Zona de sacrificio y especulación del litoral de Aysén

Vale recordar, que las comunidades de pueblos originarios Pu Huapi y de Islas Huichas llevaban 8 y 7 años tramitando dichas ECMPO, cuando la ley dice que el tope es tres. Años en los cuales cumplieron y accedieron a todas las demandas y modificaciones que se les solicitaron y seguían dispuestos a dialogar y a modificar. Años, en que pasó de todo, incluso el fallecimiento de integrantes ¡lo que les sacaron en cara! La verdad es que cuesta entender que hay detrás de lo ocurrido, del porqué y que motivó la aplastante votación en contra. Para remate, por instructivo presidencial, fue modificada la composición y reglamento de la CRUBC. En eso, nos llamó la atención la presencia de casi todos los alcaldes regionales, inclusive aquellos que no administran borde costero marino y la ausencia del seremi de Medio Ambiente y Conaf, que a lo mejor en otras regiones no tienen injerencia en el litoral, ¡pero acá, vaya que son importantes! (La mayor parte del litoral está bajo administración de Conaf y pronto por el SBAP/ MMA).

Como sabíamos que hubo instrucciones gubernamentales desde Santiago a sus funcionarios para votar en contra, ya estaba claro cómo venía la mano. De hecho, el Delegado Presidencial se veía pálido e incómodo y los argumentos esgrimidos denotaban que muchos hasta desconocían la «Ley Lafkenche» y lo que ocurre en el litoral. Es más, se hicieron eco de la desinformación y voluntad del fáctico «Estado Salmonero». Una decisión gubernamental, suponemos, para evitarse problemas políticos ante las amenazas de la gente de la industria salmonera, campaña de amedrentamiento y desinformación, contra la cual nada hicieron para contrarrestarla. Especialmente notable fue el rechazo de la Subsecretaría de Pesca y de Acuicultura y de la seremi de Desarrollo Social, donde se aloja la Conadi.

Esto, porque ambas fueron responsables de los ocho años de tramitación y del resultado de lo que se votaba. O sea: ¡en el fondo votaron contra sí mismas! Asimismo, esgrimir que el mar es bien nacional de uso público y que había superposición con la Reserva Nacional Las Guaitecas, fue de lo más insólito.  De hecho, en la ley Lafkenche queda claro que el mar seguirá público y nadie lo ponía en duda, mientras, en ese mismo litoral existen 721 concesiones salmoneras (352 en áreas protegidas, un 48% del total) que ocupan y en la práctica privatizan 5.885,6 hectáreas (2.577,6 Has en AP), un 40 % de ellas se encuentran hipotecadas y 40% tiene causal de caducidad (¡algunas ya desde hace más de ocho años, sin que las saquen de ahí!). Para remate, al menos 338 concesiones, 46,8% del total pertenecen a empresas transnacionales. Y si bien hay superposición, Conaf en su exposición nada dijo que eso fuese problema, al contrario, uno de los objetivos de la Reserva es cultural, y ¡nos consta que hasta existen parques nacionales con comunidades indígenas dentro!  En cuanto a la votación de los alcaldes, aparte de su complicidad con lo que pasa en el litoral, lo que uno esperaba de los que no están al tanto, ni les afecta, ni importa, es que al menos se abstuvieran. Respecto a los consejeros regionales participantes, solo vale recordar que nadie los eligió en ese cargo. De los representantes de la pesca artesanal, vale hacer ver, que hace años que no pescan; es más, uno de ellos que antes amenazaba con ir a quemar salmoneras, ahora es prestador de servicios para esa industria y eso financiado por la Corfo.

En toda la campaña anti EMPCO el argumento más marquetero utilizado, fue aquel de las 600 mil hectáreas para pocas familias, confundiendo familias peticionarias con propietarios (que no lo llegan a ser) y con quienes en definitiva administrarían esos espacios (todos los usos presentes que evidentemente son varios más que los peticionarios) y eso sobre 17% de superficie del uso consuetudinario indígena histórico y que es, además, en su mayor parte área protegida (en el papel). Otra crítica típica, fue la de la poca participación (también a Conaf) ¡como si en las triple A, las concesiones y las declaraciones ambientales salmoneras existiese siquiera participación!

Finalmente, en todo ese mes de debate, lo que más escuchamos, y es nada nuevo, es sobre la depredación (zona contigua), contaminación (salmoneras) y actividades ilegales (pesca) en el litoral, ausencia del Estado y divisiones que causan principalmente los políticos e industria (dividir para reinar). Esto es, en una histórica zona de sacrificio, en la cual la institucionalidad no tiene capacidad de control y por lo visto tampoco es capaz, ni le interesa, de articularse con las comunidades que le podrían colaborar en eso. Por otra parte, también nos quedó claro que ese litoral, además, es un bien preciado puesto en venta y objeto de especulación financiera multimillonaria (entre ellos, créditos para otros negocios, para lo que hipotecan mar chileno, en vez de su propia infraestructura) y que desde las sombras hacen todo (en este caso, al igual que en lo del SBAP, una campaña bien financiada, bien organizada y con asesoría de expertos) para impedir les echen a perder el negocio.