09 - noviembre - 2024

No aplicar la caducidad a salmoneras ilegales “es un ejemplo más de la violencia contra la naturaleza”

¿Cómo poder tener esperanza de la institucionalidad estatal, cuando a sabiendas de las irregularidades o “imperfectibilidades” de las leyes y reglamentos del pasado y actuales, como el escaso control y vigilancia y la carencia de penas disuasivas, insisten en permitir la salmonicultura en Chiloé, Aysén y especialmente en Magallanes sin el conocimiento oceanográfico necesario, y sin siquiera una estimación de la capacidad de carga, ni de la contaminación actual y ni de la hipoxia y anoxia en “barrios salmoneros”, y en toda la región colonizada?.


Por: Tarsicio Antezana, Biólogo Marino
13 Septiembre 2023


Una vez más, las organizaciones ambientalistas y ciudadanos sensibilizados ante la inserción de concesiones salmoneras en áreas protegidas y el progresivo deterioro ambiental que provoca esta megaindustria, han solicitado a la autoridad de gobierno actual, cumplir con los protocolos y caducar aquellas que corresponda.

Esas concesiones localizadas en áreas protegidas fueron en su origen, consideradas por la autoridad de gobierno como Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) sin la fundamentación oceanográfica y muchas resultaron ser áreas de retención y concentración de residuos que, junto a supuestas malas prácticas generaron condiciones anaeróbicas y debieron suspender la producción de salmones.

Esas condiciones provocadas por la deposición en el fondo marino del alimento de salmón no consumido y de sus propias excretas en tan altas tasas y magnitudes, que superaron ampliamente la capacidad del ecosistema de procesarlas y descomponerlas, absorbiendo todo el oxígeno disuelto del agua de mar. De esta manera el fondo marino llega a ser una cloaca anoxica y pútrida.

En este ambiente los animales mueren o desaparecen, y las comunidades y  la biodiversidad circundante es drásticamente impactada. La carencia de oxígeno disuelto alcanza también la columna de agua y es de tal nivel que los salmonicultores deben bombear oxígeno comprimido al agua de mar desde camiones y barcazas itinerantes para salvar la producción de salmones.

Es entonces cuando la concesión entra “en descanso” hasta que la podredumbre del fondo se reduzca y/o se disperse a aguas vecinas y se logren niveles de oxígeno disuelto aceptables para volver a cultivar salmones en el mismo lugar. Esto puede tomar mucho tiempo, lo cual parece ser una causal frecuente de caducidad. Y así las que se designaban como AAA demuestras ser Áreas NO Aptas para la Acuicultura, lo cual alcanza a cerca del 50% de las concesiones de salmones (y de un 10% de las de mitilidos)

En este tiempo en que se examina las circunstancias previas y las consecuencias del golpe militar de 1973,  tenemos que aceptar que el cultivo de salmones sin estudios oceanográficos y ambientales de línea base, sin consulta a las comunidades locales y pueblos originarios y con una mínima, defectuosa, improvisada y laxa reglamentación y control, es también un legado de la dictadura, y que en esencia y realidad ha sido una violación de los derechos de la naturaleza y un atentado contra el patrimonio marino nacional.

La introducción de salmones con patógenos que no existían en estas aguas prístinas hasta mediados de los setenta, y por tratarse de una especie exótica (aloctona) , de hábitos carnívoros de alta voracidad e invasiva, es en efecto un atentado grave a los derechos de la naturaleza.

Debemos aceptar que, aunque hacinados en jaulas, se preveía un alto riesgo de escape, como ha ocurrido repetidamente, y un alto riesgo de asilvestramiento como ha sucedido con algunas especies de salmón en el Sur de Chile. Durante estos eventos de escape y en el complejo proceso de invasión y asilvestramiento en el ecosistema estos colonizadores deben haber tenido impactos significativos, por tratarse de depredadores de amplio espectro dietario y competidores por el alimento de muchas especies locales. Los efectos de millones de salmones escapados de jaulas aun es desconocido para la ciencia en Chile austral.

Durante esta triste y fluctuante historia de crecimiento económico ( aunque no de desarrollo) y de catastróficas incertidumbres ( e.g. Virus ISA, Mareas Rojas, Vertimientos masivos de mortalidades), las comunidades locales , pueblos originales, los ciudadanos de a pie han denunciado y han clamado por respeto al ambiente y a las comunidades locales y pueblos originarios, pero han sido inermes e impotentes ante este agravio desde el origen mismo de esta megaindustria,. Este clamor denuncia y consiguiente agravio creo alcanza a la academia y a la comunidad científica también inconsultas, ignoradas y violentadas ante la imposición de tan grave impacto ambiental sin la fundamentación oceanográfica de base, ni la implementación científica permanente y adecuada que requiere tan magna intervención.

La tozudez de permanecer en áreas protegidas es un ejemplo más de esta violencia contra la naturaleza y parte de la sociedad que resulta en la práctica en la insustentabilidad de esta industria, la que puede mantenerse y crecer gracias a los privilegios económicos y ambientales que tiene y ha tenido de sobra; y desde luego ayudada por una muy engañosa política y vocación de respeto ambiental y social.

¿Cómo poder tener esperanza de la institucionalidad estatal, cuando a sabiendas de las irregularidades o “imperfectibilidades” de las leyes y reglamentos del pasado y actuales, como el escaso control y vigilancia y la carencia de penas disuasivas, insisten en permitir la salmonicultura en Chiloé, Aysén y especialmente en Magallanes sin el conocimiento oceanográfico necesario, y sin siquiera una estimación de la capacidad de carga, ni de la contaminación actual y ni de la hipoxia y anoxia en “barrios salmoneros”, y en toda la región colonizada?. De esta manera se ignora el principio precautorio ( y ecosistémico) que la misma ley establece.

Quisiéramos instar especialmente a la institucionalidad de gobierno y también a la industria acuícola y a quienes profitan de esta industria en el corto plazo, a compartir significativamente la responsabilidad de la defensa del Patrimonio Natural país (su ambiente y su cultura) que han asumido subsidiariamente y por altruismo, los ciudadanos de a pie y las organizaciones de base y no gubernamentales.

 

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