Proceso constituyente con mayoría republicana: los riesgos para los derechos humanos

Fuente; Londres 38 espacio de memoria
05 de junio de 2023

El 7 de mayo de 2023, las chilenas y chilenos se durmieron con una noticia que impactó al mundo: el Partido Republicano liderado por el ultra conservador José Antonio Kast, con el 35,4% de los votos, alcanzaba la primera mayoría en las elecciones para integrar el consejo constitucional que redactará la nueva Constitución de Chile. Con sus casi tres millones y medio de votos, la colectividad nacida de una escisión del extremo derecho de la UDI obtuvo el mejor resultado de un partido político chileno desde 1965, y logró la facultad de veto de iniciativas gracias a sus veintitrés consejeros electos.

Una semana después de su arrollador desempeño en las urnas -luego de una campaña marcada por las críticas al gobierno en su manejo ante los problemas de seguridad, las nuevas formas de criminalidad, una percepción de inseguridad generalizada y la migración irregular-, el consejero electo por la Región Metropolitana, el numerario del Opus dei Luis Silva, dio una entrevista en el Diario Financiero en la que mostró el posible camino que tomará su partido en un consejo en el que la izquierda tendrá escasas chances. Silva dijo que «cuando nos hablan ahora de la necesidad de llegar a acuerdos, ¿por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros…Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría». Horas después el consejero electo salió a decir que fue una mala entrevista y que en realidad su actitud en el consejo será otra. Pero la idea quedó. También quedó una frase entregada a la prensa en las de su victoria, abordando un derecho tan sentido para las mujeres como es el del aborto. «Como Partido Republicano nos vamos a oponer al reconocimiento del aborto como derecho».

Ante este escenario, con un proceso marcado por la mayoría nítida de un partido con estos valores ¿Cuáles son las posibilidades de garantía de los derechos humanos y sociales en el mismo?

El abogado constitucionalista Javier Couso, Profesor Titular del Departamento de Derecho Público UDP, enfatiza en el poder de los republicanos, debido a los quórum alcanzados, para la incorporación de normas o el veto de lo propuesto por la comisión de expertos que en el mes de junio entregará un borrador de texto constitucional, luego del trabajo desarrollado por los profesionales designados equitativamente por los partidos de izquierda y derecha en el Congreso. En esa línea, Couso aporta con un comentario preocupante para las aspiraciones de representación de las fuerzas populares.

«Puede que lo que se proponga al país sea una Constitución extremadamente de derecha, porque la izquierda no tiene posibilidad de vetar contenidos, mientras que los republicanos pueden vetar cualquier cosa; no hay ninguna palabra que si no tiene la venia de republicanos pueda quedar en el texto. El pueblo de Chile acaba de elegir eso, el electorado ha elegido, en una coyuntura hostil para las agendas que no son las de la seguridad, que el cuerpo electo más conservador de la historia de Chile sea el que tenga poder de veto. No ha habido desde el siglo 19, desde la época de Portales o Bulnes, un cuerpo elegido tan conservador como este», dice Couso.

El abogado explica que pese a los acuerdos a los que pueda llegar el comité de expertos, en línea con las doce bases constitucionales aprobadas como condición del acuerdo por Chile que habilitó el actual proceso constitucional, «la última palabra la tiene el consejo, lo que la gente no sabe: el consejo tiene la última palabra, el sartén por el mango, porque el consejo debe aprobar por tres quintos cada propuesta que haga el comité de expertos y si no la aprueba no hay norma. Si el consejo electo el domingo 7 no aprueba por tres quintos, esa propuesta es irrelevante». Y por otro lado, «con dos tercios se puede desconocer una propuesta». Para la obtención de ambos quórums los republicanos son necesarios.

Sin embargo, Couso cree que «no es totalmente irrelevante el comité de expertos, por cosas que van más allá de los números, más allá del quórum que les da poder de veto a los republicanos; porque ellos no tienen la posibilidad de incorporar normas nuevas», necesitan votos de Chile Vamos, «y cómo la derecha tradicional ha estado comprometida con el proceso, con el comité de expertos, pueden tener un efecto moderador». En esa línea ve difícil que en definitiva se proponga al país una Constitución demasiado parecida a la identidad ideológica del partido de Kast. «Es difícil que quede una Constitución más parecida a ellos. La derecha tradicional ya pagó los costos de apoyar la continuidad del proceso que en general la gente de derecha no quería, veo difícil que la UDI, que ya pagó los costos ante su propio público, se arrodille ante los republicanos. El trabajo de la comisión de expertos va a tener mucha fuerza, más allá de que los republicanos puedan vetar».

