En la actualidad la problemática social del mundo de las grandes empresas y la intervención de los territorios, debe sustentarse en la natural mala convivencia entre las comunidades y las empresas, que obliga al Estado a tener que estar constantemente monitoreando y realizando acciones multisistémicas, para defender el patrimonio nacional que es de todos, en una dimensión ecológica,social y cultural.
Por Andrés Gillmore
20 de septiembre de 2016.
Uno de los problemas que tenemos en Chile en la actualidad y muy grave por cierto; es que las grandes empresas internacionales, que muchas veces están asociadas con grupos económicos chilenos, las denominadas transnacionales, que preferentemente trabajan en desarrollos mineros, energéticos, salmoneros, están realizando actividades productivas en el territorio nacional, sin ninguna conciencia ambiental y social en el medio donde están insertas. Desrespetando la proyección de las comunidades y del país en si mismo, operando sin sustentabilidad futura en los procedimientos que utilizan y lo que es peor, sin la fiscalización profesional que se supone deben tener el Estado y sus diferentes reparticiones públicas.
Esta destructiva realidad que fue aceptada por nuestra sociedad bajo el engañoso parámetro, “que mientras ofrecieran trabajo no importaba”, ha llevado a que muchas comunidades regionales, estén sufriendo lo indecible por esta intervención despiadada del mundo empresarial. Basta con recorrer el país, para darnos cuenta que tanto en el norte, centro sur y en las mismas regiones australes, las mineras, la industria forestal y las salmoneras tienen a muchas comunidades sin agua y sentenciadas a vivir de por vida con la dependencia de camiones aljibes ( en el norte y centro sur), al intervenir las napas acuíferas subterráneas. En las regiones australes, a tener que aceptar que los emprendimientos mineros y salmoneros, contaminen ríos, lagunas y fiordos, por los malos manejos ambientales.
Hasta hace poco tiempo asumimos naturalmente, que la responsabilidad de las empresas tenian como objetivo generar utilidades solo para ellas mismas, careciendo de responsabilidad ante el medio ambiente y el desarrollo social; fundamento que era más que suficiente para desarrollar nuestro modelo de desarrollo. Desde los gobiernos de Frei Ruiz Tagle hasta el actual de Michelle Bachelet NM, nos han estado repitiendo el discurso; que si las empresas crecían y les iba bien, en consecuencia nos iría bien a todos, mejorarían los sueldos, las condiciones de trabajo se harian más llevaderas y por consecuencia natural respetarían el medio ambiente y las comunidades entraríamos en el círculo virtuoso del crecimiento y seriamos felices para siempre.
Esta manera de ver la operativa empresarial por parte de los ideólogos económicos chilenos, con el tiempo solo ha posibilitado desarrollos destructivos inaceptables en la actualidad, en una sociedad que dice respetarse a si misma y que lucha por la sustentabilidad social y ambiental, haciéndose un deber nacional de aquí al futuro, cambiar estos paradigmas mentirosos. Entendiendo, que si no se fiscaliza con mano de hierro el actuar de las empresas, terminan haciendo de las suyas y destruyendo el país.
La esencia del mundo empresarial se mueve por distintos formatos de la codicia, es lo que esencialmente las motiva y las mantiene atentas y insaciables; tal como la esencia de un Estado responsable y serio, es fiscalizar con mano de hierro a estas empresas para no permitir los malos manejos empresariales. Si se pierde este balance natural entre los intereses de unos y otros, nos introduciremos en un atolladero demencial, que por más haberes que tenga una empresa, por muy bien que le vaya, son modelos empresariales que siempre van a querer más y nunca estarán satisfechos. En modelos económicos como el Chileno, con un Estado que no esta cumpliendo con su función desde hace rato.
Una empresa debe tener la capacidad de entenderse a si misma, el entorno y su responsabilidad social de lo que desarrolla, entendiendo que sus actividades interfieren la vida de las comunidades y de los territorios donde están emplazados. Si las empresas carecen de esa mirada introspectiva, cruzan el límite moral de la ética del hacer, iniciándose la descompaginación del proceso natural de la búsqueda natural de la sustentabilidad total.
