Santiago de Chile, 14 de julio de 2011. (Radio del Mar)– El concejal de Santiago, Ismael Calderon, solicitó este jueves a la Contraloría General de la República que declare ilegal por arbitrario el Decreto Supremo Nº 1086, impuesto el año 1983 por la dictadura militar, y que aún permite a las autoridades prohibir las manifestaciones públicas en el país.
El edil de Santiago junto al abogado del Programa de Asesorías Ciudadanas del Instituto Igualdad, Ítalo Jaque, presentaron este recurso que requiere al Contralor, “ejerza sus facultades legales y constitucionales en el sentido de declarar la ilegalidad, arbitrariedad y desproporcionalidad del Decreto Supremo Nº 1086, del año 1983 del Ministerio del Interior que regula las reuniones públicas”
Otros argumentos de esta petición del concejal de Santiago apelan a que dicho Decreto Supremo contradice el derecho a reunión pacífica que tienen todos los ciudadanos incluso que “contradice la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificado por Gobierno de Chile” expresó al momento de la presentación formal a la Contraloría, junto al abogado Jaque.
“La actuales autoridades se está amparando en un Decreto Supremo que redactó ad-hoc el Gobierno de Pinochet el año 83, cuando se iniciaron las protestas organizadas por los ciudadanos que llevaron a su salida en 1989” dijo el concejal.
Agregó que “hoy estamos viviendo una democracia robusta y madura, y en una sociedad democrática que no requiere de este tipo de argumentos para prohibir su expresión política, como lo hacen los ciudadanos en muchas latitudes del mundo” manifestó el concejal.
Por su parte el abogado Jaque del Programa de Asesorías Ciudadanas del Instituto Igualdad, se manifestó optimista al respecto de esta presentación al Contralor, “ya que le estamos pidiendo, en virtud de su competencia un pronunciamiento ajustado a sus atribuciones y que dice relación con un decreto que ya ha quedado en el pasado político de nuestro país”, argumentó.
