Por: José Aylwin
Co Director del Observatorio Ciudadano
y Vicepresidente de Acción A.G.
12 de julio de 2011
Increíble, pero cierto. Ante el evidente descrédito de Carabineros a raíz del actuar abusivo de sus efectivos en contra de la población civil, del que hemos sido testigos en las recientes protestas estudiantiles y sociales, el General de esta institución, Sr. Aquiles Blu, sostuvo el 11 de agosto en entrevista en radio ADN: “Los carabineros son los buenos; los malos son los que provocan los desórdenes”.
Sus afirmaciones nos hacen recodar aquellas que eran frecuentes en los portavoces de la dictadura militar, que denostaban a los opositores con frases similares alusivas al bien y al mal. Se trata, como sabemos, de un régimen del que Carabineros no solo fue participe, sino que además tiene el indecoroso récord de haber sido, junto con la DINA y más tarde la CNI, la institución armada que mayor responsabilidad tuvo en las graves violaciones de derechos humanos entonces ocurridas.
Nadie niega que la labor policial es compleja, y que en ocasiones, como ha ocurrido en algunas de las protestas recientes, existen sectores que hacen uso de la violencia en contra de efectivos de carabineros. Pero ¿justifica ello el actuar violento, las golpizas, los tratos crueles y degradantes en contra de quienes participan en estas protestas y la infiltración de la que son objeto las manifestaciones ciudadanas? ¿Justifica ello que la policía haga en ellas uso indiscriminado de carros lanza aguas, bombas lacrimógenas e incluso de armas de fuego en contra de la población civil –incluyendo a niños–, en violación de todas las normas y estándares internacionales sobre el uso de tal armamento? ¿Qué sucede en este país que a dos décadas del término de la dictadura mantenemos una policía que en vez de proteger a la población, abusa de ella?
Lo hemos señalado en el pasado, pero aunque parezca majadero, es necesario reiterarlo una vez más, de modo que la opinión pública no se deje engañar por slogans como el del General Blu. Dos son los factores que resultan determinantes en el actuar abusivo e ilegal de carabineros. El primero, es la abierta tolerancia y complicidad que frente a estos graves hechos han tenido las autoridades de esta institución, así como también las autoridades civiles -tanto de los gobiernos de la Concertación como de la administración actual- de las que ella depende. En efecto, mientras el mando de carabineros sistemáticamente ha brindado protección a efectivos policiales involucrados en hechos delictivos –como en el caso de los autores de la muerte de tres jóvenes mapuche, fallecidos como consecuencia del uso abusivo de armas de fuego-, quienes siguen en servicio activo en las filas de dicha institución policial, las autoridades civiles encargadas de la seguridad pública no solo han desoído los reclamos de las víctimas de la violencia policial, tampoco han instado a la adopción de sanciones administrativas, ni menos impulsado acciones judiciales para castigar estos hechos delictivos.
El segundo factor que incide en ello, es la persistencia de la competencia de la justicia militar para conocer de los delitos cometidos por carabineros en contra de la población civil. Se trata de una situación largamente representada al país por órganos de derechos humanos, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso Palamara Ibarne v. Chile (2005), los que han conminado al país a introducir las reformas legales necesarias para poner término a esta situación que vulnera el derecho a un juicio justo y ante instancias idóneas e imparciales. Al respecto, cabe señalar que la ley aprobada por el Congreso en octubre pasado, si bien determinó que los juicios seguidos ante tribunales militares en que se perseguía la responsabilidad penal de civiles serían tramitados por tribunales ordinarios, mantuvo pendiente la discusión sobre el término de la competencia de esta justicia especial para juzgar a militares, incluyendo carabineros, acusados de cometer delitos en contra de civiles.
Por ello la reciente decisión adoptada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago –a instancias de una querella de los estudiantes- que ordenó al Ministerio Público iniciar una investigación relativa a los procedimientos adoptados por carabineros y sobre las decisiones del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para reprimir las manifestaciones estudiantiles no autorizadas el 4 de agosto pasado, son un paso que se debe valorar en la perspectiva de poner término a la impunidad del actuar policial.
Sin perjuicio de la responsabilidad de la justicia en la fiscalización del actuar policial, es también responsabilidad de la sociedad civil exigir que éste sea consistente con los derechos fundamentales. Diversas organizaciones no gubernamentales iniciamos el 2008 la campaña Alto Ahí (www.altoahi.cl), para monitorear la actuación policial y denunciar los casos de abusos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Las denuncias efectuadas en el marco de esta campaña encontraron recepción en el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, que el 2009 manifestó su preocupación sobre el involucramiento de efectivos policiales en casos de tortura o de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hoy emergen nuevas iniciativas similares, como las que impulsa la Comisión Ética Contra la Tortura (www.contralatortura.cl), el Centro de Estudios Jurídicos de la Fech (www.cejfech.cl) y la Defensoría Popular (www.defensoriapopular.cl/). Iniciativas de este tipo, así como de mayores niveles de coordinación entre ellas, se requieren no solo para documentar esta crítica realidad de derechos humanos en Chile, sino también para el impulso de estrategias comunes que permitan poner término a los abusos policiales.
Estamos conscientes, sin embargo, que el término de la violencia policial en Chile solo será posible en la medida en que se avance hacia una nueva constitución elaborada en forma democrática, que sustituya la actual -tal como lo han venido proponiendo los estudiantes y otros sectores ciudadanos en las protestas de los últimos meses-; en la que deberán establecerse las bases que orienten una actuación policial compatible con los derechos humanos. Tal vez sea precisamente el temor a perder el poder que han gozado ya por largas décadas, y a dejar de gozar de la impunidad que las leyes y las autoridades les han otorgado, lo que disguste a carabineros y los lleve a actuar abusivamente. Ojalá no sea así.
