“Las mega empresas salmoneras de capitales noruegos, chinos, japoneses, alemanes y canadiense, que operan junto a los clanes empresariales chilenos, constituyen un poder fáctico que amenaza la democratización de la sociedad chilena, debilita los derechos laborales, sociales y de género, así como la protección del medio ambiente y la recuperación de los territorios ancestrales”.
Fuente: elciudadano.com
julio de 2023
Diversas organizaciones, Ongs y comunidades del sur de Chile, vienen percibiendo una alta Influencia política y empresarial de la industria salmonera en Chile, la que se ha ido intensificando este 2023 y a juicio de organizaciones críticas a esta industria, estas tácticas además buscarían cooptar y asimilar socialmente a autoridades locales y regionales, para sus intereses.
En esa línea, en este último tiempo, se han señalado una serie de amenazas y acusaciones hacia organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas por parte de la industria salmonera, indicándose que buscan deslegitimar esta labor y amedrentar la lucha por la protección del medio ambiente y los derechos humanos.
Una de las enérgicas voces que denuncian estos hechos en Chile, es la de Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario de la Universidad de Chile y director del Centro Ecoceanos, quien desde una perspectiva técnica y con un marcado activismo socio ambiental desde hace décadas, aborda los impactos de la industria del salmón en Chile al medio ambiente y a las comunidades locales en el sur del país.
Cárdenas señala: “Las empresas salmoneras de capitales noruegos, chinos, japoneses, alemanes y canadienses junto a los poderosos clanes empresariales familiares chilenos, y a las empresas transnacionales noruegas, chinas, japonesas y canadienses, están interviniendo activamente en la política contingente y parlamentaria chilena, a la vez que implementan agresivas agendas de amenaza de despidos en sus trabajadores, cooptación y asimilación social de las comunidades locales e indígenas en las regiones de la Araucanía, Bio Bio,,Los Ríos,Los Lagos, Aysén y Magallanes, sin que exista ningún control del Estado chileno sobre su accionar desestabilizador ».
Algunos hitos denunciados
Juan Carlos Cárdenas destaca una serie de hechos que han sido catalogados por diversos actores sociales como de amedrentamiento por parte de sectores ligados a la industria, calificados por el dirigente de Ecoceanos como “poderes fácticos”.
En lo inmediato, advierte que sus objetivos apuntan a detener las exigencias de moratoria a la expansión de los monocultivos industriales de salmónidos; la salida de los centros de cultivo desde los ecosistemas vulnerables (fiordos, canales internos, lagos y ríos), así como de las áreas silvestres protegidas y parques nacionales de la Patagonia chilena, bloquear o debilitar la aplicación de la ley 20.249 de Espacios Costeros Marino de los Pueblos Originarios (Ley Lafkenche), y promover en el parlamento una ley que intervenga y controle a las fundaciones y organizaciones ciudadanas sin fines de lucro.
“El propio Centro Ecoceanos y otras organizaciones ambientalista fueron amenazadas durante el seminario corporativo Stim en julio de 2022 realizado en Lofoten, Noruega, por Tore Valderhaugh, director de la empresa salmonera Camanchaca, acusándolas de ser “organizaciones ambientalistas extremas” que “constituyen la principal amenaza para el desarrollo de la industria del salmón en Chile. Esta declaración se difundió posteriormente por los medios informativos de la industria salmonera”, recuerda Cárdenas, generando la respuesta de numerosas organizaciones y comunidades.
“Esto permite a la ciudadanía organizada, comunidades indígenas, y consumidores internacionales, sacar conclusiones si la acción de Salmones Camanchaca constituyó un hecho aislado, o corresponde a la implementación de una agenda de amedrentamiento corporativo que ya se encuentra en marcha, y cuya punto culmine lo constituyeron las acciones de amenazas y movilización de cientos de trabajadores de sus plantas procesadoras para presionar al congreso y lograr en el contexto de la discusión de la ley SBAP e impedir la regulación de las concesiones acuícolas y centros de cultivo del interior de las áreas protegidas del Estado”, asegura el personero de Ecocéanos..
Con posterioridad a la acusación efectuada desde Noruega, la industria salmonera con base en Chile, dio un paso más en su encuentro Aquaforum Patagonia (23 de junio, Punta Arenas, región de Magallanes), “donde utilizando a sus dirigentes sindicales, acusaron a las organizaciones ambientalistas de “hacer llamados ortodoxos (sic)” para manipular la Ley Lafkenche, con el fin de “bloquear cualquier tipo de desarrollo productivo”, resalta el director de Ecoceanos, quien también hace mención a otras acciones de intimidación por parte de grupos salmoneros y a modo de ejemplo, da como referencia aquella impulsada desde plantas procesadoras en Quellón en contra de quienes presentaban el “Informe sobre Evaluación de Impacto Sectorial en Derechos Humanos de la Industria Salmonera”.
En el campo legislativo, Cárdenas, menciona que en el Parlamento ha ingresado recientemente un proyecto de ley del diputado pro-industria del salmón de la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto, para establecer mecanismos de control del lobby y los financiamientos de las 42.352 Organizaciones No Gubernamentales inscritas en Chile. “Esta iniciativa ha sido respaldada por Sergio Jaraquemada, abogado y director ejecutivo de la ultra derechista Fundación Jaime Guzmán, quien señaló que las Ongs ambientalistas “reciben financiamiento de industrias competidoras de la salmonicultura chilena”, indicó.
Otro hecho manifestado desde el Congreso, es la del senador ultra-derechista Alejandro Kusanovic, de la región de Magallanes,- principal área de expansión de la industria salmonera-, en abril del 2023, quien culpabilizó a quienes “han tenido una posición contra la industria del salmón,- uno de los pilares económicos más importante de desarrollo en la región” de la actual “crisis” de la empresa de capitales noruego-norteamericano Nova Austral, sancionada por el Estado chileno por la violación reiterada la legislación ambiental, sanitaria y tributaria chilena.
A esto, se suma una serie de acciones y campañas nacionales e internacionales en contra de diversas ongs y fundaciones que trabajan en materia de conservación y también, contra comunidades, con una escalada agresiva en diversos planos, advierte Juan Carlos Cárdenas, por ello, señala: “Para superar estos desafíos se requiere mejorar el sistema democrático; generar leyes decentes bajo control ciudadano; dotar al Estado de mayor capacidad y voluntad de fiscalizar y aplicar sus propias leyes; modificar profundamente el sistema educativo, segregador y obsoleto; fortalecer la participación informada y vinculantes de la ciudadanía; dar espacios de visibilización a las organizaciones ciudadanas y comunidades e conflicto socio-ambiental en los organismos consultivos del Estado chileno y el sistema internacional”.
