Las diversas patronales, incluidas las grandes compañías salmoneras, focalizan su campaña política-comunicacional contra los derechos de la naturaleza (zonas de exclusión productiva), las autonomía territorial indígena, la reivindicación de terreno o recurso para pueblos indígenas, la función ecológica en manos de las regiones autónomas y comunas autónomas, y los conceptos de empresas públicas regionales y empresas públicas comunales.
Santiago de Chile, 21 de junio del 2022 (radiodelmar.cl). Aprovechando el complejo panorama político, económico y social previo al plebiscito Constitucional el 4 de septiembre, las patronales de la industria salmonera se encuentran en conversaciones reservadas con diversas autoridades, funcionarios públicos, políticos y parlamentarios para intentar condicionar o impedir la salida de sus concesiones acuícolas que se ubican en el interior de las áreas silvestres protegidas en la prístina Patagonia chilena.
Arturo Clément, presidente de la asociación SalmónChile A.G. señaló a la sección Economía y Negocios de El Mercurio del 18 de junio que “ha estado en conversaciones con distintas autoridades para analizar opciones y alternativas” para solucionar este conflicto socio-ambiental, evitando entregar mayores detalles.
Según SalmónChile cerca de un 30 % de la producción total de salmónidos en aguas chilenas proviene del interior de áreas silvestres protegidas por el Estado, por lo que “esperan que esta situación no frene el crecimiento de la producción de la industria, en un contexto donde la demanda de salmón crece cada vez mas”.
En el sur de Chile se ubica la segunda zona productora mundial de salmónidos de cultivo bajo el creciente control de las mega empresas noruegas, japonesas, chinas, canadienses y alemanas. Durante los primeros cinco meses del 2022 esta industria facturó 2.500 millones de dólares (2,5 billones de dólares) por exportaciones, superando en un 31,8% los envíos en el mismo período del 2021. SalmónChile pronosticó que sus exportaciones superarán los 5,2 billones de dólares el 2022.
Salmonicultura salvaje versus protección de la Naturaleza y de los derechos ciudadanos y de pueblos originarios
Las patronales salmoneras combinan sus conversaciones informales con diversas autoridades gubernamentales fuera del control público, con una agresiva campaña comunicacional que apunta a paralizar las diversas acciones de fiscalización sanitaria, ambiental y laboral que se están realizando en las regiones patagónicas, y sumarse a la campaña de rechazó a la aprobación de la nueva Constitución en alianza con las patronales pesqueras, navieras, agrícolas, forestales y de camioneros.
Ejemplo de ello es la actual campaña de desestabilización contra Antonieta Oyarzo, la alcaldesa de Puerto Natales, región de Magallanes, cuya municipalidad está implementando acciones de fiscalización y aplicación de la normativa sanitaria y ambiental sobre las bodegas de acopio de alimento para salmones al aire libre, las cuales han operado durante 12 años sin permisos municipales ni el pago de las patentes correspondientes.
Las operaciones de estos lugares de acopio industrial ubicados en el perímetro urbano generan malos olores, presencia de roedores y moscas, ruidos nocturnos molestos producto del tránsito de camiones de alto tonelaje, lo cual afecta la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad clave en el turismo patagónico.
A su vez, a partir de marzo pasado los entes de fiscalización del Estado comenzaron a implementar un accionar más perfilado, como es el caso de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que inició un nuevo proceso sancionatorio contra el centro salmonero “Estero Retroceso” de propiedad de la empresa de capitales chinos Australis Mar, ubicado en isla Riesco, al interior de la Reserva Nacional Kawéskar. La sanción se debe a una sobreproducción de mas de 3 millones de kg. (3.000 toneladas) de salmones durante el ciclo productivo 2018-2019, así como al hecho que el centro de engorda de peces contaminó el área costera adyacente con coliformes fecales provenientes de sus efluentes orgánicos.
