Por: Luis Roblero, Sacerdote Jesuita
Rector INFOCAP
30 de marzo de 2011
A partir del 31 de marzo, 490 mil personas que se encuentran en situación de extrema pobreza se verán beneficiadas con el Ingreso Ético Familiar (IEF), una iniciativa que favorecerá a 130 mil familias pertenecientes a Chile Solidario que hoy no pueden cubrir la canasta básica alimentaria. La apuesta gubernamental busca transferir recursos considerando incrementos por cumplimiento de condiciones como control de niño sano, asistencia escolar e inserción laboral de la mujer.
¿Quién podría oponerse a esta medida? No cabe duda de que todo aquello que permita a hombres y a mujeres pobres enfrentar de mejor manera la difícil situación en la que se encuentran es bienvenido. Sin embargo, esta política plantea una pregunta de fondo que tenemos el deber ético -valga la redundancia- de contestar. Si según la Casen 2009 casi un 70% de las personas que se encuentran bajo la línea de la pobreza tiene un empleo, ¿por qué es necesario subsidiarlas?
La razón de fondo está en la calidad de la oferta laboral, que hoy es incapaz de garantizarle a un trabajador no sólo su subsistencia y la de su familia, sino que además -como lo hemos visto nuevamente en estos días- un trato digno, un salario justo, descanso y desarrollo humano.
Si hemos definido el trabajo como centro de la estrategia de desarrollo, resulta imperativo instalar el debate sobre el tipo de empleo que se promueve y el rol de los trabajadores en la sociedad que estamos construyendo.
No es aceptable permitir que los trabajadores continúen preguntándose «si tengo trabajo, ¿por qué sigo siendo pobre?». Cualquier ajuste de transferencias es insuficiente si no se eleva la discusión política y se instalan los temas de fondo.
LUIS ROBLERO SJ
Rector Infocap
