La actual ley de pesca y acuicultura es hija del financiamiento ilegal de política, en donde las patronales y empresas pesqueras y salmoneras industriales financiaron campañas parlamentarias de manera transversal, que en la actualidad tienen bajo investigación en los tribunales competentes a mas de 30 parlamentarios, y procesado por cohecho al Ministro de Economía del Gobierno de Piñera, Pablo Longueira.
Valparaíso, 23 de octubre de 2017 (Ecoceanos News)– Pescadores artesanales pertenecientes a organizaciones de base de las tres Confederaciones Nacionales de la pesca artesanal chilena se reúnen hoy en un inédito acto en la emblemática Caleta Portales de Valparaíso, con el fin de reflexionar y acordar un accionar unitario para incidir en los cambios normativos que permitan enfrentar la corrupta Ley de Pesca y Acuicultura.
Esta reunión autoconvocada por las bases de la pesca artesanal chilena,- sindicatos, asociaciones gremiales, cooperativas, federaciones regionales y provinciales-, constituye una primera señal coordinada frente a la industria pesquera y el Estado chileno con posterioridad a la viciada promulgación de la denominada “Ley Angelini-Longueira de privatización pesquera” (2013).
Perspectivas de unidad para la lucha supera legítimas diferencias en la pesca artesanal chilena
El sector pesquero artesanal chileno es altamente diverso, encontrándose en una aguda crisis ambiental, económica y social, agudizada por la implementación de esta normativa. El elemento central que gatilla este histórico proceso de articulación para la acción, es el carácter ilegítimo y corrupto de la ley pesca y acuicultura. Importante es señalar que el diseño de la actual ley de pesca se inicia al finalizar la dictadura cívico-militar, mediante la frustrada ley de pesca del almirante Toribio Merino, la cual era parte integral de las negociaciones para dejar operando leyes de “amarre” en un contexto de precariedad democrática.
Los posteriores gobiernos civiles de la Concertación (Frei – Lagos), realizaron modificaciones al cuerpo normativo pesquero con el objetivo de sentar las bases y consolidar el modelo productivo neoliberal y de negocios de la pesca y salmonicultura industrial. Ello generó abusivos derechos transitorios de propiedad sobre los recursos renovables (peces) que tenían carácter de bienes públicos, asociados a una agresiva y excluyente concentración económica e integración vertical, la que terminó el 2013 con la privatización de las pesquerías nacionales y su propiedad en manos de siete conglomerados familiares-empresariales que dominan este tercer sector económico del país.
De Piñera a Bachelet
Durante el Gobierno de Sebastián Piñera, se impuso corruptamente el modelo productivo-exportador y de negocio vinculado a los intereses de los grandes conglomerados pesqueros y acuícolas industriales. Esto se concretó a través de una operación parlamentaria basada en la coima y cohecho, la cual expropió sin compensación alguna las valiosas pesquerías nacionales, entregando a siete conglomerados familiares-empresariales derechos perpetuos de propiedad sobre las cuotas de pesca y los territorios marino-costeros y aguas continentales en el caso de la salmonicultura industrial.
La actual ley de pesca y acuicultura es hija del financiamiento ilegal de política, en donde las patronales y empresas pesqueras y salmoneras industriales financiaron campañas parlamentarias de manera transversal, que en la actualidad tienen bajo investigación en los tribunales competentes a mas de 30 parlamentarios, y procesado por cohecho al Ministro de Economía del Gobierno de Piñera, Pablo Longueira.
Por su parte, Michelle Bachelet en su campaña presidencial se comprometió públicamente a que durante su gobierno se pondría fin a la pesca de arrastre y se realizaría una profunda revisión de la ley de pesca y acuicultura. Durante su actual gobierno se logró involucrar a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) para la revisión de la cuestionada ley y proponer modificaciones con posterioridad a cuestionadas consultas con sectores de la pesca artesanal. Por su parte, en enero del 2016, la Coordinadora Social para la Defensa del Mar y diputados lograron que la Cámara de Diputados declarara admisible el proyecto de ley para anular la ley de pesca y acuicultura por graves faltas a la probidad.