Couso, quien cree que en definitiva se escribirá una Constitución más corta que larga, aspira a que la democracia pueda libremente desarrollar los derechos a través del trabajo legislativo. «Las bases constitucionales que fueron tan denostadas hoy pasan a ser, comparado con lo que llegó al consejo, interesantes. Por ejemplo, Chile es un estado social y democratico de derechos, a eso se opone republicanos y lo puede vetar, pero no sé si se atrevan a vetarla, porque se incluyó en una base que está aprobada desde el PC a la UDI, y ellos tendrían que irse al comité de árbitros y les dirán usted no puede sacar eso. El estado social es el punto crucial para distinguir este proyecto de la Constitución de la dictadura; también la base que dice que la soberanía reside en el pueblo, no en la nación, que las Fuerzas Armadas se la han arrogado muchas veces; simbólicamente es una cuestión muy importante. También está el reconocimiento a los pueblos originarios, que quedó en las bases, hoy la Constitución no los menciona, las bases si los reconoce y también contempla el respeto a sus tradiciones y valores; si republicanos quisiera vetar los árbitros intercederían. Hoy el tema ambiental solo está reducido al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero las bases incluyen los ecosistemas y la conservación de la naturaleza, eso es mucho más amplio. Me da la impresión que se da la paradoja que ante una convención controlada por la ultraderecha para vetar y la ultraderecha con la derecha para imponer normas, las bases y el comité de árbitros se transforman en una espacio que podría preservar algunas conquistas que se lograron en la convención, que incorporó el estado social democrático de derechos, el reconocimiento a los pueblos indígenas y la protección de los ecosistemas».

En definitiva, para Javier Couso, «la gran conquista del proceso pasado es que se quedará el estado social de derecho, que tiene en su eje la solidaridad, que es un concepto contradictorio con la subsidiariedad. Ellos querrán espuriamente disputar el sentido del estado social de derecho; la derecha tendría que estar unida para subvertir el estado social de derecho, pero cualquier tribunal se daría cuenta que eso es incompatible; el estado social es lógica de solidaridad, y la subsidiaridad es esencialmente lógica de competencia de privados y segregación».

Por otro lado, aparece el análisis del historiador Sergio Grez Toso, cuya obra historiográfica está centrada en el estudio del movimiento popular y la cuestión social en Chile. Grez considera que el proceso desde su origen está viciado, y por esta razón validó tanto el voto nulo como la abstención en las elecciones del 7 de mayo. Su voto fue uno más entre los 2.119.516 votos nulos, que se suman a las 2.666.463 abstenciones y a los 568.673 sufragios en blanco.

Grez cree que el voto «en contra» (rechazo) debe ser el camino que adopten los movimientos y organizaciones sociales populares, desde ya, de cara al plebiscito de salida de diciembre, pues este proceso no es sino una farsa de representación por parte de la casta política que ya tiene definido en lo fundamental el futuro constitucional del país.

El historiador apunta que «este nuevo proceso es la negación más flagrante de la soberanía popular, su negación absoluta, por las condiciones en que se realiza, por los términos definidos por el ‘Acuerdo por Chile’ de diciembre de 2022, que implican su control total por parte de la casta parlamentaria». Agrega que, aunque sin explicar en detalle estos procedimientos, «basta señalar que los tres órganos definidos en ese acuerdo actúan como filtros que aseguran el control del proceso por los partidos del Parlamento»: la «Comisión de expertos», nombrada por estos, encargada de redactar la Constitución, los consejeros constitucionales electos en base a candidaturas presentadas solo por los partidos políticos, y el Comité de admisibilidad, también nombrado por los parlamentarios».

