Una modesta ave de rapiña le ha prestado su nombre a un hecho económico-político que ha sido el tema de la semana: Los fondos buitres. Vale la pena adentrarse en el origen de este fenómeno, el modo en que se fue alimentando, sus perspectivas y las enseñanzas que nos deja. Evidentemente, la semana que acaba de concluir no ha sido la mejor para el gobierno argentino.
En el inicio de la semana la Presidenta participó de un hecho auspicioso. Se realizó en Bolivia una reunión del «G77+China”. Ese es el nombre que reciben las periódicas reuniones de un agrupamiento, constituido en 1964, originariamente integrado por 77 países «en vías de desarrollo”.
Con el tiempo se han ido agregando países hasta llegar al número actual de 133 más China que participa a pesar de estar considerado como un «país desarrollado”. Conmemorando su 50 aniversario se reunieron en Santa Cruz de la Sierra, bajo la consigna «Hacia un nuevo orden mundial para vivir bien”. El Presidente de Bolivia, Evo Morales, definió el sentido de la reunión señalando el nuevo principio que consiste en «generar desarrollo por igual para todos”, promoviendo el diálogo, la cooperación y solidaridad sur-sur, libres de toda dependencia colonialista o imperialista. Las palabras de Cristina giraron sobre el mismo eje.
La evolución del juicio al Vice Presidente Amado Boudou, vinculado a la denuncia sobre sus relaciones con la empresa Ciccone, muestra una situación compleja y difícil para el vice presidente. A ese antecedente se le agrega otra citación a indagatoria. Ésta, por la transferencia irregular de un vehículo, ha sido convocada por el Juez Claudio Bonadío para el 1° de Julio.
Tampoco son positivos los datos sobre la evolución de la economía. Un resumen –conocido como «PBI Congreso”-, fundado en las evaluaciones de consultoras privadas, sobre la marcha de la marcha de la economía, indica que formalmente habríamos entrado en recesión. Esto se basa en el dato que se habría cumplido la condición de dos trimestres consecutivos de una economía en crecimiento negativo. Ello habría ocurrido en el último trimestre del año pasado (-0,6%) y el primero del presente año (-0,4%)
La situación actual
El lunes pasado la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos resolvió no hacer lugar al pedido argentino para que se aboque al tema de los fondos buitres. De esa manera quedó firme la sentencia del Juez Thomas Griesa que ordenó pagar 1.330 millones de dólares a un grupo de bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010.
Se trata de un pequeño grupo de bonistas que forman parte de aquel 7,6% que no entraron en los canjes y que hicieron su reclamo ante la justicia norteamericana para que se les abone el 100% del valor nominal del bono. Al mismo tiempo, también autorizó a los acreedores a embargar fondos del Estado Argentino para cobrar dicha deuda. Un par de días después, una Corte de Apelaciones de Nueva York, que había decidido una especie de medida cautelar por la cual no se podían embargar bienes argentinos, decretó el fin de la medida que beneficiaba a nuestro país. De modo tal que los bienes argentinos en el exterior corren el riesgo de ser embargados, hasta que se cumpla con la sentencia de Griesa.
Vamos a tratar de resumir el berenjenal de posibilidades en las que se mueve nuestro gobierno y algunas fechas claves a tener en cuenta.
El próximo 30 de junio hay un vencimiento con los bonistas que entraron en el canje. Ese monto se debe pagar a través de la banca de Nueva York. Argentina quiere pagar, tal como viene haciendo «religiosamente” como lo reconocen los acreedores, pero no lo podemos hacer porque podríamos ser embargados. Argentina ofrecería a los bonistas pagarles en Buenos Aires y/o transformar esos bonos en nacionales.
El Juez Griesa ya ha dicho que no es posible, ahora habrá que ver si los bonistas lo aceptan. Bonistas italianos adelantaron su opinión que no pueden aceptarlo porque sería «desacatarse” a lo resuelto por el Juez Griesa y la justicia norteamericana, jurisdicción a la cual está sometidos los pagos de estos bonos. En caso negativo tenemos un default en la puerta, aunque a partir del 30 de junio Argentina tiene 30 días más (fines de julio) para resolver ese problema, estos próximos 40 días son los tiempos que tiene el gobierno argentino para llegar a un acuerdo. fondos buitres y griesa
El resto de los acreedores, el 92,4% que aceptó los canjes, tiene a su favor una cláusula (conocida como RUFO). Según la misma, si Argentina mejora «voluntariamente” las condiciones de pago a quienes no entraron en el canje, debe igualar –con esas mismas ventajas- a los tenedores que sí aceptaron en 2005 y 2010.
En ese caso las cifras a ajustar son siderales, porque estamos hablando del total de la canjeada, que supera los 200 mil millones de dólares. Esa cláusula rige hasta fines del corriente año. En general, se considera que si Argentina paga forzada por el fallo de Griesa no correspondería aplicar esa cláusula porque no sería un «pago voluntario”. Es por ello que se evalúa que podría pagar esos 1.330 en efectivo o bonos sin que se dispare la mencionada cláusula RUFO.
De todos modos si argentina acepta pagar los 1.330 millones que demanda Griesa, queda abierta la puerta para que el resto de los bonistas que no entraron en el canje (reclaman otros 16 mil millones) también demanden ese pago.
