Que el presidente Boric implemente las recomendaciones entregadas por el Relator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente antes de finalizar su mandato, sería una señal que el urgente llamado de la comunidad internacional y las históricas exigencias de la sociedad civil chilena, no han pasado a engrosar la lista de nuevas zonas de sacrificio en Chile.
Juan Carlos Cárdenas. Médico Veterinario, Director Centro Ecocéanos
22 de abril de 2024
El Día Mundial de la Tierra es una oportunidad para reflexionar sobre la situación ambiental en Chile, donde una democracia de baja intensidad, restringida y tutelada por el modelo político y económico neoliberal, le ha declarado la guerra a la Naturaleza, a los derechos humanos y sociales de la ciudadanía, comunidades locales y pueblos originarios.
Este crítico escenario fue denunciado por el reporte de David Boyd, Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente durante la 55 Sesión del Consejo de Derechos Humanos, efectuado entre el 26 de marzo y 5 de abril del 2024. El reporte señala que Chile enfrenta múltiples crisis ambientales interconectadas que violan los derechos humanos, destacando la existencias de “zonas de sacrificio” en su territorio nacional.
La biodiversidad terrestre y acuática disminuye a un ritmo sin precedente a nivel global. En Chile se estima que un 63% de las 1 433 especies terrestres clasificadas se encuentran en peligro, mientras el 50% de estos ecosistemas presentan algún grado de amenaza.
En el ámbito marino, un 53 % de las pesquerías comerciales (28) se encuentran sobreexplotadas y colapsadas. Existen otras 19 pesquerías en las que el Estado aún no ha establecido los puntos biológicos de referencias (PBR) que permitirían determinan sus tasas de abundancia y estado de conservación. A lo anterior se suma una masiva e insostenible extracción legal e ilegal de bosques de algas en el extenso litoral chileno. Según el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, entre el 2010 y 2020 se habrían desembarcado 4,4 millones de toneladas de algas en nuestro país, convirtiéndose Chile en uno de los principal exportadores mundiales de estas especies que conforman ecosistemas claves para sostener la vida, productividad y los ciclos de nutrientes en los océanos.
La praderas de algas, además de capturar el 40% de CO2 emitido por la actividad humana, produce más del 50% del oxígeno que se libera anualmente a la atmósfera. Importante es señalar que esta devastación ocurre mientras nuestros mares se vuelven más cálidos y ácidos, a la vez que se saturan de contaminantes plásticos, químicos y orgánicos.
Como corolario de este modelo de desarrollo ecocida que se aplica desde hace 50 años en nuestro país, Chile este 15 de mayo será el primer país latinoamericano con “sobregiro ecológico”, al haber agotado su capital natural del presente año.
Gobierno ecologista, green washing y ecocidio
Como respuesta a la actual crisis social y ambiental, el autodenominado gobierno ecologista del presidente Gabriel Boric está intentando maquillar de «verde y azul» al extractivismo minero, forestal y pesquero-salmonicultor, y una cuestionada transición energética, impulsando políticas de mitigación y adaptación, donde predominan las falsas soluciones que sólo profundizan la inequidad social y las prácticas corporativas ecocidas.
A nivel internacional se ratificó el Tratado Trans Pacífico de Cooperación Económica (TPP 11), mientras cierra negociaciones para modernizar el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, a la vez de firmar 13 acuerdos con China, entre los que se encuentra un protocolo de ingreso de salmón Coho en formato fresco. Chile produce el 90% mundial de esta especie introducida en nuestro país. Estos acuerdos continuarán amarrando a nuestro país en su papel de exportador de capital natural en el colonial, inequitativo y asimétrico sistema económico global, evidenciando que estamos ante un gobierno continuista de las políticas neoliberales de las anteriores administraciones.
Proteger la vida en el planeta, los territorios, así como los derechos humanos de los defensores ambientales, ciudadanía y comunidades, exige una sociedad organizada y el accionar de movimientos socio-ambientales autónomos de los gobiernos de turno, intereses empresariales y de los partidos políticos, para avanzar en la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio, de carácter democrático, no antropocéntrico y descentralizador, basado en el fortalecimiento de un tejido social diverso y multicultural, cuya base sea un pueblo informado, educado, participativo y con identidad cultural.
Que el presidente Boric implemente las recomendaciones entregadas por el Relator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente antes de finalizar su mandato, sería una señal que el urgente llamado de la comunidad internacional y las históricas exigencias de la sociedad civil chilena, no han pasado a engrosar la lista de nuevas zonas de sacrificio en Chile.