Grez subraya que el comité de expertos, «designado íntegramente por los partidos políticos institucionales, será el redactor de la Constitución, porque los consejeros no escribirán ni una sola línea, limitándose a proponer modificaciones o cambios, si es que entre ellos se llega a un quórum de 3/5. Como si fuera poco, actuará el Comité de admisibilidad, igualmente designado por los parlamentarios, que velará porque los doce ejes principales de la nueva Constitución definidos previamente por ellos mismos se respeten al pie de la letra. Lo que significa que los grandes pilares de la Constitución ya fueron escritos por el Parlamento; no existe ninguna posibilidad desde que se suscribió el ‘Acuerdo de la infamia’, que la ciudadanía incida de algún modo en este proceso (salvo deslegitimándolo), porque los consejeros no redactarán nada, la columna vertebral de lo que la casta política quiere que sea la nueva Constitución fue escrita antes de las elecciones del 7 de mayo, solo quedan por definir por los consejeros y ‘expertos’ (que seguirán interviniendo en los debates) acentos, énfasis, cuestiones menores, ciertos matices que tienen que ver con las agendas de las fuerzas institucionales y parlamentarias». Desde su perspectiva de historiador, Grez señala que «esta maniobra tan antidemocrática se inscribe en una línea de perfecta continuidad con lo que ha hecho la clase dominante en dos siglos de vida republicana, esto es, arrogarse la soberanía a través de sus representantes políticos, negándosela a su verdadero titular, la ciudadanía».

«En ese contexto -sigue Grez- los derechos humanos que serán proclamados -¿por qué no, qué cuesta una proclamación genérica?- no serán efectivos, serán tan poco reales como lo son con la Constitución actual, y aquí observamos una gran paradoja, una tremenda ironía de esta historia: el progrerío tendrá que tragarse sus discursos, tendrá que optar, de acuerdo a su propio discurso, por escoger entre ‘la Constitución de Pinochet’ -que en realidad es un tercio de Pinochet, reformada desde 1989 en adelante con la Concertación-, y la redactada por Kast, el Partido Republicano y toda la derecha, otra Constitución hecha también a la medida del modelo neoliberal y de la democracia tutelada, restringida y de baja intensidad. Estos ‘progres’, atrapados por su propio discurso de chantaje a los sectores críticos de izquierda, tendrán que elegir entre la Constitución neoliberal que lleva la firma de Ricardo Lagos y la Constitución neoliberal aggiornada que llevaría la firma de Gabriel Boric», «En ese contexto -remata- los Derechos Humanos no saldrán bien parados».

Sobre si el estado social de derecho consagrado en las doce bases constitucionales es una garantía de avance para el pueblo, Grez estima que «si uno analiza lo que hasta ahora conocemos de lo realizado por los expertos, se dará cuenta de que en algunos aspectos incluso están por debajo de algunos preceptos constitucionales actuales, y muy por debajo de aspiraciones ciudadanas de octubre de 2019. Por ejemplo, existe un grave peligro de que las nuevas normas faciliten la derogación de la nacionalización del cobre y abran las puertas para la privatización de CODELCO. En el plano del medioambiente, pretenden hacer responsables a los ciudadanos de sus cuidados sin decir nada sobre responsabilidades del Estado y las grandes empresas y así sucesivamente». Y agrega que «las frases de cualquier Constitución son letra muerta si no existen mecanismos concretos establecidos por la misma Constitución que hagan no solo obligatorios, sino que exigibles los derechos por parte de la ciudadanía porque, en definitiva, la verdadera Constitución, la que cuenta, la que se aplica en la práctica, no es la que está escrita en un papel, es aquella que está definida en términos concretos, prácticos, por la correlación de fuerzas sociales y políticas existente en una sociedad».

Grez también desdramatiza respecto a la mayoría republicana que habitará el Consejo constitucional desde el mes de junio, y pone el acento en lo que en la actualidad está ocurriendo en el país, con una serie de políticas represivas y neoliberales impulsadas por un gobierno, en el papel, de izquierda. «El problema no son solamente los republicanos (escasamente representados entre quienes ya redactaron el texto de base), puesto que es el gobierno actual el que está aplicando la agenda de seguridad de la derecha, es este gobierno el que ha militarizado el Wallmapu a niveles nunca vistos desde el siglo XIX (hasta el punto de programarse la instalación de bases militares en su territorio), es el gobierno de Boric el que ingresó a Chile al TPP 11, y es este mismo gobierno el que está cometiendo ecocidio al aprobar proyectos como el de Los Bronces. El problema, por lo tanto, no es solo la ultraderecha, son todos los partidarios del neoliberalismo, independientemente de sus etiquetas. El panorama para los derechos humanos se ve muy oscuro, especialmente por el avance a nivel de la sociedad de las ideas de la ultraderecha».

