En Chile y la región, muchas y muchos defensores de los DD.HH. y ambientales sufren por realizar una valiosa labor. Por eso, el Acuerdo de Escazú estableció, en su artículo 9º, en su primer inciso, la expresa necesidad de garantizar «un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad».
Quito, Ecuador, 27 de noviembre de 2022. (MMA)– Cuidar la labor que realizan las defensoras y los defensores es una de las tareas más desafiantes que impulsa el Acuerdo de Escazú. Y para avanzar en estas acciones, esta semana se realizó en Quito, Ecuador, el primer Foro Anual Sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, donde Chile participó en su rol de cofacilitador del Grupo de Trabajo Sobre Personas Defensoras de DD.HH. en Asuntos Ambientales.
Desde hace más de un mes que Chile, junto a Ecuador y las islas Saint Kitts and Nevis, asumieron el rol de guiar este grupo de trabajo. Y ahora, en Ecuador, nuestras delegadas continuaron esta labor, de la que emanará un plan de acción para implementar la correcta protección de estas personas, tal como lo establece el Artículo 9º del Acuerdo de Escazú.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró esta instancia de trabajo, asegurando que «deben existir condiciones adecuadas para ejercer la defensa ambiental con libertad y tranquilidad. No solo por el Acuerdo de Escazú, sino por aplicación de los tratados de Derechos Humanos en general. Hoy es más urgente que nunca, pues la triple crisis planetaria y su repercusión social, nos exige respuestas desde un enfoque de derechos humanos».
Por su parte, la jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales, Constance Nalegach, explicó que «la protección de estas personas, grupos y organizaciones que promueven la defensa del medioambiente es esencial. La naturaleza es un bien colectivo, un derecho humano reconocido internacionalmente, por lo que el apoyo a esta función es realmente esencial para superar la triple crisis planetaria, que es de cambio climático, contaminación y de pérdida de biodiversidad».
En Chile y la región, muchas y muchos defensores de los DD.HH. y ambientales sufren por realizar una valiosa labor. Por eso, el Acuerdo de Escazú estableció, en su artículo 9º, en su primer inciso, la expresa necesidad de garantizar «un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad».
En Quito, el equipo de Chile -donde también participa el director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Julio Cordano- se coordinó con los nuevos representantes electos del público del Acuerdo de Escazú y escuchó la propuesta de las defensoras y defensores chilenos, para avanzar en la implementación en nuestro país.
«Tenemos que recoger estos insumos para seguir preparando el plan de acción de 2024. Pero, además, nos quedamos con contribuciones para implementar en Chile medidas efectivas, oportunas y adecuadas para la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales desde un enfoque sistémico, preventivo, pero también con respuestas ante ataques amenazas e intimidaciones, con la correcta repuesta de protección e investigación», concluyó Constance Nalegach
