En una reciente nota que da cuenta sobre la admisibilidad de una querella por parte de tribunales y las diligencias de agentes públicos policiales para la acción punitiva de un privado, hecho que ha sido considerado ilegal e inconstitucional, el dirigente mapuche y candidato a Gobernador por la Araucanía, Vicente Painel Seguel, se refirió al rol que el Poder Judicial ha venido cumpliendo históricamente en materia de derechos humanos.
Vicente Painel Seguel, es oriundo de Nueva Imperial. Papá. Casado. Asociativista economico; cooperativista. Profesor de Filosofia. Magister en Historia. Doctorante en Ciencias para el Desarrollo. Actualmente es candidato a Gobernador Regional de la Araucanía por el Pacto “Chile Digno”. Es uno de los impulsores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche Kume Mogen. También es integrante y co fundador de la Asociación Indígena de Investigación y Desarrollo Mapuche.
Con respecto a la admisibilidad de una querella del ex parlamentario y candidato constituyente DC, Fuad Chahin, hacia otro candidato por el distrito 22 de una lista independiente, con relación a comentarios sobre hechos públicos con respecto a posesión de derechos de agua, que significó allanamientos y llamadas telefónicas de agentes policiales contra el acusado, a pesar de ser una acción penal privada, Painel Seguel señaló: “Este amedrentamiento no podría haber ocurrido sin la participación de aspectos por parcialidad o estructuralidad del poder judicial y a nuestro juicio ese elemento tiene que hacerse ver, por lo tanto, la constitucionalidad del hecho, asiste en eminencia y es importante mostrar la evidencia de un poder judicial que no solo no da el ancho en aspectos de eficiencia, sino muchas veces termina involucrado en delitos, por lo tanto la revisión constitucional del mismo, se hace urgente, importante y prioritario”.
Painel también hace referencia a sistemáticos actos desde el Poder Judicial: “Podemos ver cómo el poder judicial se ha hecho parte beligerante con respecto a la apropiación ilegítima, privada y a veces transnacional de los recursos, el territorio y los bienes colectivos y al menester propio ecológico”, recordando asimismo que por años, el abogado mapuche José Lincoqueo, ha argumentado que el Sistema Judicial se constituyó en territorio Mapuche como una asociación ilícita, “siendo descalificado profusamente con prensa hasta el escarnio por parte de este poder estatal”, señala el candidato a Gobernador.
Agrega: “Podemos darnos cuenta que el poder judicial no ha sido reformado en envergadura constitucional durante los ciclos de existencia de la república, sino que además en la Región de la Araucanía participa directa o indirectamente de delitos, recordando que recientemente fue encontrado por pertrechos militares a un funcionario del poder judicial. Asimismo, hay serias concomitancias en la distribución e ilegítima de propiedades rurales, las cuales está involucrado el poder judicial. Hay actos de dolo, en los cuales está involucrado el poder judicial como la “Operación Huracán”. Hay un papel no aclarado del poder judicial con la venta de niños y niñas en tiempos de dictadura, más de tres mi denunciados en la Haya tanto a Europa como a Estados Unidos. También, en la crisis del Sename, por supuesto allí también está involucrado con enorme responsabilidad”.
Derechos humanos en el marco del estallido social
Numerosos casos de impunidad continúan en el marco de las represiones estatales en el denominado “estallido social”, lo que se ha vinculado a su vez con la letardía del rol del poder judicial para la obtención de justicia, lo que se contrapone con las acciones de criminalizaciones hacia la protesta social, con numerosas personas encarceladas bajo prisión preventiva.
Las masivas protestas de ese periodo, tuvo como respuesta por parte del gobierno sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad. El informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH (INDH) para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reportó un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes); y, 411 personas con traumas oculares. De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH presentadó 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas. Fiscalía Nacional reportó 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020.
Este periodo fue el de mayor intensidad, sin embargo, las cifras han aumentado considerablemente por graves hechos de violencia estatal en varios episodios posteriores, más aún, se van agregando las graves secuelas a la población causado por crisis sanitaria de la pandemia Convid 19.
El 31 de marzo del 2021, Amnistía dio a conocer su informe anual de Derechos Humanos 2020/21, señalando “La crisis de derechos humanos y la crisis sanitaria continúan, están presentes todos los días, pero desde el gobierno esto no se reconoce. Tenemos un gobierno que actúa como si el estallido social nunca hubiera sucedido, que no escucha ninguna crítica, que persiste en hacer lo mismo de siempre pese a que no resuelve ninguna de las crisis”.
En otro punto de dicho informe, la Directora de Amnistía señala: “La crisis de derechos humanos, que se inició con el estallido social, dejó a miles de personas heridas por agentes del Estado y una sociedad dolida. Las personas, en su gran mayoría, no salieron a las calles a destruir, sino todo lo contrario: a plantear la necesidad de construir un Chile distinto. Pero lo que recibieron de vuelta fue de las peores represiones policiales que se ha vivido hasta ahora, y que trajeron de vuelta la memoria de la dictadura”.
