En concreto, se trata de una coordinación político-policial para ir adecuando la legislación (Ley de Armas y Control de Identidad) a la medida de un actuar policial fuera de la ley. Esto, debido a la incapacidad de Carabineros para abordar un conflicto territorial que está mucho más allá de sus posibilidades.
Por: Luis García Huidrobro
23 de diciembre de 2016
Un arma se le puede disparar accidentalmente a cualquiera, pero ese no es el tema.
Si la escopeta con la que se disparó a Brandon hubiera tenido la munición reglamentaria, no pasaría de ser un incidente más de violencia policial, de los que somos testigos semanalmente en Wallmapu.
Pero el arma estaba cargada con cartuchos de caza, y esa es una evidencia que nos dice que debemos desenredar más la madeja.
Al día siguiente del baleo a Brandon, en otra parte del territorio en conflicto, correspondiente a la Novena Zona Control Orden Público, en Cañete, se llevó a cabo la segunda jornada del juicio contra Hernán Paredes Puén, a quien se le pudieron contar 132 perdigones en la espalda el día 3 de marzo, en que fue baleado en circunstancias similares. Frente al tribunal, después de prometer decir “nada más que la verdad”, el perito de la PDI llamado por la Fiscalía afirmó tajantemente, faltando a la verdad, que “me consta que Carabineros de Chile siempre y solamente utiliza balines de goma en sus procedimientos”.
Por otro lado, ya son tantas las causas en que comuneros mapuche son cargados con armas y municiones en Arauco, que hace pocos días, en el caso de Óscar Cona, la jueza de Garantía de Cañete afirmó que “la credibilidad de Carabineros está seriamente en duda”. En esa causa el capitán Leonardo Osses, que además está procesado en la justicia militar por robar una pistola y quemar el registro de armas, reconoció que esta vez había extraído y destruido una cámara que Cona tenía en su vehículo. La cámara se debía a que era la segunda oportunidad que le cargaban municiones a Cona en pocas semanas.
Puedo afirmar, con suficiente evidencia, que existe en la “Novena Zona Policial Control Orden Público” una política de “dejar hacer” respecto al armamento ilegal. Los funcionarios de Carabineros tienen acceso a distintos tipos de armas y municiones, fuera de las reglamentarias, y las tienen a disposición para usarlas en procedimientos. Así, son detenidos comuneros supuestamente portando armas de determinado tipo, pero extrañamente llevando municiones de distintos calibres, menos las que esas armas usan (caso hermanos Mariñán); o con una escopeta, y en el bolsillo municiones que luego el peritaje indica que fueron disparadas por otra escopeta (caso Paredes, y extrañamente no se periciaron las armas de carabineros para ver si acaso esas municiones habían sido disparadas por ellos mismos); o comuneros detenidos con municiones en las situaciones más inesperadas, como una marcha en la ciudad (caso Ñegüey). Y así podemos contar más de una decena de casos.
Y es que si Carabineros tiene acceso a municiones fuera de su uso reglamentario, como se comprobó en el caso de Brandon, ¿qué le impide en determinado procedimiento entregarlas como evidencia y decir que las tenía el detenido en su poder? ¿No habría sido esa una posible salida al baleo de Brandon si no hubiera habido tantos testigos? Así ocurrió en el caso Paredes, ha quedado en evidencia en el juicio (el Teniente Troncoso afirma que Paredes tenía el arma, pero el capitán Olivares afirmó a la PDI que él fue el primero en llegar donde Paredes, y que a continuación el teniente llegó con el arma; luego, además, se entregan como evidencia unas municiones, pero ningún carabinero recuerda en el juicio quién las incautó).
A pesar de los antecedentes que hacen dudar de la credibilidad de Carabineros de la “Novena Zona Policial Control Orden Público” respecto a las causas por la Ley de Armas, Felipe Harboe en la última sesión sobre el conflicto en Comisión del Senado, afirmó que, dado que supuestamente hay muchas municiones ilegales en Arauco, se hace necesario reformar la Ley de Armas para endurecer más las penas.
En concreto, se trata de una coordinación político-policial para ir adecuando la legislación (Ley de Armas y Control de Identidad) a la medida de un actuar policial fuera de la ley. Esto, debido a la incapacidad de Carabineros para abordar un conflicto territorial que está mucho más allá de sus posibilidades.
Mientras esto ocurre, la Ruta P-70 entre Tirúa y Cañete es testigo de las caravanas de camiones de Forestal Arauco resguardadas en un operativo diario en el que participan un centenar de efectivos, solo para cuidar la madera del fundo El Retiro. Un número similar resguarda las operaciones de Mininco en el Fundo Choque. La situación es similar en Curaco, Collipulli, donde fue baleado Brandon. Y los parlamentarios que lideran las adecuaciones legales (Harboe, Espina) son precisamente aquellos que son investigados por financiamiento ilegal del grupo Angelini, de Forestal Arauco.
Así, el dedo de un sargento que, accidentalmente o no, oprime el gatillo de su escopeta, es solo el último eslabón de una cadena. No nos digan que fue un accidente. Se trata de una política de Estado.
