El acuerdo para que salmoneras salgan de parques nacionales «es recontra ‘win-win’, ese acuerdo en que en vez de caducar concesiones les regalan relocalizaciones. Y esto sin respetar la normativa legal vigente, esa que funciona como embudo hasta en parques nacionales.»
Peter Hartmann, Coordinador Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida
Hasta que, al fin, tras más de un mes de su existencia (20 de diciembre pasado), logramos leer el famoso (y poco transparente) acuerdo entre el gobierno y dos empresas salmoneras (Cooke Aquaculture y Aqua Chile) para relocalizar nueve concesiones ubicadas en parques nacionales. Y claro por algo tanto secretismo, como mucho de lo que incumbe al Estado Salmonero.
Pues, en ese acuerdo se lee una introducción en que se explica que la industria salmonera es una actividad económica importante y muy rentable, la segunda actividad exportadora del país y el segundo productor de salmón del mundo tras Noruega. Que la actividad está afecta a crisis ambientales y conflictos en un escenario de triple crisis mundial. Que hay un compromiso por una industria mas sostenible, que cumple con las normativas y se ocupa de la legitimidad social y resguardo de los ecosistemas. Que es necesario salgan de parques nacionales.
Por lo tanto, hay un compromiso voluntario en:
1. Priorizar la relocalización de nueve concesiones ubicadas en los parques nacionales Laguna San Rafael, Isla Magdalena y Bernardo O’Higgins;
2. La relocalización no será en otras áreas protegidas;
3. Se relocalizan dos que ya están aprobadas;
4. «Se coordinarán los distintos actores del Estado para respetar los derechos adquiridos y el desarrollo de la actividad dentro de la normativa vigente mientras se realiza la relocalización de las concesiones»;
5. Se trabajará en una hoja de ruta que considere lo anterior «con el fin de seguir avanzando en el desarrollo y crecimiento sostenible de la industria».
Ese mismo día 20 de diciembre, la revista Aqua publica una entrevista al gerente de Cooke Aquaculture, Andrés Parodi, una de las mayores transnacionales de productos marinos, y que da algunas luces sobre este acuerdo: «El espíritu para arribar al acuerdo fue conservar fuente de trabajo, manteniendo las actuales operaciones de Huillines 2 y 3», las que «tendrán prioridad y se respetarán derechos adquiridos, por lo que podrán seguir produciendo en forma amigable con el medio ambiente» mientras se relocalizan. Agrega que «no están emplazados en áreas protegidas o parques nacionales» ya que compraron todo en regla a Cupquelan y con la aprobación de la Subsecretaria de Pesca y si les autorizaron para estar ahí, el Estado es el responsable.
En cuanto a los procedimientos sancionatorios y limitación de siembra que les aplicó la Superintendencia del Medio Ambiente, encuentra que son ilegales y amenaza que como empresa canadiense recurrirán al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá. O sea, este acuerdo la idea es que sea «win-win» (pura ganancia) a costas del Estado, como ya es costumbre (¡y se salen del parque nacional pero no están en el!).
En todo caso, vale recordar que las concesiones cuya relocalización ya se aprobó en octubre pasado, Huillines 1 y Exploradores (P.N. L. San Rafael), no operaron entre 2012 y 2017 por lo que en cumplimiento de la Ley de Pesca y Acuicultura debieron haber sido caducadas y cuando funcionaron entregaron información de cosecha no creíble. Su Resolución de Calificación Ambiental para relocalizar es del 2014, o sea está obsoleta, y su nueva ubicación es en Zona de Amortiguación de la Reserva de la Biósfera Laguna San Rafael y Zona Prioritaria de Turismo de la Zonificación del Borde Costero, donde según la Ley de Pesca y Acuicultura no están permitidas. Estas concesiones, además están hipotecadas con el DN Bank. Y en el caso de Huillines 2 y 3, estas tienen autorizada la producción de 375 y 125 toneladas y sin contar con evaluación ambiental han estado sobreproduciendo en más de 6.000 toneladas por lo cual, además de varias otras causas, tienen procedimiento sancionatorio de la SMA por su actuar anti ambiental, el cual fue judicializado por la empresa y que evidentemente con el acuerdo pretenden neutralizar.
En todo esto, está claro que hay institucionalidad a la que poco le importan las áreas protegidas y hasta hoy sigue haciendo como que no existen (ver Visualizador de Mapas Subpesca, donde se observan Áreas Aptas para Acuicultura hasta en parques nacionales y no existen deslindes marinos de éstos). Por lo tanto, más vale hoy subsanar y no seguir cometiendo esos «errores y olvidos» de los que profitan las empresas tan «sostenibles». Y también está claro que tampoco se ha cumplido la Ley de Pesca, al no caducar. Así y mucho más con la famosa «actividad más fiscalizada por la autoridad»; otra falsedad. En todo caso, vale como moraleja que ¡los errores cometidos en el pasado no pueden implicar seguir cometiéndolos y seguir actuando con el mismo descriterio!
Ahora, en lo que respecta a las concesiones en el P.N. Isla Magdalena (AquaChile/Los Fiordos y su gerente implicado en el lobby), ahí también, si se hubiese cumplido la ley ya no habría concesiones (¡que nunca debieron haber existido!), porque tres de ellas estarían caducadas hace rato. La cuarta es fantasmagórica. Es más, actualmente, otra vez, están en causal de caducidad y hay ni una de esas salmoneras operando, lo único que hay son unas boyas abandonadas en Islas Bajas. O sea, en este caso es recontra «win-win» ese acuerdo en que en vez de caducar concesiones les regalan relocalizaciones. Y esto sin respetar la normativa legal vigente, esa que funciona como embudo hasta en parques nacionales.