Durante este trabajoso proceso, se hizo público los aportes financieros que realizaban las grandes empresas pesqueras industriales del Bío Bío a los senadores regionales y a la esposa del Subsecretario de Pesca Raúl Súnico, lo que implicó su renuncia al cargo. Esto dejó inconclusa la revisión gubernamental de la ley de pesca y acuicultura. Paradojalmente, el actual ministro de economía Jorge Rodríguez, señaló de manera displicente que la revisión de la actual ley de pesca y acuicultura NO estaba dentro de las prioridades legislativa del ejecutivo, traspasando esta decisión al próximo gobierno.
El fantasma de la corrupción pesquera recorre los pasillos gubernamentales, parlamentarios, partidarios y sindicales
El escenario que condiciona el proceso de lucha por la revisión y anulación de la ley de pesca y acuicultura es la transversal corrupción de origen empresarial que afecta a los diversos actores sectoriales. Ejemplo de ello son los correos electrónicos del 24/12/2012, y 23/08/2013 de Valeria Carvajal, gerente de la Federación Gremial de Industrias Pesqueras de la Macro Zona X, XI y XII regiones (FIPES), la que agrupa a las mega pesqueras Frio Sur (familia Del Río, financista del PDC), Pesquera Empresa de Desarrollo Pesquero (Emdepes,transnacional japonesa Nissui) y la ex transnacional española Pesca Chile, donde se adjuntan los estados de cuenta corriente de FIPES, en los cuales se consignan financiamientos y/o pagos al Senador Patricio Walker (PDC), al actual Diputado Iván Fuentes ( Independiente/ PDC),y también pagos de gastos a organizaciones de pescadores artesanales (Conapach y Corfapa), así como a algunos dirigentes como Zoila Bustamante, y Jorge White, presidenta y ex tesorero de Conapach; Ivan Fuentes y Misael Ruiz, presidente y secretario de Corfapa, junto a los dos principales asesores de dichas organizaciones Cristian Tapia y Rodrigo Azócar, respectivamente..
Lo anterior evidenciaría la preocupante situación de la influencia del empresariado pesquero , acuícola y salmonero sobre sectores de las organizaciones pesqueras artesanales chilenas, surgiendo la legítima duda sobre si habrían otras empresas de la pesca industrial y salmonicultura que hayan favorecido, o favorezcan a otros dirigentes nacionales, o a sus asesores?
Entre los diversos gobiernos civiles post-dictadura cívico-militar no ha existido la voluntad política e interés por desarrollar un proceso participativo informado a nivel nacional, para la construcción de una ley de pesca y acuicultura democrática, popular, equitativa y sustentable, con una institucionalidad pública concordante,para establecer un modelo de desarrollo productivo y social de la pesca artesanal chilena, que dé cuenta de su historia,diversidad cultural y productiva,así como de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad acuática y las pesquerías nacionales.
Por el contrario, se continúa imponiendo mediante la falta de transparencia, corrupción y los hechos consumados, un modelo neoliberal extractivista-exportador, de plena transabilidad de los recursos en los mercados y bolsas de comercio nacionales e internacionales. En el, los peces, moluscos, crustáceos y algas son vistos como “commodities” plenamente transables y concentradas en pocas manos para la maximización de las utilidades en el corto plazo.
Es por eso, que la jornada de organizaciones de base de las tres confederaciones nacionales de la pesca artesanal, que se autoconvoquen a
Por ello constituye un hecho trascendente la reflexión unitaria de las organizaciones de base de las tres confederaciones nacionales de la pesca artesanal sobre el destino de la actual ley de pesca y acuacultura, lo cual supone al menos dos puntos en consenso:
- Que es ambiental, económica y socialmente urgente una profunda discusión participativa e informada sobre la ley general de pesca y acuicultura y su institucionalidad,ya que las modificaciones realizadas sólo constituyen un maquillaje que sigue beneficiando en los aspectos de derechos de propiedad, acceso y uso a la pesca industrial.
- Cuestionamiento el accionar de la dirigencia nacional y asesores de más de una confederación nacional con respecto de su real independencia y autonomía de los intereses del empresariado pesquero y acuícola industrial.
La sociedad chilena guarda expectante las conclusiones y propuestas para la acción de corto plazo provenientes de este encuentro unitario de la pesca artesanal, que permita avanzar en la lucha por la defensa de la madre Mar, sus recursos y biodiversidad, la justicia social y la soberanía alimentaria.
Valparaíso, 23 de octubre del 2017
