Constitucionalmente las transnacionales en Chile no están reconocidas jurídicamente y poseen la nacionalidad de la casa matriz, utilizando empresas de Fachada para no pagar impuestos; como ejemplo tenemos a HidroAysén que es Enel Italia; Energía Austral de propiedad de GlenCore de origen Suizo y de Origen-Energy de origen Australiano; Alto Maipo de las transnacionales del grupo Luksic Aes Gener y Antofagasta Minerals y de Strabag de origen Austriaco.
Por Andrés Gillmore
27 de abril de 2017
En nuestro querido y amado Chile, el 50 % de la inversión productiva es realizada por las transnacionales, en temas relevantes y estratégicos como energía, minería, salmonicultura, pesca industrial, forestales. Lo que se pensó era una estrategia pos dictadura para recuperar el tiempo perdido, lleva 35 años como piedra angular de la “estrategia de desarrollo” y lógicamente algo que se estructuró como pasajero ha terminado por coartar la capacidad de superarnos a nosotros mismos y pujado para que sigamos con el actual subdesarrollo y no logremos porcentajes más altos de independencia productiva y que eternamente sigamos controlados por intereses que no nos representan. Tanto ha sido así, que en la actualidad somos el único país del planeta que ha privatizado su industria nacional, el agua, el mar, los minerales, la salud y la educación.
La inversión de las transnacionales en Chile han sido constantes y por mucho que digan lo contrario los políticos y los gobiernos de turno, no han sido una fuente de beneficio para buena parte de la población y se han beneficiado solamente los intermediarios, respondiendo la pregunta del porqué nuestra sociedad tiene una de las mayores concentraciones financieras y una desigualdad social tan extrema. Si analizamos el desarrollo de las transnacionales en Chile, percibimos que son una fuente constante de agresión social, ambiental y cultural en regiones. Sus intereses producen conflictos sociales, culturales y ambientales y son la causa de mucha de destrucción territorial, frente a la cual las comunidades no pueden defenderse, al no contar con un Estado con la capacidad de defenderlos, por las relaciones asimétricas que tienen con los gobiernos de turno, con parlamentarios y una constitución que protege esos intereses, a cambio que les otorguen beneficios económicos a los parlamentarios y que bajo la mesa financien gobiernos y partidos políticos.
El actuar de las transnacionales se sustenta bajo una perspectiva ideológica del pasado en el mundo del futuro y es una de las causas por la cual latinoamérica no ha logrado salir del subdesarrollo en pleno siglo 21. La naturaleza de estas empresas es distinta de la que puede tener el país ciudadano. La diferenciación se sustenta principalmente en que las transnacionales quieren producir sin importar el costo social, cultural y ambiental; invertir lo menos posible y ganar lo más posible, aunque eso signifique desarrollar proyectos con tecnologías del pasado y destruir las regiones.
Mientras los gobiernos y los políticos pro-transnacionales imponen la forma de analizar y presentar las intervenciones de las transnacionales, los lenguajes de valoración utilizados por las comunidades por lógica son contrarios a los intereses que defienden las transnacionales. Las comunidades no son respetadas constitucionalmente y los políticos que dicen representar las regiones, su función bajo la mesa es facilitarles la vida a las transnacionales y que a cambio les concedan financiación para sus campañas políticas. Como ejemplo de esta triste situación esta lo sucedido con HidroAysén; que usó como discurso de justificación, que Chile quedaría sin energía para consumo residencial si no se construía y que las ERNC eran una falacia. Contó con el respaldo de dos gobiernos: el de la Concertación de Michelle Bachelet y el de la Alianza por Chile de Sebastián Piñera y una serie de parlamentarios tanto de izquierda como de derecha. Cinco años después, las ERNC producen el 58 % de lo que pretendia producir HidroAysén y esta proyectado que en otros cinco años más, el aporte de las ERNC será el total de lo que pretendia producir HidroAysén y a estos intereses no les importaba destruir una región como Aysén con tal de favorecerse.
Las transnacionales se justifican a si mismas como sinónimo de progreso, al contar con grandes capitales de inversión, prometiendo desarrollo productivo, transferencia tecnológica, que según sus intereses de otro modo sería imposible para un país subdesarrollado como Chile accéder y la posibilidad de exportar productos, generar empleos locales, mejorar las condiciones de los trabajadores en comparación con las empresas locales.
Pero en la práctica nada de eso sucede. Las transnacionales manipulan las legislaciones vigentes y al congreso para sacar ventajas comparativas, propician la desigualdad existente en los extremos negativos del formato neoliberal. Se transforman en instrumento de presión en la fuerza de trabajo para bajar sus costos de producción. Debilitan la organización sindical, sobre explotan los recursos naturales, contaminan las regiones y son una herramienta de dominación económica y política. Se apropian de los recursos naturales para controlar los mercados exteriores, eliminan las empresas locales, se aprovechan de los bajos sueldos para aumentar sus ganancias y hacen todo lo que no pueden hacer en su país de origen.
En términos financieros, drenan las reservas por la excesiva remisión de las utilidades a sus orígenes, distorsionan la producción con tecnologías inapropiadas como el extractivismo y para salvaguardar sus intereses coartan la capacidad de darle valor agregado a los recursos naturales. Financian universidades y cursos de magíster y doctorados para imponer su ideología por medio de un seudo saber científico, manipulado hacia sus intereses, determinando patrones de conocimientos poco certeros y estimulando consumos poco adecuados en la población y terminan inmiscuyéndose en política interna.
Constitucionalmente las transnacionales en Chile no están reconocidas jurídicamente y poseen la nacionalidad de la casa matriz, utilizando empresas de Fachada para no pagar impuestos; como ejemplo tenemos a HidroAysén que es Enel Italia; Energía Austral de propiedad de GlenCore de origen Suizo y de Origen-Energy de origen Australiano; Alto Maipo de las transnacionales del grupo Luksic Aes Gener y Antofagasta Minerals y de Strabag de origen Austriaco.
Las transnacionales crearon el AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones) del cual Chile es miembro por pertenecer a la OCDE; estrategia desarrollada para favorecer la inversión extranjera en países subdesarrollados, garantizandoles a las transnacionales que sus ganancias sean intocables. Este acuerdo vigente desde 1995 en el marco de la OCDE, explican el porqué un país tan subdesarrollado como Chile fue incorporado en esta organización.
El AMI contempla medidas de eliminación de requisitos para los asociados y que las transnacionales no estén obligadas a contratar trabajadores locales, a usar materiales nacionales y mantener las inversiones por un período mínimo de tiempo. Los gobiernos no pueden regular la entrada y salida de los capitales y dictar normas para desfavorecer la especulación financiera que desarrollan y no pueden expropiarse sus intereses. Según el protocolo AMI, una ley de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, la protección de los derechos laborales, pueden ser considerados como una expropiación de sus derechos y pueden demandar por cortes eléctricos, falta de control interno, por represión del gobierno ante una huelga y por protesta de sus trabajadores por mejores condiciones laborales.
Chile de una manera u otra, debe crear las condiciones para crear un relacionamiento armónico y balanceado con las transnacionales. Si queremos sustentabilidad y desarrollo y no solo crecimiento, debemos crear esas condiciones. Si no, pasarán 50 años más y seguiremos tan subdesarrollados como en la actualidad.
