El presidente de Salmonchile, consultado sobre los espacios costero-marino para los pueblos indígenas, ahora dijo a Pulso.cl que «el problema es crítico, pero no todos se han dado cuenta del problema real. Se necesita una decisión”.
Santiago, 12 de julio de 2017. (radiodelmar.cl)– El gran empresariado chileno de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), están moviendo todas sus piezas para debilitar la llamada Ley Lafkenche (N° 20.249) que creó el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (Ecmpo) y logró resguardar el acceso a las playas por parte de las comunidades indígenas, tal como lo realizan desde tiempos inmemoriales y es un derecho consuetudinario ampliamente reconocido por las leyes internacionales y las costumbres locales.
Las patronales CPC y Sofofa hicieron ver al gobierno, a traves del gerente general de la CPC, Fernando Alvear, que la Ley Lafkenche «está afectando la inversión porque provoca varios problemas”, informa el diario Pulso.cl.
Por su parte el heredero de la familia Matte, Bernardo Larrain, ahora presidente de la Sofofa, defendiendo los intereses de la industria salmonera en Magallanes se preguntó irónicamente «¿Cómo mejoramos la aplicación de la Ley Lafkenche?».
Otro de los que ha hablado en contra de la Ley Lafkenche ha sido el presidente de la patronal salmonera, Felipe Sandoval. Hace unas semanas en un seminario sobre uso de antibióticos en las salmoneras, Sandoval señaló que además del tema de los antibacterianos el otro gran problema que debe enfrentar la acuicultura industrial es la Ley Lafkenche que le está impidiendo su expansión, que ellos disfrazan como relocalización.
El presidente de Salmonchile, consultado sobre los espacios costero-marino para los pueblos indígenas, ahora dijo a Pulso.cl que «el problema es crítico, pero no todos se han dado cuenta del problema real. Se necesita una decisión”.
Para los salmonicultores, el problema que les genera la Ley Lafkenche radica en que se han congelado la entrega de nuevas concesiones para la relocalización. En el caso de las sanitarias y eléctricas, explican conocedores, la norma ha dilatado la construcción de ductos que desembocan en el mar y que cuentan con permisos ambientales