A partir de esta realidad, Grez adelantó que, junto con organizar un rechazo a la propuesta constitucional, los movimientos sociales desde ya deben vincularse con sus demandas históricas, superando por el momento el desafío de cambio constitucional. «Hay que deslegitimar este proceso, fui partidario del voto nulo o de la abstención en las elecciones del 7 de mayo, pero en diciembre votaré en contra, no porque me guste la actual Constitución, sino porque la que viene seguramente será peor que la actual, y más que poner en la balanza la Constitución de Kast versus la de Pinochet-Lagos y otros, de lo que se trata es de no darle la más mínima legitimidad a un proceso espurio, de forma que la nueva Constitución no sirva para dar una salida ‘por arriba’ al desafío ‘por abajo’ de octubre de 2019».

Grez también reflexiona sobre las luchas que deben adoptar los movimientos sociales frente a un escenario que ve tan negativo: «Los movimientos sociales no pueden seguir ‘pegados’ en la cuestión constitucional. Pese a que he sido un impulsor de la idea de la Asamblea Constituyente desde hace más de quince años, creo que los movimientos sociales deben reconstruirse y volver a concentrarse en sus luchas y objetivos de siempre. El proceso constituyente no puede ser un dulce distractivo que mantenga a las organizaciones sociales alejadas de sus reivindicaciones y razón de ser. Debe trabajarse en la construcción y reconstrucción del tejido social y de las organizaciones populares con criterios de absoluta autonomía, autonomía respecto del Estado, de los partidos políticos institucionales, del empresariado, de las ONG, de las iglesias, de las fundaciones nacionales e internacionales. No hay otra alternativa que empezar desde ya ese trabajo de reconstrucción y de rearme político e ideológico».

En una línea de pensamiento similar se halla la ex convencional Camila Zárate -coordinó la Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional-, elegida en un cupo de la extinta Lista del Pueblo. Zárate, quien integra el Movimiento por el Agua y los Territorios, alerta que «los movimientos sociales estamos totalmente fuera de este proceso y fue por decisión de los partidos que lograron el Acuerdo por Chile y eso es importante que la gente lo sepa: estamos totalmente fuera porque así se decidió entre el gobierno y la derecha ¿Qué nos queda? un rol que ya estamos ejecutando: alertar, pero también posicionar nuestras apuestas programáticas; reposicionar nuestro compromiso de constitución ecológica con diez puntos mínimos, como derechos de animales como sujetos de derechos, desprivatización del agua, ampliación de derechos humanos ambientales, etc. Nos queda el rol de volver a difundir cuáles son las falencias actuales de la constitución, y cómo se puede mejorar esto con una constitución como la que sí queremos. A mí me parece que las alternativas que tenemos son malas, lo que vemos son riesgos reales en términos políticos, con la ratificación en democracia de la constitución dictatorial, o con la regresión de los derechos consagrados a las personas. Frente a ambas alternativas creo que, personalmente, la opción que nos queda es votar en contra, pero hacer un trabajo con los movimientos sociales para tener un relato común a instalar; hay algunas organizaciones que aún quieren tener incidencia en este proceso. Vamos a tener que esperar para tener una apuesta; mientras eso sucede debemos alertar respecto a los resultados que se esperan».

Sobre las elecciones del 7 de mayo, que entregaron la mayoría del consejo al Partido Republicano, Zárate considera que «los movimientos sociales se tuvieron que ver acorralados a votar por candidatos que no les motivaban, los del gobierno, o el voto nulo o blanco, que fue una opción legítima. No todos esos votos nulos venían del movimiento social, pero reflejan que mucha gente no quiere este proceso, o no quiere votar por nadie y eso refleja el fracaso de este proceso constituyente (…) para quienes aún tienen fe en los expertos, la comisión ya ha copiado y pegado varias normas de la constitución del ’80; en la parte ambiental, la comparación es devastadora, al principio eran 3 artículos vergonzosos, ahora son siete que no tienen fuerza. La regresión en materia de derechos sociales y humanos ya ha sido declarada abiertamente por algunos personeros republicanos, pero la propuesta de la comisión experta, más allá de algunos retoques, no tiene nada relevante».