Uno de los mejores ejemplos históricos de esta intervención, es lo que sucedió durante el gobierno de la Unidad Popular. Si Salvador Allende no nacionaliza el cobre y no hubiese afectado los intereses de las grandes empresas mineras americanas; es indudable que el gobierno de Richard Nixon, le habría dado más de tiempo al gobierno de la Unidad Popular, para llevar adelante el plebiscito que tenía planificado para decidir el rumbo del país a finales de septiembre de 1973. Pero la presión que ejercieron las grandes transnacionales al gobierno americano, para recuperar estos supuestos haberes fue tan frontal y tan fuerte, que apuraron el proceso decisorio y estas empresas no se quedaron tranquilas hasta no poner a Pinochet en la Moneda. Exigiendo posteriormente a la Junta Militar, la devolución de esos intereses, que les permitio a las empresas transnacionales repartirse las dos terceras partes de ese cobre y que Chile sólo se quedará con la tercera parte de ese total.
La responsabilidad del mundo empresarial debe estar presente en todas las actividades posibles y ser exigidas por un Estado soberano y empoderado. Sin el cumplimiento de esa responsabilidad vital, es imposible buscar la sustentabilidad del derecho de vivir en un medio con proyección de futuro y sustentable. Lamentablemente el escenario se nos ha estado complicado de una manera que nunca imaginamos, al tener que sumarle la variable del cambio climático a esta realidad. Haciendo que la responsabilidad social, no sólo debe restringirse a las acciones sociales o ambientales de una empresa, deben tener también la obligación de transparentar sus procesos de producción, generar diálogos responsables con el mundo social y tener una perspectiva más amplia y sistémica del mundo social, ante las diversas problemáticas que surgen naturalmente, incorporando procesos de gestión estratégica y planes de desarrollo con planteamientos responsables en las comunidades donde actúan. No como ocurre en la actualidad, donde las empresas informan lo positivo y esconden todo lo negativo, bajo cortinas de humo llamados estudios de impactos ambientales (EIA), que son ideológicos, poco realistas, avalados por las reparticiones públicas de los gobiernos regionales, que no dudan en manipularlos, para que estas empresas logren sus objetivos, con órdenes expresas llegadas desde la Moneda.
La responsabilidad social debe sustentarse bajo una legislación dinámica, contar con una fiscalización seria y profesional, con valores éticos y morales, bajo un conjunto integral de políticas, prácticas y programas de operaciones empresariales, enmarcados institucionalmente. De lo contrario, se corre el riesgo de estar implementando prácticas, que si bien pueden ser responsables en ciertos momentos, al no responder a un mandato institucional, ponen en peligro la sustentabilidad social y ambiental de los territorios, al tener la empresa la capacidad de pasarlas por alto, bajo el sustento de eventualidades coyunturales del mercado, crisis presupuestarias, cambio direccionales de la empresa, manipulación política de las leyes y de no contar en ciertos momentos con una adecuada fiscalización por parte del Estado; que es precisamente lo que ha estado ocurriendo en Chile en las últimas dos décadas. La responsabilidad social debe tener por sobre todas las cosas sustento constitucional si quiere realmente ser efectiva.
La acción fiscalizadora por parte de un Estado consciente de sus obligaciones, es integral y debe contar con la capacidad de producir análisis reales y definitorios de los objetivos y las formatos con que las empresas buscan sus objetivos. Las expectativas y los valores que conforman el quehacer de una sociedad que se respeta a si misma, debe estar constantemente ampliando los niveles de la responsabilidad ante la sociedad. En la actualidad la problemática social del mundo de las grandes empresas y la intervención de los territorios, debe sustentarse en la natural mala convivencia entre las comunidades y las empresas, que obliga al Estado a tener que estar constantemente monitoreando y realizando acciones multisistémicas, para defender el patrimonio nacional que es de todos, en una dimensión ecológica,social y cultural.
