- Organizaciones sociales, comunidades y personas estan suscribiendo una declaración para manifestar su rechazo al proyecto de ley sobre “Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas” (Boletín 8467-12).
- De aprobarse esta ley, se seguirá exponiendo irresponsablemente a la población a los riesgos de desastres naturales, agudizados ahora por los efectos adversos del cambio climático y se agravará la apropiación y explotación insostenible de los bienes comunes costeros, lo que se traduce en la vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía.
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El ejecutivo ha anunciado que dará urgencia a dicho proyecto de ley en el contexto del llamado “Pacto Fiscal” y de la agenda sobre “permisología”. En los hechos, con esto el gobierno demuestra que cede ante las presiones de los intereses corporativos que buscan consolidar la privatización de nuestro mar, ríos y lagos y sus zonas costeras.
El proyecto de Ley que se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional ante la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, integrada por los senadores Sergio Gahona (UDI), Isabel Allende (PS), Francisco Chahuan (RN), Ricardo Lagos (PPD), y Rafael Prohens (RN).
El proyecto de ley que rechazamos se originó en el primer gobierno del ex presidente Piñera al alero de una manifiesta intervención de grupos de interés.
A lo largo de su tramitación dicho proyecto de ley ha sido unánimemente criticado por múltiples actores, tanto de la sociedad civil como del mundo académico y científico. Sin embargo, haciendo oídos sordos a la evidencia científica incontestable de que las zonas costeras están en la primera línea de los efectos adversos del cambio climático (IPCC, AR6, 2022) y al imperativo mundial de adoptar políticas públicas de retiro progresivo de las áreas costeras expuestas a inundación y a los eventos extremos en aumento, este gobierno ha optado por impulsar una ley que facilita la ocupación, explotación privada y degradación del mar, ríos, lagos navegables y sus costas.
De aprobarse esta ley, se seguirá exponiendo irresponsablemente a la población a los riesgos de desastres naturales, agudizados ahora por los efectos adversos del cambio climático y se agravará la apropiación y explotación insostenible de los bienes comunes costeros, lo que se traduce en la vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía.
Entre los aspectos más críticos del proyecto que el Gobierno busca impulsar se cuentan:
- De acuerdo con el mensaje de la ley su motivación es “contar con un régimen regulatorio de las concesiones marítimas que permita una mayor celeridad en su tramitación y que garantice de mejor manera la seguridad jurídica para los titulares” y asegurar “los intereses económicos que tanto el Estado como los particulares tienen en cuanto al aprovechamiento del borde costero…”.
- Se establece un procedimiento que simplifica y facilita el otorgamiento de concesiones marítimas sin contemplar ningún elemento de pertinencia ecológica, territorial o justicia ambiental lo que conducirá al sacrificio de territorios, en beneficio de agendas que responden a intereses económicos, como el plan de acción del llamado hidrógeno “verde”.
- Se les otorga a los concesionarios marítimos un título “oponible al Estado y a cualquier persona” que concede a su titular “el derecho a conservarla y a no ser privado de ella”. La consecuencia práctica de esto es que, tal como ocurre actualmente con las concesiones de acuicultura de la corrupta ley de pesca, las concesiones marítimas se convertirán, de hecho, en indefinidas, es decir, indistinguibles de un derecho de propiedad privada sobre los bienes comunes costeros.
- Se habilita al Estado para otorgar la propiedad de playas fiscales a las personas que acrediten ocupación de dichos bienes nacionales por 10 años o más, es decir, institucionaliza, abiertamente, la privatización de nuestras costas (artículo 6° transitorio).
- Los “terrenos de playa” artificiales que resulten de rellenos de playas efectuados por empresas portuarias, ahora serán de propiedad privada de éstas, en lugar permanecer como bienes nacionales, como es actualmente, estableciendo un verdadero incentivo a la destrucción de dichos ecosistemas costeros (artículo 2°, N° 14).
- El proyecto de ley no contempla presupuesto alguno para la nueva división de concesiones marítimas que se crearía en el ministerio de Bienes Nacionales, ni para fiscalización de las concesiones, ni para la formulación de la Política Costera y las zonificaciones costeras regionales.
- No se contemplan instancias de participación ciudadana incidente ni de consulta indígena en la toma de decisiones sobre la explotación y apropiación privada de bienes comunes costeros marinos, fluviales y lacustres.
- El proyecto de ley en cuestión se opone manifiestamente a compromisos internacionales adquiridos por nuestro país por medio del Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992, el Acuerdo de París, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Acuerdo de Escazú.
Las personas y organizaciones firmantes hacemos un urgente llamado al Presidente de la República señor Gabriel Boric a desistir de la idea, manifestada a través de su Ministro de Hacienda, de darle urgencia al señalado proyecto de ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas y a la Comisión de Medio Ambiente del Senado a rechazarlo de plano, por las graves razones manifestadas.
Desde ya muchas gracias a todas y todos por apoyar y defender la costa!
La Costa Se Defiende
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