Siendo Chile un territorio que concentra un 40% del cobre, no tiene mecanismos para el control del precio, ni de la cantidad de cobre y otros minerales que se extraen. Esto ha derivado en un descontrol de la planificación territorial que tiene como consecuencia a territorios devastados.
Por Lucio Cuenca Berger. Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Candidato a Constituyente, Lista T Voces Constituyentes
03 de marzo de 2021
Se escuchan voces de optimismo y hasta de una especie de satisfacción por el alza en el precio del cobre que ha marcado la pauta noticiosa de los últimos días, pero desde nuestra candidatura es importante señalar algunas cosas que nos llaman mucho la atención y de las cuales necesitamos reflexionar en conjunto.
Según se explicó el pasado lunes 22 de febrero, el precio del cobre estaría alcanzando la barrera de los US$4 la libra (US$3,9 libra, y se calcula llegará en los próximos tres meses sobre los US$4, incluso 5, dicen los más “optimistas”). Los ministros chilenos y diferentes actores del rubro minero extractivista mencionan esto como sumamente positivo para el país, ya que, de acuerdo a los cálculos de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, “por cada centavo que sube el precio del cobre se adicionan unos US$20 millones a los ingresos fiscales”.
Explican que los motivos para esta racha alcista serían el mayor optimismo con respecto al control de la pandemia dado los planes de vacunación, también los estímulos fiscales en Estados Unidos, las presiones inflacionarias, y la evolución del dólar. También la demanda ha sido muy fuerte tanto en China como en mercados occidentales clave. En definitiva, esto quiere decir que el control del precio, tal como se lee en los análisis de los “especialistas”, tiene que ver con las decisiones que se toman en otros lugares como: Estados Unidos, Londres o China.
Siendo Chile un territorio que concentra un 40% del cobre, no tiene mecanismos para el control del precio, ni de la cantidad de cobre y otros minerales que se extraen. Esto ha derivado en un descontrol de la planificación territorial que tiene como consecuencia a territorios devastados. Baste ver Andacollo.
Las supuestas buenas noticias para las arcas fiscales y, en consecuencia para el país, se ven contrastadas por la realidad derivada de la alta concentración de megaminería privada y transnacional que opera en Chile, donde Codelco representa la mínima parte de la extracción. Tanto así que los años 2018 y 2019 el aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales fue tan solo del 6%.
Desde nuestra perspectiva socioambiental por un buen vivir, pensamos que debemos ir más allá y no quedarse en estos cálculos macroeconómicos que no logran captar lo que ocurre con la minería que solo consigue contratar a menos del 1% de la fuerza laboral del país. Debemos entender que son “recursos” no renovables, minerales que requieren de muchos químicos para su explotación (lo que deriva de contaminación de los territorios), y sobre todo, energía y agua. Esto quiere decir, que para seguir creciendo en estos términos del “falso desarrollo”, Chile debe continuar ampliando su oferta energética para abastecer la mayor cantidad de proyectos mineros, pero también agotando la poca agua que va quedando en los territorios. Esto presiona territorios en distintas partes del país tanto por el vital elemento como por la defensa territorial.
Por eso, nuestra invitación es a pensar en otro país posible. En otro modelo lejos del extractivismo que ponga en cuestión esta política entreguista de minerales que se transan en Londres y que no controlamos, pues pensamos que la economía debe estar al servicio de nuestras comunidades, los objetivos de desarrollo país deben ser democratizados, lo explotado debe ser no sólo en beneficio directo de los territorios que habitamos, sino decididos por éstos, y no por el mercado mundial. También debemos priorizar los derechos de la naturaleza por sobre el interés transnacional extractivista, poniendo en primer lugar el agua para consumo humano y de los ecosistemas.
Debiésemos comenzar con poner una moratoria a la gran minería, hacer reparaciones a la naturaleza y a las comunidades que han visto secarse y contaminarse los territorios que habitan tanto en lo ambiental como en lo social. Es hora de poner al centro la discusión sobre el beneficio de una minería de este tipo que incluya diferentes miradas plurinacionales, feministas y socioambientales, y que incluyan el beneficio económico, pero también comunitario, de los bienes comunes, y otros que deberemos discutir en la Convención Constitucional.
Estamos en el momento de repensar cómo el Estado puede asegurar un buen vivir para todas las comunidades.
*Candidato a Constituyente por el Distrito 12: La Pintana, Puente Alto, La Florida, Pirque, y San José de Maipo.
