El quiebre de la promesa educativa.
Por el profesor y doctor en Ciencia Política, Juan Pablo Luna.
La dramática brecha educativa entre ricos y pobres es una herida mortal en las sociedades latinoamericanas. Si la educación en la región ha sido comparativamente mala en términos históricos, también es fuertemente desigual. La brecha tiene su origen en las disparidades de la educación preescolar y es impactada por el contexto socioeconómico en que crecen los estudiantes. La ampliación de la cobertura educativa lograda en décadas recientes no mitigó la desigualdad y la pandemia del covid-19 solo vino a aumentar este abismo. Esa brecha, hoy amplificada, es tan profunda que sus efectos son masivos aún en las sociedades menos desiguales.
A modo de ejemplo, en Uruguay, uno de los países con más baja desigualdad de la región, la medición de la prueba pisa muestra que la distancia educativa entre ricos y pobres es significativamente mayor que en Chile o México, países marcadamente más desiguales en términos de ingreso.
Y eso es mucho decir, ya que América Latina puntea en el mundo en términos de brecha educativa entre ricos y pobres. Uruguay también posee tasas dramáticas de desvinculación escolar a nivel secundario: solo el 40% de los alumnos termina ese ciclo, apenas un poco más que lo que consigue Honduras, un país mucho más pobre.
Como resultado, uno de los países socialmente más integrados de la región ha venido acumulando una marcada brecha social y cercenando los alcances reales de una clase media que aún identifica, en su imaginario, a la mayoría de los uruguayos.
Hoy, el 44% de los pobres uruguayos son niños, mientras que un 44% adicional corresponde a los adultos que los crían (usualmente madres, jefas de hogares monoparentales).
Buena parte de esos niños y sus mayores viven sin acceso a vivienda digna y expuestos a niveles absurdos de contaminación ambiental e inseguridad barrial. Aunque el problema de la infantilización de la pobreza en Uruguay constituye un diagnóstico saturado ya desde los años noventa, el Estado social más potente de la región no le ha podido hacer frente.
En términos educativos, además de la ampliación de la formación preescolar, la política con mayor impacto redistributivo ha sido tal vez el Plan Ceibal, que otorga a cada niño un computador y hoy desarrolla contenidos pedagógicos de primer nivel para impactar en la educación primaria y secundaria. El Plan Ceibal ha potenciado la inclusión digital y ha contribuido a expandir las ventajas competitivas de Uruguay en la industria del software. Fue desarrollado desde Presidencia y cuenta con un presupuesto pequeño en comparación con el sistema educativo con el que interactúa.
En términos políticos, el plan operó como un bypass ante la imposibilidad de introducir reformas a un sistema educativo rigidizado, especialmente a nivel secundario, por la oposición del sindicato de profesores a toda propuesta de reforma mayor. La falta de integración entre el Ceibal y el sistema educativo basal limita las posibilidades de ambos, y no ha logrado impactar significativamente en la astronómica deserción escolar mencionada.
En ese contexto, la emblemática Universidad de la República (udelar), otrora vehículo de inclusión y movilidad social por su acceso gratuito garantizado a quienes egresan de la educación secundaria, ha ido transformándose en un mecanismo que hoy reproduce desigualdades. Aunque aún son múltiples las historias de movilidad social exitosa, quienes llegan a la udelar lo hacen en mayor proporción que en el pasado desde colegios privados.
También son esos estudiantes quienes poseen mayores chances de egresar en tiempo y forma de la universidad. Así, el caso de Uruguay refleja un problema más general, presente en toda la región: el quiebre de la promesa educativa como mecanismo para la movilidad social de las nuevas generaciones.
Fuente: Luna, Juan Pablo, 2024. ¿Democracia muerta? Editorial Planeta Chilena S.A
