Proyecto busca «la eliminación de las ya débiles normas ambientales actuales, la eliminación de la participación de los habitantes de los territorios y la criminalización de los las integrantes de organizaciones que defienden su biodiversidad.»
Fuente: Organizaciones sociales
11 de abril de 2024
El miércoles 9 de abril (2025), organizaciones socioambientales a nivel nacional acudieron a una rueda de prensa en la Sede del Parlamento en Valparaíso, hito gestionado por la Diputada ecologista Viviana Delgado y quien en su intervención reafirmó su completa oposición al proyecto de Ley de Autorizaciones Sectoriales (Boletín N° 16566-3) -denominado “Ley de Permisología”- en conjunto con un grupo de parlamentarios: Camila Musante, Hernán Palma, Ericka Ñanco, Ana María Gazmuri, Jaime Mullet y Félix González
Unánimemente exigieron del gobierno, el retiro inmediato de la suma urgencia a dicho proyecto de ley, impuesta por el empresariado en conjunto con el gobierno quienes pretenden supuestamente agilizar los trámites de permisos para proyectos de inversión en Chile y es parte del paquete normativo llamado “Pacto Fiscal” compuesto también por los proyectos de ley de Reforma a la Institucionalidad Ambiental y de la Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas, todo lo cual a juicio de los ambientalistas lo que realmente busca es: la eliminación de las ya débiles normas ambientales actuales, la eliminación de la participación de los habitantes de los territorios y la criminalización de los las integrantes de organizaciones que defienden su biodiversidad.
Es importante señalar que en dicho punto de prensa, organizaciones socioambientales y ecologistas acompañaron a los y las diputadas presentes, las cuales también expresaron su preocupación con el proyecto que busca acelerar la inversión en Chile, despreocupandose de los procesos de evaluación ambiental.
El Ministro de Economía, Nicolás Grau, justifica el proyecto de ley con: “Lo que hace nuestro proyecto de ley es que los tiempos se debieran reducir entre un 30% y 70%”, destacó en La Tercera. Sin embargo, Ezio Costa, Director Ejecutivo de FIMA en una entrevista a CIPER, explicó que los retrasos se deben a la responsabilidad de las propias empresas: “(…) la mayor cantidad de tiempo de tramitación se produce por suspensiones que piden los dueños de los proyectos. Los dueños de los proyectos presentan un documento, un estudio o una declaración, se les pide que arreglen los problemas que tienen y ellos piden suspensión y suspenden a veces seis meses, a veces un año, entonces se infla la cantidad de tiempo», afirmó Costa.
Para la Asamblea Ecologista de Chile dicho proyecto presenta claras evidencias de que su finalidad sería que el gran empresariado nacional e internacional puedan implementar sus proyectos e inversiones, sin limitación alguna. Además reflexionan que hay numerosos registros de empresas que se saltan el marco regulatorio ambiental, ¿qué sería si se llega a aprobar esta ley?, verdaderamente sería una motosierra ambiental.
Anteriormente el proyecto se encontraba con urgencia inmediata. Durante esta semana se cambió a suma urgencia. Actualmente el proyecto de ley se encuentra en el segundo trámite constitucional en el Senado, una vez votado, regresaría a la Cámara de Diputadas y Diputados para un tercer trámite.
Intervención de las organizaciones
Camila Zarate de la Asamblea Ecológica y del MAT, afirmó que “esto es una verdadera motosierra ambiental, que pretende sustituir la evaluación ambiental por simples declaraciones juradas, aprobar por simple silencio administrativo o decisión de los ministros de turno”. Y que el Ministro Grau miente cuando dice que no afectará al medio ambiente.
Alejandra Parra de Alianza Basura 0 y Red por los Derechos Ambientales expresó “estamos sufriendo una crisis climática en nuestro país, pérdida de biodiversidad y también de contaminación, por lo que de aprobarse esta ley, la van a pagar el hijo del presidente, los hijos e hijas de quienes aprueben esta ley.” Por lo que llamó a rechazar por el bien de ésta y futuras generaciones.
La representante de la Costa Se Defiende, Claudia Aracena, indicó que “ya se están violando leyes de todo tipo. No hay criterios para la urbanización en la costa o sobre la contaminación de las aguas y no se nos escucha en las comisiones que ven estos temas en el Congreso. No se rechaza la inversión siempre que sea sustentable.”
Ellas representaron a más de 200 organizaciones ecologistas a nivel nacional, las cuales han manifestado su firme compromiso de seguir luchando hasta lograr la eliminación de esta denominada ‘ley motosierra ambiental’. Este respaldo también se ha formalizado a través de una carta pública promovida por la Asamblea Ecologista de Chile, que actualmente cuenta con 209 organizaciones firmantes. Enlace al formulario de Google: https://forms.gle/7rireYKDz53QXcRF8
