Es urgente considerar las causas de fondo que generan e incrementan conflictos socioambientales en la costa. La propuesta de Ley de Costas se hace cargo de estos, sin embargo, hoy duerme en el Parlamento.
Por : Carolina Martínez Reyes
Doctora en Geografía de la Universidad de Barcelona, experta en evolución costera, riesgos y geomorfología dinámica de la costa. Directora del Centro UC Observatorio de la Costa, académica del Instituto de Geografía UC e investigadora principal de Instituto Milenio Secos y Cigiden.
Promover más derechos de ocupación privada (concesiones) en la zona costera, así como una industria de la desalación cuyos impactos pueden alterar ecosistemas, dos anuncios que se contraponen a la necesidad de contar con una regulación orgánica y coherente de la zona costera –una Ley de Costas–, que garantice una gestión integrada del medioambiente costero.
Estos proyectos, destacados en la Cuenta Pública por el Presidente Gabriel Boric, forman parte del Pacto por el Crecimiento Económico, incluido junto a otras iniciativas en el fast track legislativo para su aprobación en 2024, sin embargo, pueden pasar una elevada cuenta tanto a la naturaleza como a sus habitantes: no están en línea con el actual proceso de actualización de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, ni con los compromisos internacionales que Chile ha suscrito en estas materias.
En el caso de la propuesta sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas, ingresada en 2012 por el Gobierno de Sebastián Piñera (Boletín 8467-12), esta se encuentra su segundo trámite legislativo y busca fomentar la inversión especialmente inmobiliaria en la zona costera (incluidos ríos y lagos navegables).
Esto se contrapone a la evidencia científica que hemos generado sobre el riesgo que representan estas formas de ocupación en la costa, afectada por fenómenos extremos derivados del cambio climático, como las marejadas intensas, olas de calor y altas tasas de erosión costera que afectan al 86% de playas entre Arica y Chiloé. Una degradación que está causando el retroceso de algunas playas por sobre los cinco metros anuales: en una década muchas podrían desaparecer.
Por ello nuestra preocupación. Esta iniciativa, al incentivar la ocupación de zonas expuestas a fenómenos recurrentes como marejadas e inundaciones carece de un enfoque de prevención de riesgo de desastres, y no solo es un retroceso para la preservación de los ecosistemas costeros, también es un peligro para la población, considerando la necesidad de adaptación a estos fenómenos climáticos que se harán más intensos en el futuro, como el aumento del nivel del mar.
Se requiere, por ello, un ordenamiento territorial específico para la zona costera, capaz de resguardar la vida humana ante nuevos desastres y avanzar a una protección efectiva de la costa.
Respecto de la propuesta de ley sobre el uso del agua de mar para desalinización (Boletín Nº 11.608-09, ingresado en 2018), este proyecto, para el cual el Gobierno está presentando nuevas indicaciones, también incentiva la ocupación privada de los bienes nacionales de uso público costeros, y promueve una industria de la desalación en nuestras costas sin considerar el manejo integrado de los recursos hídricos a nivel de cuenca.
La propuesta considera a la desalinización como un proceso desconectado de su entorno, sin proponer un sistema integrado de gestión en las cuencas y visión sistémica. Si bien se contempla la formulación de una Estrategia Nacional de Desalinización, esta será meramente indicativa y no vinculante.
Resulta preocupante que, pese a no existir una Ley de Costas que pueda garantizar la sustentabilidad de esta clase de actividades, ni tampoco una política nacional y normativa acorde a la gestión y gobernanza de los recursos hídricos, la iniciativa en su artículo 1° plantee la promoción de la industria desalinizadora, ya que se trata de una actividad cuyos impactos no están del todo claros desde el punto de vista científico.
En el informe Desalinización: oportunidades y desafíos para abordar la crisis hídrica en Chile, elaborado por el Comité Científico del Cambio Climático del Ministerio de Ciencia, se plantean problemas como la hipersalinidad de las descargas de salmueras que generan estas plantas. Investigaciones recientes del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza), demuestran que altos niveles de salinidad generan impactos en fauna marina de importancia económica y social, como machas y locos.
Chile ya cuenta con 28 plantas desalinizadoras en operación y construcción, más otras 15 en fase de proyecto, pero actualmente, para evaluar este tipo de infraestructura, se recurre a evaluar el incremento en la salinidad, sin considerar modelos de calidad de aguas, la influencia sobre organismos y los efectos sinérgicos con otra clase de descargas.
Estos proyectos no aportan a la sustentabilidad ni recogen la evidencia científica actual, tampoco consideran procesos participativos para valorar las formas de vida y la manera en que las comunidades se verán afectadas. Es urgente considerar las causas de fondo que generan e incrementan conflictos socioambientales en la costa. La propuesta de Ley de Costas se hace cargo de estos, sin embargo, hoy duerme en el Parlamento.
