Contraviene tratado 169 y atenta contra derechos de pueblos originarios.

Como una falta gravísima contra los derechos de los pueblos originarios calificó la Ley de Modernización del Servicio Nacional de Pesca, que define pesca ilegal, el alcalde de Tirúa, integrante de la coordinación Identidad Territorial Lafkenche y de Amcam, Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, Adolfo Millabur.

Se refirió expresamente a los aspectos punitivos de la iniciativa del gobierno que, con la excusa de regular la pesca ilegal y  un discurso sobre la sustentabilidad de los recursos, deja a las comunidades originarias fuera de la posibilidad de extraer recursos, como lo han hecho de manera ancestral, para consumo humano, expresó.

Identidad Lafkenche coordina comunidades mapuche, incluyendo las costero pesqueras, desde el Golfo de Arauco a Palena,  mientras que en Amcam participan los alcalde de Renaico, Chol chol, Puerto Saavedra, Currarrehue, Coyhaique, Paillaco, Tirúa, AltoBío Bío y entre 150 y 180 concejales de la etnia.

El proyecto de ley está en el Senado, en segundo trámite constitucional, aprobado en general, y enviado a la Comisión de Constitución en lo relativo a normas con incidencia en materia penal.

Amenaza

Adolfo Millabur dice que está a favor de cuidar los recursos hidrobiológicos, que es muy importante hacerlo, pero no con que: “a propósito de regular la pesca ilegal  en pro de la sustentabilidad vengan a pasar el gol de prohibirle el uso de esos recursos a los que siempre lo han hecho (para sustento), los pescadores artesanales y por cierto las comunidades mapuche lafkenche”.

Analiza que habiendo sido Raúl Sunico,  (ex) subsecretario de pesca  autor intelectual de esta ley, del que quedó demostrado que fue adaptado por la industria, no se puede esperar que la iniciativa respete los derechos de todos, pero sí es oportuno advertir a los senadores y diputados que nuevamente van a legislar con la mancha de corrupción. Les conmina a asumir que están vulnerando el Tratado Internacional 169 porque el proyecto se está tramitando a escondidas del pueblo mapuche. Los mapuche tienen derecho al mar, ellos estaban acá primero que nadie, dice,  y nuevamente no los están considerando y ni siquiera consultando, por lo tanto el proyecto es de una ley desnaturalizada frente a las regulaciones internacionales.

El Convenio 169 de la OIT es un tratado internacional suscrito por Chile que entre otros puntos establece el deber del Estado de consultar medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios.

La propia FAO, en el Informe en el que evaluó la Ley de Pesca, en una de sus recomendaciones le advierte al Estado y al gobierno y al Parlamento chilenos que la Ley de Pesca no consideró el derecho de los pueblos originarios, que hay abundante legislación internacional que obliga a  los estados a incluirlo, sobre todo para la seguridad alimentaria, resalta el alcalde Millabur.

Agudizará conflictos

Estas regulaciones carecen de consulta y las consecuencias van a ser agudizar la falta de una convivencia tranquila en el litoral, alerta Millabur. Hace ver que ya hay conflictos con el uso de la tierra y en los tiempos próximos va a  haber  mayores conflictos y tal vez más duros en materia del mar y  los parlamentarios al crearlos no están siendo  responsables con su propio futuro, con el de Chile, con el de sus hijos, están  sembrando incertidumbre en vez de certidumbres como debería ser.

Denuncia que además ni los parlamentarios que representan la regiones donde viven los pueblos originarios costeros se han dado el tiempo de informar que hay una legislación en debate que está afectando a los pueblos originarios.

Tribunal Constitucional

Añade otro antecedente: “cuando se hizo la Ley de Pesca nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional y hubo votación dividida en el TC de que era necesario consultar a los pueblos originarios. También el Parlamento, el  propio presidente del Senado emitió un informe diciendo que la Ley de Pesca antes de ser aprobada tenía que ser consultada a los pueblos originarios; hay informes de juristas que le advirtieron al Parlamento que era necesario consultar a los pueblos originarios antes de la Ley Longueira, entonces no tenemos mucha duda que esta ley debería ser consultada”.

Futuras acciones

Reconoce que: “la verdad es como Identidad Lafkenche perdimos la fe, la credibilidad y la confianza básica en que este Parlamento pueda hacer algo positivo a favor de los pueblos originarios”. Porque ven, dice, una vocación del Estado, una decisión política, por no respetar los derechos de los pueblos originarios, por no respetar la Ley Lafkenche (20.249), entonces les queda la impresión que, frente a esta ley, deberán recurrir ante el Ejecutivo primero, seguramente ir a tribunales enseguida y si no les va bien en ellos recurrir a Tribunales Internacionales.

Millabur concluye señalando que las paupérrimas condiciones de desprestigio que tiene la política en el país ya no dan para más por lo que cree que los cambios van a pasar por una nueva Constitución que regule los derechos de todos de manera más equilibrada porque ahora el embudo es muy ancho para muy pocos y demasiado estrecho para un gran sector de la población.