Origen de la deuda
Por cierto que este gobierno no ha sido el principal responsable de la mayor parte del endeudamiento existente. Gran parte de la deuda tiene su origen en compromisos asumidos por la dictadura militar (1976/83) y los gobiernos electos por el voto popular que la sucedieron. Arreglos y desarreglos diversos, mientras crecía vertiginosamente el volumen adeudado, nos condujeron a esta situación. «Blindajes”, «canjes” y «megacanjes” fueron tirando la pelota para adelante.
La «suspensión del pago de la deuda” e «investigación de la misma por el Parlamento”, planteada por Adolfo Rodríguez Saa, en los vertiginosos días de fines de diciembre del 2001, es muy cuestionada. La idea de la investigación nunca se puso en práctica pero el «default” planteado por aquella suspensión le dio respiro a la economía argentina. Aplicar los recursos al desarrollo interno en lugar de enviarlos a la banca extranjera, después de un crítico período inicial, sentó las bases para el crecimiento posterior.
Para la economía argentina y el gobierno iniciado en el 2003 aquel «default” fue beneficioso. Lamentablemente no se apoyaron en esa decisión «de investigar” y en la resolución del Juez Jorge Ballesteros que, en el célebre caso planteado por Alejandro Olmos, resolvió –el 13 julio del 2000- que se trataba de una deuda «ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”, remitiendo los antecedentes al Parlamento Nacional para que entienda en su consideración según los dispone el Art. 75 de nuestra Constitución Nacional.
Todo ello fue omitido y se optó por la expectativa de una negociación que «desarmó” la lucha por la «investigación y el no pago” que se habían instalado con bastante fortaleza. Las angustias actuales son el fruto del camino elegido. Así fue como se concretaron los «canjes” de 2004 (ejecutado en 2005) y 2010. En sendos decretos de aquellos años (Dec. 319/2004, art 8 y Dec. 563/2010, arts. 2 y 3) se resolvió que los bonos emitidos con motivo de ese canje quedarían sometidos a la jurisdicción de los Tribunales de Nueva York.
El default y sus efectos
El «default” aparece cuando no se puede pagar y hay que buscar otra forma de acordar para seguir adelante. En este caso, aunque no sea lo más probable, eso puede llegar a pasar. Aunque en un tiempo más largo -un par de años- se handemostrado («default” diciembre 2001) efectos positivos, sus resultados inmediatos no son buenos. Se nos van a cerrar los créditos externos, para el gobierno nacional, las provincias y las empresas privadas. Eso supondrá un enfriamiento, aún mayor al actual, de la actividad económica, con repercusiones negativas en materia de empleo y salario. Como es probable que, para el supuesto de un «default”, se produzca un fuerte desbarajuste en la economía también se pueden disparar los precios, aumentando la inflación.
No pagar puede ser malo, pagarla -tal vez- sea peor
Es muy difícil que los argentinos podamos resolver el tema de la deuda dentro de la lógica del «sistema de la deuda”. Esta es la principal enseñanza que podemos extraer de lo que está pasando.
En estos tiempos, son muchos los que consideran que no es posible plantear la ilegalidad de la deuda después que variados «gobiernos democráticos” la han convalidado por medio de sucesivas negociaciones y aprobaciones de presupuestos nacionales que contemplan su pago.
Estas consideraciones olvidan que un hecho que nació nulo, continúa siéndolo y buena parte de lo que nos reclaman entra en la categoría de «deuda odiosa” la misma que rechazara San Martín siendo «protector del pueblo peruano”.
Esta nueva «crisis de la deuda” nos plantea la oportunidad de retomar lo que ha sido una fuerte y valorada bandera popular, como «suspensión del pago e investigación de la deuda”. Una vez determinado el monto de la deuda legítima acordar la forma de pago. Este principio formó parte de varios programas del movimiento popular, siendo –inclusive- uno de los 26 puntos levantados por la CGT, conducida por Saúl Ubaldini, en las décadas de los 80 y 90.
Los próximos pasos hay que darlos en un angosto desfiladero. Algunos han dado una opinión rotunda. Mauricio Macri ha dicho: «Ahora hay que ir, sentarse en el tribunal de Griesa y lo que él termine diciendo, hay que hacerlo. Sino, entramos en default. Ahora ya nos ejecutaron. Tenemos que ir y pagar”.
Ahora el gobierno decidió pagar
Esa decisión la comunicó al pueblo la Presidente desde Rosario, con motivo de la recordación a Manuel Belgrano y el homenaje a la bandera. Se ha puesto fin a las actitudes dubitativas y a la decisión tomada «en caliente” el miércoles a la noche, cuando –después que Griesa acusó al gobierno argentino de reírse de la justicia norteamericana- la Presidenta reaccionó suspendiendo toda negociación.
En Rosario, las referencias al Juez Griesa estaban lejanas a la caracterización de «extorsionador”, muy por el contrario, se le pidió su mediación para pagar al 100% de los acreedores. «Queremos cumplir con todos los acreedores, con el 92,4% que acordó con los canjes de 2005 y 2010 y también con lo que no acordaron”, dijo la Presidenta. Este intento negociador dejó de lado la palabra «buitres” y todos pasaron a ser acreedores externos. Encontró una síntesis a las diferentes posiciones que desde el gobierno se han venido sosteniendo diciendo «no cuenten conmigo para cualquier cosas”, en el sentido que la negociación debe ser «justa y equilibrada”.
Juan Guahán
Periodista Question Digital
Tomado de ADITAL