Las piedras en el zapato salmonero: Nueva Constitución, protección ambiental, derechos de los pueblos originarios y la salida de las concesiones de áreas protegidas
En la entrevista de El Mercurio al presidente de SalmónChile señaló que en el gremio existe gran preocupación por algunos artículos del texto constitucional. El primero de ellos se refiere a los derechos de propiedad, específicamente las concesiones de salmonicultura industrial, “los que no estarían suficientemente cubiertos y claros, por lo tanto, ahí se generará un grado de inestabilidad hacia el futuro”. Clément señala que “tenemos que conversar con las autoridades, y ojalá tener una política de desarrollo acuícola que nos permita tener una visión de largo plazo”.
La protección del medio ambiente es otra causa del rechazo del gremio salmonero, ya que ven “un sesgo preocupante con un foco extremadamente medioambientalista”, en el cual “ hay normas que hablan de restauración del medio ambiente que son ambiguas que podrían darse para distintas interpretaciones” , según Clément.
En relación al articulado sobre el reconocimiento de los pueblos originarios, indica que “no está claro cuáles van a ser las atribuciones de los pueblos indígenas y cuál va a ser la relación entre quienes operamos en la zona que supuestamente corresponde a esos territorios (sic)”.
El decálogo del rechazo constitucional salmonero
Voceros de la industria en su campaña comunicacional han denunciado que la propuesta de nueva Constitución para Chile cambia las reglas del juego para sus operaciones y actual proceso de expansión territorial. Entre las normas que afectarían sus intereses están:
1.El derecho propiedad que no cubre a las concesiones sobre el mar territorial (norma 255 y 256)
2.El concepto de maritorio y condiciones oceánicas (norma 193).
3.La facultad de injerencia de los sindicatos en la marcha de la empresa (norma 275).
4.Las autonomías territoriales de pueblos originarios (normas 146 y 190).
5.La reivindicación de territorios y recursos para pueblos originarios (norma 257).
6.Las Zonas de Exclusión Ecológica (normas 317, 318, 319 y 320).
7.Regiones autónomas y comunas autónomas para los efectos ecológicos.
8.Banco Central y su objeto de regulación del inventario ecológico nacional (norma 417).
9.Empresas públicas regionales y comunales (norma 188).
10.La defensoría de la naturaleza (norma 412).
Las diversas patronales, incluidas las grandes compañías salmoneras, focalizan su campaña política-comunicacional contra los derechos de la naturaleza (zonas de exclusión productiva), las autonomía territorial indígena, la reivindicación de terreno o recurso para pueblos indígenas, la función ecológica en manos de las regiones autónomas y comunas autónomas, y los conceptos de empresas públicas regionales y empresas públicas comunales.
Los derechos de propiedad de las concesiones en la Áreas Protegidas y Parques Nacionales
De las 1.407 concesiones otorgadas por la institucionalidad estatal para el cultivo industrial de salmónidos en Chile, 416 se ubican al interior de áreas silvestres protegidas por el Estado. Ejemplos de esta irregular situación lo constituyen la Reserva Nacional Kawéskar de 2,6 millones de hectáreas, ubicada en la prístina región de Magallanes, donde existen 67 concesiones salmoneras industriales, mientras otras 80 se encuentran en trámite para comenzar a operar. A ella se suman los centros de cultivo operativos que existen en el Parque Nacional Alberto De Agostini, donde la empresa noruega-norteamericana Nova Austral intenta negociar con las autoridades sectoriales su reubicación en la Reserva Nacional Kawéskar.
Clément sólo reconoce a El Mercurio la existencia de “un par de concesiones” que están ubicadas en Parques Nacionales, los que “podrían relocalizarse (sic)”. El presidente de SalmónChile aclara que “es un tema súper delicado. Hoy en día la industria opera en reservas nacionales en áreas aptas para la acuicultura (AAA), las que fueron otorgadas por el Estado para que la industria se desarrolle”.
