- La industria pesquera es muy conservadora o podríamos inclusive decir hasta ultra conservadora, vive el día a día, no invierte a largo plazo, no innova.
- La nueva ley de pesca debe tener incentivos, evitar la colusión, sacar la investigación del mundo político y económico. Debe dar valor agregado a todas las pesquerías, entendiendo que la harina pescado es necesaria para alimento de la acuicultura. Y donde los privados no quieran intervenir debe hacerlo el Estado.
- En nuestro sector existen «prácticas antisindicales, interviniendo los sindicatos y sus trabajadores con el fin de que salgan a defender los intereses económicos de la gran industria pesquera».
Bio-Bio, 08 de mayo de 2024. (radiodelmar.cl)– El informe Estado de Situación de las Principales Pesquerías Chilenas 2023, publicado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), revela que el 53% de las pesquerías están en crisis, es decir agotadas o en colapso. Esto ocurre justo a 10 años de implementada la llamada Ley Longueira que fortaleció la privatización de los peces entregando cuotas pesqueras a las familias industriales y a un pequeño sector de pescadores artesanales semi-industriales.
Según la FAO, la Oficina para la Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas, «Chile está entre los 12 países pesqueros más importantes del mundo. El sector pesquero/acuícola es uno de los pilares de la economía de Chile, con una producción total de 3,4 millones de toneladas en 2021 y con un total de 8 500 millones de dólares por concepto de exportación de pescado y productos pesqueros en el año 2022».
Quienes mueven todo este sector son hombres y mujeres del sector de pesca de pequeña escala, trabajadores de barcos industriales y semi-industriales y de las plantas procesadoras de estos recursos.
Juan Montenegro es el presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), de la Región del Bio-Bio que agrupa a sindicatos de trabajadores embarcados, de Plantas elaboradoras de harina de pescado, y de elaboración para el consumo humano, además de trabajadores de las áreas de investigación y de interempresas de obreros eventuales y transitorios.
Aquí Montenegro da su visión a radiodelmar.cl de lo que está pasando con las cada vez más explotadas pesquerías en Chile y por sobre todo como se «viene la mano» en la discusión para anular la Ley Longueira y concretar una nueva normativa.
– Según el último informe de Subpesca el 53% de las pesquerías están agotadas o en colapso. Esto es despues de 10 años que la Ley Longueira privatizó las pesquerías y uno de sus objetivos principales era combatir la sobrepesca. ¿Qué opina de eso?
- Eso demuestra claramente que la Ley Longueira su único y principal objetivo era repartir los peces a las siete familias. Recordemos que iniciada la Ley Longueira, eran 28 las pesquerías que se encontraban con seguimiento. De estas 28, sólo 18 se encontraban sobreexplotadas, colapsadas, agotadas o desaparecidas.
Hoy de la 18, sólo dos han cambiado su estado. Estas son el jurel y la anchoveta. Pero el estado de estas pesquerías no son a propósito de la ley Longueira, obedece a que primero, el jurel, se encontraba administrado por un organismo internacional como lo es la OROP, Organización Regionales de Ordenamiento Pesquero, y la segunda siendo una especial, una especie pelágica pequeña, su recuperación obedece a la disminución del esfuerzo pesquero por un fallo de la Corte Suprema que cerró el acceso a las cinco millas de la gran industria pesquera en el norte del País.
- ¿Cómo ve el tema de la Concentración de las empresas y el reparto de las cuotas?
En cuanto a la concentración, hay que recordar que una vez llegada la democracia, la ley de pesca tenía tres actores, la industria grande, la semi industrial y la pesca artesanal, donde el crecimiento de la industria era vía el desembarque pesquero, por tanto la flota pesquera y su capacidad cada día fue mayor, tanto fue así que el año 1995 llegamos a 4 millones de toneladas, 4 millones y media toneladas realmente desembarcadas solo del recurso jurel, sin contar las otras pesquerías.
Pero esa forma de administración llegó casi a exterminar el recurso. Fue así como el 2001 nace el límite máximo de captura por armador, ley llamada ‘Ley corta’, y su prórroga a fines del 2002 con la ley 19.849. Desde allí en adelante la industria pesquera dio inicio a un proceso de fusión y compras de empresas, teniendo como consecuencia la concentración y por ende la pérdida de puestos de trabajo.
En 2013 se dio inicio a la llamada Ley Longueira, ley que sirvió solo a la industria para aumentar su capital. Pero en cambio los recursos pesqueros no se recuperaron, el empleo no se recuperó, por el contrario, su condición, en especial el trabajo de temporada disminuyó o se precarizó. Las licitaciones fueron intervenidas con posibles colusiones que están siendo investigadas por la Fiscalía Nacional Económica, no ingresaron nuevos actores, volvieron las cuotas pesqueras a las mismas familias (los grupo empresariales-familiares), y en lo económico, los trabajadores embarcados fueron afectados en sus remuneraciones por el traspaso de cuotas de pesca sin pago de ésta a los trabajadores.
– Qué aspectos claves deberían defender las comunidades costeras y los trabajadores en este nuevo proceso de cambio a la Ley de Pesca.
