· Director regional Claudio Aguirre emitió tres oficios donde rechaza las solicitudes realizadas por la Agrupación Aysén Reserva de Vida, la Corporación Costa Carrera y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén con relación a las prospecciones mineras Terrazas, Katterfeld y Santa Teresa.
Aysén, 21 de marzo de 2018 (radiodelmar.cl)– Un insólito argumento utilizó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén para rechazar una solicitud de participación ciudadana en el marco de la evaluación de tres declaraciones de impacto ambiental (DIA) que buscan la instalación de 300 plataformas de exploración minera en tres comunas de la región. Los requerimientos fueron presentados el 15 de febrero por la Agrupación Aysén Reserva de Vida (ARV), la Corporación Costa Carrera y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa).
Se trata de las DIAs de la prospección «Terrazas» de la compañía Red Hill en la comuna de Río Ibáñez, que junto a «Santa Teresa» en Lago Verde y «Katterfeld» en Coyhaique, ambas de El Toqui, representa una nueva ofensiva minera en la Patagonia.
En un oficio fechado el 8 de marzo, a solo tres días del término del gobierno de Michelle Bachelet, el director regional del SEA, Claudio Aguirre Ramírez, notificó el rechazo de las peticiones, siendo esta una posibilidad establecida en el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El motivo esgrimido fue que la instalación de plataformas en las zonas señaladas no generarían «cargas ambientales», las cuales se entenderían como «beneficio social» y «gravámenes a los habitantes de la localidad donde se realiza», debiendo en su interpretación ocurrir obligatoriamente ambas condiciones.
Para justificar esta medida el funcionario señala que el concepto de beneficio social es «la utilidad directa que un determinado proyecto o actividad le entrega a la sociedad, utilidad que se debe analizar a la luz del objetivo particular de cada proyecto o actividad, confrontado con las necesidades básicas de la comunidad o localidad próxima afectada, es decir, uno de los objetivos del proyecto debe ser, satisfacer necesidades de carácter colectivo que se traduzcan en una mejora del nivel de bienestar social o condiciones de vida de las comunidades próximas. En este sentido, no se trata de la generación de cualquier beneficio, ni de un beneficio económico para un titular o para una determinada persona o grupo, o de la generación de empleos, sino que de una característica inherente a determinadas obras y actividades que satisfacen directamente dichas necesidades básicas de la sociedad». Y como cada uno de los proyectos sobre los cuales se solicitó participación ciudadana «no genera beneficios sociales para las comunidades próximas», al ser perforaciones en el suelo para sondajes mineros, no se satisfarían necesidades básicas de la comunidad. Por ende, procedió al rechazo del requerimiento.
«Llama la atención la forma en que interpreta el director regional el concepto de cargas ambientales, donde la comunidad no puede participar en la evaluación de una iniciativa que impacta el territorio simplemente porque no conlleva beneficio alguno para ella. No solo es insólito, sino además irresponsable» expresó el presidente de la Agrupación ARV, Peter Hartmann.
Por su parte, el presidente de Codesa Patricio Segura señaló que «sería muy grave que esta forma de leer la norma, con una mirada pro empresa y no pro ciudadanía ni cuidado del medio ambiente, que es el mandato del Servicio de Evaluación Ambiental, se esté aplicando en todo el país. Es, en realidad, una vergüenza».
De esta forma, «las comunidades que viven en sectores aledaños a estas exploraciones no podrán informarse, participar, realizar observaciones en el proceso de evaluación. Es decir, seguirá el desarrollo de este tipo de iniciativas a espaldas de la comunidad. Parece que no hemos aprendido mucho de los conflictos socioambientales de los últimos años».
El jueves 16 de marzo, las organizaciones presentaron un recurso de reposición para revertir la medida.
¿Gobierno en Aysén pro minería extractiva?
Esta decisión se suma a la negativa de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Aysén de paralizar el proceso de evaluación de la DIA de un proyecto de la cuestionada Compañía Cerro Bayo que busca rehabilitar los túneles de mina Javiera, abandonada en 2008. La faena, ubicada a pocos kilómetros de Bahía Jara y de la costa del Lago General Carrera, hoy se encuentra completamente inundada, contemplando la iniciativa la extracción de 580 mil m3 de agua para depositarlos en la laguna Salitrosa (conocida en el sector como Salmonosa o Escondida), cuyo volumen actual es de 330 mil m3.
El 27 de septiembre de 2017 la Agrupación ARV, Codesa y Costa Carrera ingresaron un recurso de invalidación en contra de la tramitación ambiental, argumentando que por afectarse humedales y áreas bajo protección ambiental oficial procedía exigir estudio de impacto ambiental y no solo una declaración. Sin embargo, en un oficio del 30 de enero, la CEA (presidida por la ex intendenta Karina Acevedo) argumentó, sin entrar al fondo de la solicitud, que dichas organizaciones no tendrían la calidad de interesados -a pesar de ser entidades que por estatutos buscan proteger la integridad ambiental de Aysén- por tanto no podrían hacer tal exigencia.
Ante esto, se presentó un recurso de reposición, el cual aún no ha sido resuelto.
El proyecto mina Javiera está en proceso de evaluación, teniendo plazo hasta el 9 de octubre de 2018 para responder las observaciones que le hicieran los servicios públicos. Esto luego que el SEA de Aysén aceptara una solicitud de prórroga de Cerro Bayo, con lo cual será el gobierno de Sebastián Piñera el que dirimirá su viabilidad ambiental.
La iniciativa se ubicaría al interior del Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara, considerado «un área con valor ambiental relevante» cuyos cuerpos hídricos «como la mayoría de los humedales, corresponden a sistemas frágiles de carácter temporal, muy sensibles a cualquier intervención antrópica, al poder provocar desequilibrios en el ecosistema». Esto ha llevado a la ciudadanía a requerir la realización de un estudio de impacto ambiental y no solo una declaración.
