes a miles de familias, las que viven limitadas para actividades productivas e incluso para el autoconsumo, en cuyos territorios de sequía se sigue imponiendo amplias extensiones de monocultivos de plantaciones de pinos y eucaliptus de la industria forestal.
Ante los largos periodos de cuarentena en las comunas del sur, familias rurales se han visto limitadas en su libre tránsito para llevar productos del campo a las ciudades, actividades tratadas como “irregulares” o “ambulatorias” desde la institucionalidad, sin que tampoco exista una disposición de los organismos competentes para asegurar y facilitar traslados y distribución desde su origen a cadenas de abastecimientos locales, realidad que es contraria al proteccionismo y facilitaciones que el gobierno ha adoptado a favor de ciertos industriales del País de sectores agro industriales, acuicolas, forestales-celulosa, catalogados como “servicios de primera necesidad”.
El instructivo del Gobierno sobre permisos para desplazamientos, vigente desde abril del 2020, destaca como “alimentos y comercio esencial” a: “Productores silvoagropecuario, respecto de los predios y faenas en los que se estén realizando procesos críticos (siembra, cosecha, procesamiento y distribución), así como labores de pesca y procesamiento de pescados y mariscos, producción de alimentos para animales, aves y piscicultura y producción de celulosa y productos de papel, cartón, derivados envases y embalajes”.
Política de exclusión
Durante el 2020, el Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos denunció que JUNAEB tiene la obligación administrativa de adquirir a lo menos el 15 % de producción campesina local para los alimentos destinados a los sectores escolares, distribuidos en canastas desde el inicio de la pandemia, lo que no tuvo cumplimiento, ha sido marginal, estableciéndose una amplia preferencia por la producción agro industrial vinculado principalmente a grupos del poder económico al cual se relaciona directamente el Gobierno.
No se han establecido procedimientos de consulta a comunidades en medio de la actual crisis en materia de desarrollo para recabar necesidades, ni siquiera se han coordinado ni planificado los recursos que han sido destinados a Municipios para enfrentar emergencias comunales por la pandemia, que podrían haber contribuido a focalizar un apoyo más eficaz a la producción campesina y de familias de comunidades Mapuche.
También se ha señalado que existe una larga lista de instancias que requieren alimentos frescos y saludables ante la crisis sanitaria: Personas en situación de calle, hospederías, hogares de adultos mayores y diversos programas sociales que deberían abastecer a familias necesitadas, entonces, se podrían adquirir ampliamente a quienes hoy tienen la necesidad de vender sus producciones, pero los abastecimientos que asegura el gobierno son adquisiciones a sectores industriales.
Son innumerables las iniciativas que se podrían realizar con el propósito de activar las economías de las familias rurales de acuerdo a sus propias necesidades e intereses, que requieren urgentes mecanismos de coordinación interinstitucional, bajo el cumplimiento de las obligaciones que tiene el estado con los tratados internacionales de derechos humanos, con la debida implementación de planes integrales a favor de pequeños campesinos y pescadores artesanales, tendiente a posibilitar un desarrollo propio y autónomo.
Esta triple crisis sanitaria, económica y social pone de manifiesto la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, existiendo una serie de recomendaciones desde abril del 2020 por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, destacándose que es esencial invertir adecuadamente en programas integrales, desoyéndose en el Gobierno tales medidas para su aplicación en el mundo campesino, así como aquellas medidas especiales con respecto a la realidad de los Pueblos Indígenas, en este caso Mapuche, cuyo abandono marcan aún más la desigualdad y discriminación fomentada por el estado.
Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos
