La mayoría de los mega proyectos pasan del lucro a la codicia con una facilidad abismante y hacen en Chile lo que no pueden hacer en sus países de origen, aplicando técnicas del pasado en el mundo del futuro, abusando de la falta de información, al no permitírseles a las comunidades tener financiación para informarse y asesorarse por profesionales que defiendan sus derechos y entender como corresponde el verdadero significado de la intervención.
Por Andrés Gillmore
16 de marzo de 2017
La acusación que el proyecto de Mina Dominga en la región de Coquimbo en la localidad de Higuerilla a 30 km de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, no fue aprobado por presiones de intereses políticos del gobierno de la NM relacionados con intereses económicos del ex Pdte Sebastián Piñera, ha puesto nuevamente el tema de la veracidad de los Estudios de Impactos Ambientales (EIA) y si estos están cumpliendo con la función de defender el medio ambiente, sin alterar la proyección de desarrollo social, cultural, histórico y comercial de las comunidades intervenidas.
Poco se sabe que la propiedad de Mina Dominga pertenece en un 70 % a Carlos Alberto Délano (Banco Penta) el 24 % a la familia del ex Pdte Sebastián Piñera y el otro 6% a socios variados. En una primera instancia se sabe que Carlos Délano hace unos 14 años financió las primeras prospecciones como una inversión, para posteriormente venderlo al mejor postor, pero dado los acontecimientos sufridos por el Banco Penta, decidió seguir con la intención; que no es un dato menor por todo lo que significa en materia ética y las dudas que presupone la forma y el fondo de los intereses creados de estos empresarios y que por ello la resolución del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) fue negativa. Tanto ha sido la duda y los intereses creados por las cúpulas de poder en uno u otro sentido, que la semana pasada se constituyó una comisión investigadora de la cámara de diputados para investigar el tema en profundidad.
El 12 de enero del 2010 se promulgó la Ley 20.417 que creó el ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente y como la lógica manda en un país tremendamente neoliberal como el nuestro, la ley se concibió desde los intereses empresariales, a partir de la premisa que si beneficia a las empresas por lógica beneficiará a las comunidades y al país. Con este fundamento, se permitio que los EIA fueran realizados por las mismas empresas interesadas y no por un ente independiente como manda la lógica y el sentido común y como se hace en los países desarrollados. Además la ley viene con el impedimento de no poder realizarles auditorías externas a los EIA, lo que en si mismo es altamente sospechoso.
La nueva ley Ambiental creó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para que los proyectos fuesen evaluados en las regiones donde se desarrollarían. Es innegable que fue una gran noticia para el mundo ambiental y se relaciono en esos años a la ley con una forma de descentralizar la toma de decisiones, en comparación con lo que se hacía en el pasado, cuando la CONAMA (Corporación Nacional del Medio Ambiente) era amo y señor de las decisiones y se decidía en Santiago. Pero con el pasar del tiempo nos fuimos dando cuenta que fue solo un espejismo de descentralización, cuando se constató que los SEA regionales solo lo compondrían Seremis de Gobierno y el Intendente, dejando fuera a las organizaciones vivas de representación social como Municipios, Juntas de Vecinos, Comités Campesinos, Cámaras de Comercio, Turismo, Transporte, Corporaciones, Asociaciones y Agrupaciones y eso inmediatamente desbalanceo la ley y dejo la evaluación sin una visión social que este plenamente representada.
La institucionalidad medioambiental que debió haberse transformado en el camino hacia el desarrollo sustentable de las regiones y del país, terminó siendo una herramienta para que las empresas intervinieran los territorios al amparo de una ley de la república poco sustentable. Bajo esta normativa desde el 2010 se han venido aprobando una serie de proyectos que no cumplen con los estándares medioambientales y sociales requeridos y los EIA se transformaron en una diligencia más y no en una evaluación certera y profesional en la búsqueda de la sustentabilidad del proyecto.
Se habla despectivamente que las decisiones cuando son políticas pierden sentido y sustancia y las decisiones deben ser técnicas. Ese discurso es utilizado por los intereses creados de las empresas cuando no logran los objetivos. No olvidemos que proyectos energéticos como HidroAysén y Central Cuervo en Aysén y mineros como mina Invierno en Isla Riesco en Tierra del Fuego, donde las aprobaciones se sustentaron políticamente más que por los resguardos técnicos, porque estos tres proyectos tienen un denominador en común, son tecnología del pasado en el mundo del futuro. HidroAysén y Central Cuervo son proyectos que intervienen ríos con muros de contención y embalses. Mina Invierno es de carbón de pésima calidad, a tajo abierto y considerada la más grande del planeta en operación, en una zona de grandes vientos huracanados.
Toda decisión en cualquier materia de por si es política en uno u otro sentido, los que digan lo contrario o no saben o se hacen los que no saben. Menospreciar el fundamento político de las evaluaciones, es no entender que por obligación deben abarcar también la situación social, cultural, geográfica e histórica del territorio y la comunidad. No basta que un proyecto no contamine para que sea aprobado. Es vital tener claro su relación con el medio, su proyección de desarrollo y si la decisión esta de acuerdo con la proyección de futuro de la comunidad. Todas las variables deben estar relacionadas en armonía y con sentido común; puntos que en el caso de Mina Dominga fueron evaluados por primera vez en la historia de los EIA en Chile y por ello existe consternación en la empresa ANDES AIRES, que pensó que le bastaba con la evaluación ambiental.
Jorge Rodríguez Grossi, el ex Pdte de la Comisión de Energía, dijo hace unos años “ que Chile no debería perder ninguna oportunidad de construir ningún proyecto minero o energético por mucho que contaminaran y destruyeran el territorio y la proyección de las comunidades, que era un lujo que un país subdesarrollado como el nuestro no podía permitirse” es una frase que perdura hasta los días de hoy en las entrañas de la élite empresarial chilena. Bajo ningún supuesto debemos olvidarnos que en esos territorios “donde supuestamente no podemos darnos el lujo de perder ninguna inversión” viven comunidades que deben ser protegidas y donde existe una gran cantidad de flora y fauna que debemos cuidar para la sustentabilidad del país y más si es una Reserva Nacional.
La ley que regula los EIA, no propone bajo ninguna circunstancia una contraparte profesional que represente los intereses de las comunidades. Por estos motivos los EIA omiten la proyección social, el desarrollo comercial de los servicios y las actividades que desarrollan las comunidades en los territorios pretendidos y dejan de lado las circunstancias estratégicamente y es entendible bajo la visión empresarial. Lo que no es entendible que el Estado pierda la noción de esas circunstancias y que la ley medio ambiental no lo considere.
Las empresas intervienen las comunidades años ante de la presentación del EIA, relacionándose con los municipios de una manera poco transparente, contraviniendo la ley. Senadores y Diputados de la zona son tomados por los intereses del proyecto y financian sus campañas por medio de los “aportes reservados” y estos a su vez para garantizar el proyecto, acusan a los contrarios de ser intransigentes y poner el medio ambiente por sobre el crecimiento regional, omitiendo las repercusiones negativas del proyecto, remarcando lo positivo y sacando ventajas políticas en las comunidades para seguir en el congreso. Bajo este alero podemos ver la airada reacción que tuvo el diputado DC Matías Walker, que sospechosamente armó un tremendo escándalo ante la desaprobación de Mina Dominga, donde interpelo al ex ministro de transporte Gomez-Lobos (renunciado hace unos días) diciéndole a la prensa que investigara su actuar en la votación de esa cartera, porque el Seremi de Transporte había aprobado el EIA y posteriormente había votado en contra del proyecto y Walker es un diputado, que su función básica es fiscalizar precisamente estos temas.
Los EIA consideran a las comunidades desechables, poco y nada les interesa la proyección de futuro y la sustentabilidad del territorio. Las empresas justifican esa visión diciendo que pueden sustituir la función del Estado y que ellos mejoran la calidad de vida y eso en la práctica no es así y bajo ningún punto de vista puede ser aceptable esa condición; sino dejemos de pagar impuestos y que administre el país el mundo corporativo internacional.
La mayoría de los mega proyectos pasan del lucro a la codicia con una facilidad abismante y hacen en Chile lo que no pueden hacer en sus países de origen, aplicando técnicas del pasado en el mundo del futuro, abusando de la falta de información, al no permitirseles a las comunidades tener financiación para informarse y asesorarse por profesionales que defiendan sus derechos y entender como corresponde el verdadero significado de la intervención.
Si el Estado cumpliese con su función básica de salvaguardar las comunidades y los territorios y ser un árbitro imparcial entre empresas y ciudadanía, preocupándose por las repercusiones sociales y ambientales que producen las intervenciones, se podrían lograr soluciones reales a las diferentes problemáticas; pero eso no sucede principalmente porque el sistema de representación política en el congreso y en el gobierno, esta intervenida por los intereses de las grandes corporaciones.