Sobre las claves lo primero que debemos preguntarnos qué es lo que queremos como país en lo que son las pesquerías, considerando que frente a las costas chilenas tenemos la primera reserva de alimentos del mundo en cuanto a peces, por lo que si buscamos la preservación de estas especies se debe buscar una administración única y exclusivamente técnica, sin conflictos intereses en lo que tenga que ver en la investigación, con un instituto estatal no como se tiene hoy día, que es el caso al Ifop, que es una empresa público privada donde la industria es parte de lo privado; se debe dar mayor valor agregado a los recursos, ejemplo en nuestra región en 2022 se desembarcaron 340.000 toneladas de pequeños peces pelágicos, donde el 100 % de este recurso fue destinado a harina pescado.
Lamentablemente la industria pesquera es muy conservadora o podríamos inclusive decir hasta ultra conservadora, vive el día a día, no invierte a largo plazo, no innova, es cosa de recordar que si no fuera por la norma que obligó a hacer consumo humano al jurel, probablemente sería destinado principalmente a harina de pescado.
Y el otro ejemplo es el caso de la jibia, donde incluso se llegó a decir que era una plaga y que había que dinamitarla, pero solo basto que una pyme abriera el mercado y la gran industria pesquera se abrió y se le abrió el apetito.
- El ámbito de la Soberanía Alimentaria, ¿este concepto está incorporado en las discusiones de esta nueva Ley?
En cuanto a la soberanía alimenticia y su concepto incorporado en la actual ley de pesca, se anunció con licitaciones a las pymes, pero la verdad es que la administración nunca fue llevada a ese destino, terminando las cuotas en los mismos de siempre.
Hoy el proyecto ley trae buenos anuncios, pero hay que agregarle cuerpo, el destino a consumo y valor agregado debe ser claro y no dejar esto al arbitrio de los gobiernos de turno. Hay que ir considerando, hay que considerar los vaivenes de la política chilena, donde cada cuatro o seis años va cambiando de un lado a otro.
La nueva ley de pesca debe tener incentivos, evitar la colusión, sacar la investigación del mundo político y económico. Debe dar valor agregado a todas las pesquerías, entendiendo que la harina pescado es necesaria para alimento de la acuicultura y donde los privados no quieran intervenir debe hacerlo el Estado, un ejemplo es la sardina común, donde en los supermercados no hay una lata de sardina chilena a la venta. Si existen etiquetas de empresas chilenas, son solamente etiquetas, pero si revisamos no son procesadas en Chile. Hay taiwanesa, ecuatoriana, peruana, pero menos chilena. Ya eso sería beneficioso para el recurso pesquero, para la alimentación de los chilenos, para hacerla o acercar los recursos del mar a la mesa chilena. Y en general agregar valor agregado significa generar mayor y más empleo.
- ¿Cómo vé que «viene la mano» en la discusión actual con las organizaciones de Trabajadores, tripulantes, y de plantas?
Las organizaciones la verdad que no debiera haber mucho problema entender de que es necesaria validar la ley de pesca y su administración, ya que ésta está claro que no está validada, más aún si tomamos en consideración que el 2033 se termina la actual distribución, pero la conformación del Congreso no va a ayudar mucho en poder sacar rápidamente una ley, ya que el poder económico como siempre va a intervenir.
Hay que recordar los intereses cruzados tanto de la industria como de las grandes armadores artesanales, digo grandes armadores artesanales, no hablo de artesanales.
La poca transparencia que existe con respecto al mundo pesquero, específicamente el último, donde se rentabilizan las ganancias o privatizan las ganancias, y se socializan las pérdidas, donde en otras palabras cuando yo gano es mi plata y cuando yo pierdo es problema del Estado.
La realización de prácticas antisindicales, interviniendo los sindicatos y sus trabajadores con el fin de que salgan a defender los intereses económicos de la gran industria pesquera.
Pero no es solamente la responsabilidad de la industria, hoy día el proyecto trae un gran problema que es el hecho de quitar derechos históricos a los trabajadores, industrias y esto basado en que me da impresión que vea el mundo laboral como un número, olvidándose que la industria pesquera también lo ve así, tanto es así que cuando el trabajador llega a una edad avanzada lo desechan, lo cambian o pobre de aquel que se enferme porque evidentemente ya no le es útil y sin considerar de que el mundo embarcado cuando deja de pertenecer al sector industrial se va al sector artesanal.
La verdad, es que vemos con preocupación el hecho que el gobierno quite derechos históricos como son los que se tiene en el Fondo de Administración pesquera, que van en ayuda de aquellos trabajadores que pierden el empleo.
Por último, hay que tener mucho ojo con la denuncia recientemente realizada por una trabajadora en la Comisión de Pesca que sesionó en Concepción, donde ella denunció el tipo de trabajo que tenían, en otras palabras estaban a disposición del empleador o esperando el llamado del empleador, por supuesto este tiempo sin pagarle remuneración alguna, una simulación de contrato, se podría entender como simulación de contrato, cierto, al extenderle los contratos, cambiar los contratos vía anexo, el tipo de trabajo, cinco meses trabajando, lo cual evidentemente deja más del 50 % sin función alguna a realizar.
Pero lo más grave de todo es precisamente que la misma trabajadora denunció que esto la autoridad pesquera lo sabía, cierto, hace un año atrás y la misma autoridad lo reconoció en dicha comisión.
Eso hay que mirarlo con mucha atención, ya que la gran industria pesquera, cierto, ha venido defendiendo su accionar, señalando la gran calidad de empleo que tiene. Contradictorio todo.*****FIN*****
