La sentencia impone a los condenados Carlos Cruz, Serio Cortés, Roberto Salinas, y otros 10 funcionarios estatales, las penas accesorias de inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio público y se les impone una multa ascendente al 10% del monto defraudado.
Santiago, 29 de junio de 2016. (poderjudicial.cl)– La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación sobre una serie de irregularidades cometidas en el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Gestión Ambiental y Territorial (GATE), proceso que investigó en primera instancia la ministra Gloria Ana Chevesich Ruiz.
En fallo unánime (causa rol 25378-2014), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama– acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había condenado a 11 empleados de empresas consultoras que operaron con el MOP.
De esta forma, el máximo tribunal mantuvo la sentencia de primera instancia dictada por ministra Chevesich, que condenó a los siguientes funcionarios públicos:
-Carlos Cruz Lorenzen: 3 años de presidio en calidad de autor del delito de fraude al fisco continuado.
-Sergio Cortés Castro: 5 años de presidio como autor del delito de fraude al fisco continuado.
-Roberto Salinas Briones: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Sergio Hinojosa Ramírez: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Ramón Silva Améstica: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Eduardo Bartholin Zanetta: 61 días de presidio como autor de fraude al fisco.
-Gonzalo Castillo Navasal: 61 días de presidio como autor de fraude al fisco.
-Nassir Sapag Chain: 200 días de presidio como autor de fraude al fisco.
-Héctor Quiroz Astorga: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Dolores Rufián Lizana: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Óscar Araos Guzmán: 541 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Héctor Peña Véliz: 61 días de presidio como cómplice de fraude al fisco.
-Luis Jara Núñez: 40 días de presidio como encubridor de fraude al fisco.
La sentencia del máximo tribunal confirmó la sentencia de primera instancia: «(…) en atención a las fundamentaciones que se han reproducido, este tribunal no puede sino llegar a la convicción, basada en la prueba que analiza profusamente el fallo de primer grado, que en la especie se ha configurado el delito de fraude al Fisco ocasionado con las maquinaciones que se expresan claramente en el fundamento 22 del dictamen de primera instancia y que ocasionó al Estado un perjuicio efectivo de $799.142.217, en la que un grupo de personas idearon un procedimiento para sobrevalorar el precio de consultorías necesarias para cumplir objetivos de obras públicas estatales, para obtener indebidamente recursos que se destinaron a pagar honorarios no consultados en el presupuesto público y que el Fisco no estaba en el deber de solucionar, lo cual según los antecedentes latamente explicados en dicha sentencia, que se ha reproducido en lo pertinente, importa cumplir con los elementos del tipo penal que hacen ilícita esas maniobras dolosas».
Resolución que agrega: «Con el mismo rigor probatorio se ha demostrado que en dichas conductas ilícitas tuvieron participación culpable en el delito, que se calificó como continuado, los acusados Cruz Lorenzen, Cortés Castro, Salinas Briones, Hinojosa Ramírez, Silva Améstica, Bartholin Zanetta, Castillo Navasal, Sapag Chaín, Quiroz Astorga, Rufián Lizana, Araos Guzmán, Peña Véliz y Jara Núñez, de modo que esa convicción de condena basada rigurosamente en la prueba aportada y que se constituyen como cargos fehacientes de esa responsabilidad, obligan a aceptar el criterio de condena manifestado en la sentencia de primera instancia y por lo tanto, no es posible modificar esas determinaciones y que aparecen reclamadas en los recursos interpuestos por dichos sentenciados, para enervar esas decisiones».
«Esta Corte coincidirá –continúa– con la juez a quo en lo que se refiere a las absoluciones de determinados consultores que dispusieron los giros de cheques de la cuenta corriente de su empresa para hacer devolución de una parte de un precio que a instancias de funcionarios del MOP, mandante de dichos contratos, según condiciones impuestas de forma perentoria y que aparecían como aceptables o plausibles, de manera que en los casos de los inculpados Marcos Luraschi, Abdón Naím, Sergio González, Francisco González, Eduardo Valenzuela, Luis Arrau, Alejandro Gutiérrez, Francisco Donoso, Carlos Calderón, Luis Solar y Jorge Quiroz, no demostrada de manera vehemente la existencia de una colaboración maliciosa en la producción del suceso ilícito, ideado por funcionarios públicos de un organismo del Estado como es el MOP, es dable aceptar la certeza moral absolutoria arribada por la juez de primera instancia y que autoriza el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal».