Por último, la activista por el agua llama la atención sobre la desconexión que existe entre el pueblo y el proceso que los partidos llevan adelante: «la gente no tiene idea de lo que está pasando en el proceso constituyente. La gente debe saber el riesgo de tener una constitución más regresiva que la que tenemos, una que podría poner en jaque los derechos ya consagrados; humanos, sociales, de la naturaleza; leyes, reglamentos y tratados internacionales. Cuando la constitución, que es la ley superior, entra en conflicto con una ley inferior, la que prima es la superior, y si se aprueba una constitución peor que la actual, los tribunales tendrán que adaptarse, y tendrá que haber un trabajo legislativo de adecuación normativa. Como no hay educación al respecto, no se le está tomando el peso a lo que esto podría significar para la vulneración futura de derechos humanos y sociales».

En tanto, la activista lesbiana y feminista Jennifer Mella, quien integró la convención constitucional al ser electa como independiente en un cupo de Apruebo Dignidad, considera que «es preocupante lo de republicanos, una fuerza con una linea tan conservadora en lo moral, tan a favor de la colusión con el empresariado y la falta de normas de competencia y transparencia en lo económico; es preocupante que hayan llegado con esta fuerza, preocupa lo que vaya a quedar escrito; podría haber no solo una disminucion de los derechos de la constitucion anterior, sino que podrían ir en una linea contraria en temas como el derecho a la vida, al que le pueden poner apellidos, como ‘desde la concepcion’, o al derecho al trabajo le pueden sacar apellidos, lo mismo en salud». Mella estima que hay un «riesgo alto de que queden consagradas al más alto nivel garantías constitucionales que nunca se habían visto».

Respecto al tratamiento que tenga en el consejo la discusión en torno a los derechos reproductivos, Jennifer Mella considera que el poder de los republicanos, y las declaraciones que ya han dado figuras como Luis Silva, «polariza la discusión, y volvemos a una discusión que veíamos superada; efectivamente mujeres feministas estamos a favor de la vida, pero también de que se respeten los derechos básicos de las mujeres y que las vidas sean traídas en condiciones de dignidad, libertad y autonomía de quienes tenemos la posibilidad de decidir: esto nos hace retroceder, va a volver este debate a una arista moral que hemos tratado de llevar a una arista de dignidad y va a implicar un nuevo esfuerzo de movimientos y académicas de volver a reunirse y conjugarse para ver cuáles líneas vamos a plantear para no retroceder».

A la dirigenta de la Región de Coquimbo también le preocupa «el tema indigena, donde no hay espacio para avanzar más allá de lo que dicen las bases; será un tema en el que va a ser muy difícil siquiera plantear derechos colectivos, y aquí hay una responsabilidad del Estado de Chile, que tiene que ver cómo se conjuga toda esta ausencia de derechos con no caer en inclumpliento y no pasar a llevar el convenio 169 del que somos parte».

Sobre el trabajo que les queda a las fuerzas populares, Mella cierra apuntando que «todo lo que es movimientos y fuerzas que están extra partidos tienen que estar muy vigilantes de lo que son los procesos participativos, porque no van a integrar con votos ni con voz el proceso constituyente nuevo; debe ser una actitud vigilante, y yo esperaría las primeras votaciones del mes de junio y si vemos que a mitad de año hay una constitución peor que la del ’80, no en términos de cómo se hace sino de contenido, efectivamente hay que empezar a aunar fuerzas para ver qué presión haremos, cómo se va a ir decantando y si hay que llamar de manera pronta a un rechazo (…) sigo no tan esperanzada, pero sí expectante de que se pueda dar con una nueva constitución mínima, habilitante y que descentralice, con equidad territorial; pero es difícil con los discursos que se han escuchado del Partido republicano».