La sentencia, además, impone a los condenados Cruz, Cortés, Salinas, Hinojosa, Silva, Bartholin, Castillo, Sapag, Quiroz, Rufián, Araos, Peña y Jara, las penas accesorias de inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio público y se les impone una multa ascendente al 10% del monto defraudado.
En el aspecto civil, se acogió la demanda deducida por el Consejo de Defensa del Estado, por el Estado de Chile, y se condenó a los acusados a pagar la suma total $799.142.217 (setecientos noventa y nueve millones ciento cuarenta y dos mil doscientos diecisiete pesos).
Caso Mop Gate en Wikipedia
El caso MOP-GATE es la principal arista del mayor caso de corrupción ocurrido durante el gobierno de Ricardo Lagos (PPD, 2000-2006), que tuvo como protagonistas a miembros del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la empresa de Gestión Administrativa y Territorial (GATE). El MOP pagó sobresueldos a 129 funcionarios por trabajos que jamás se habían llevado a cabo, al mismo tiempo que GATE recibía pagos injustificados por autopistas concesionadas y sus proyecciones desde 1997.72
El caso salió a la luz en 2000, como resultado de las investigaciones realizadas por el Caso Coimas. El proceso de investigación de este nuevo caso fue asumido por la jueza Gloria Ana Chevesich el 21 de enero de 2003, quien trabajó en conjunto con el Laboratorio de Criminalística del PDI, cerrándose el 28 de octubre de 2008 y concluyendo que los fraudes al fisco (producto de la sobrevaloración de contratos, ocultamiento de costos y triangulación de dineros para sobresueldos) sumaron en total $1.253 millones de pesos.
Un ejemplo de estas triangulaciones de dineros se estableció en marzo de 2006, siendo procesados y posteriormente puestos en libertad provisional (previo pago de una fianza de $100 mil pesos) el ex asesor del MOP, Eduardo D’Hainaut y el dueño de la empresa Prograf Limitada, Eduardo López Mezquita. Primero, la Dirección de Vialidad del MOP realizó una supuesta licitación para proyectos viales en diciembre de 2001, por $16.520 millones de pesos, y otra en diciembre de 2002, por $18.880 millones. D’Hainaut pidió a Prograf la realización de 500.000 mapas camineros, trabajo que no fue nunca realizado. Como los recursos fueron asignados por un presupuesto del Estado, estos no se devolvieron al fisco y se reutilizaron para pagar sobresueldos.
El 1 de julio de 2010, Chevesich condenó a 14 personas por fraude fiscal y estafa, entre ellas al ex Ministro de Transporte y Obras Públicas, Carlos Cruz (quien renunció al PS en 2003, producto de este escándalo) a 3 años de pena remitida y al pago de una multa por $799.142.217 pesos; al ex jefe de finanzas del MOP, Sergio Cortés, a 5 años también de presidio remitido pero con libertad vigilada y al pago de una multa de $777.842.217 pesos; y a Héctor Peña Véliz, dueño de la empresa GATE, condenado a 60 días y al pago de una multa por la misma suma que Cortés. Adicionalmente en esa ocasión fueron condenados Eduardo Balbontín, ex director de Obras Hidráulicas y Gonzalo Castillo, ex jefe de gabinete del MOP, a 61 días de reclusión remitida; a Nazir Sapag, ex director del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (CIADE) de la Universidad de Chile, a 200 días de pena remitida por fraude; y a Oscar Araos, a 541 días de pena remitida por el delito de estafa.
El fallo de la magistrada contenía 1032 páginas distribuidas en casi 50 tomos, y consideraba a otras 17 personas que fueron absueltas.
