Muchas son las empresas interesadas en los minerales de Aysén. Especialmente son compañía de origen canadienses y Australianas las que se allegan a la región, porque en nuestro territorio pueden hacer todo lo que no pueden hacer en sus países, sin las respectivas y adecuadas fiscalizaciones que Sernageomin hace caso omiso de hacer ante la presión de La Moneda.
Por Andrés Gillmore
30 de octubre de 2018
Según las estadísticas del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) indican que existen 635.802 hectáreas entregadas a la minería en la actualidad y que son miles las concesiones mineras que están entregadas a un grupo reducido de particulares, que no buscan explotar esos derechos, sino que transarlos a otros interesados.
El tema de las concesiones mineras ha entrado al escenario regional y se transformo en un par de semanas en la gran problemática ambiental del momento, como lo fue en su momento HidroAysén y Energía Austral, que pretendían represar los ríos más emblemáticos de la región, como el Baker y el Pascua en el sur y el Cuervo y el Blanco en el centro costero y destruir la calidad escénica y ambiental de la región como un todo.
Estas mismas transnacionales energéticas, fueron las que solicitaron concesiones mineras en el tendido eléctrico para transportar la energía al norte del país como parte del proyecto y lo solicitaron bajo cuerda como medida de defensa y inversión futura y que sabían les otorgaría grandes dividendos económicos estas concesiones mineras del subsuelo, que abarca todo el tendido eléctrico que pasaría por Aysén si se hubieran concretado los proyectos energéticos. Tema que en su momento tuvo muy preocupados a los habitantes de la superficie y que era un tema que entendian sobre la problemática minera que se venía a la región y se estudiaba como llegado el momento se podría enfrentar de manera profesional a estas grandes empresas transnacionales mineras, por el posible uso indiscriminado del subsuelo, que le provocaría en un futuro no tan distante, un daño invaluable al patrimonio ambiental y social y de paso afectando la proyección de las comunidades involucradas, que se sustentan en la calidad ambiental y escénica que se desarrolla en la superficie, en las actividades agrícolas, ganaderas y turísticas.
Las explicaciones entregadas por las transnacionales a los pobladores en algunas reuniones que se han realizado no han sido satisfactorias y más que nada todo se ha posicionado al lobby descarado y descarado que ha realizado el senador UDI por Aysén, David Sandoval Plaza, que esta vez se ha sacado la careta totalmente y se ha transformado en el representante de las transnacionales mineras y salmoneras en la región y por lógica a futuro de las forestales no tengo duda alguna. Segun fuentes de Sernageomin, han prometido liberar algunas concesiones que rigen el subsuelo regional en la actualidad, pero los dichos no han sido confirmados en forma oficial y sin ningún documento que avale la intención y dado el escenario actual lo dudo mucho.
La situación es complicada para la región porque se entiende -y en esto estamos claros-, que existen una gran cantidad de empresas transnacionales mineras que tienen como objetivo intervenir el subsuelo de la región a como dé lugar para extraer sus recursos naturales, sin tomar en cuenta a los pobladores, las comunidades y sus emprendimientos y que además cuentan con un poderoso aliado como lo es el gobierno y un senador UDI para ir por el subsuelo regional.
Esta realidad significa en la práctica, que si algún emprendedor turístico, agrícola o ganadero que está hace décadas estaba trabajando y sustentándose en sus respectivas actividades, pretendiera emprender un nuevo proyecto o aumentar el que tiene, tendría que amoldarse a las concesiones mineras y no a la inversa, simplemente porque la ley no lo permitirá, al poner los intereses del subsuelo antes que el de las actividades que se realizan en la superficie.
De acuerdo con las prioridades actuales bajo el marco jurídico que nos rige, las comunidades y los emprendedores tienen todas las de perder ante el poder de las mineras y se transforma en una tremenda injusticia en una región como Aysén, que vive y se proyecta históricamente de lo que se realiza en la superficie y que depende de la calidad escénica y ambiental del territorio regional.
La ley de concesiones mineras es abusiva en todo sentido, dando prioridad a sus procesos en una fase previa de exploración de muy alto rango, para después utilizar los recursos. Amparadas en la ley minera, estas empresas transnacionales tienen la facultad de congelar un sin número de proyectos que puedan tener los dueños del terreno en la superficie en cuestión y por consiguiente y dado el espíritu regional que no se entrega ante las arbitrariedades que tengan que ver con el territorio; el choque de intereses es de relevancia, si consideramos que la minería destruye y contamina todo lo que toca, en una región como Aysén, habitados por pobladores que aman su región por sobre todas las cosas.
Hace unos años hablábamos de desarrollar la capacidad de anticipar el movimiento de las transnacionales mineras para proteger la superficie regional de los innumerables emprendimientos que se desarrollarían las mineras y que obstaculizarian a los habitantes del mundo rural; pero como sucede siempre en estos casos, fue solo una conversación luego de la gran batalla ganada en contra de HidroAysén y todo pasó al olvido y de sopetón nos encontramos con la triste realidad, que este gobierno quiere transformar la región y la cuenca del lago General Carrera, en una Zona de Sacrificio minero y eso en si mismo es una aberración.
El código minero actual tiene un peso legal muy fuerte y le entrega mucha prioridad, que no duda en utilizar todo su poder para aplastar a las comunidades que se interponen en sus intereses y utiliza a senadores como Sandoval Plaza que son afines a sus intereses para lograr sus objetivos a como de lugar. Basta con ver el tema del agua y el desarrollo minero en el norte del país y sus nefastas implicancias para esas comunidades y lo que realizan estas empresas mineras para asegurar determinados emprendimientos y que cuentan con la capacidad de frenar proyectos que no se relacionen con sus intereses.
El ex-senador por Aysén Antonio Horvath Kiss (RN) al final de su mandato, estaba muy consciente y preocupado por el choque que se desataría en Aysén ante los intereses de las comunidades por la llegada de las transnacionales mineras y ni corto ni perezoso, presentó en el Congreso nacional una reforma a la ley del código minero, para proteger las zonas turísticas, ganaderas y agrícolas que caracterizan a Aysén de norte a sur y de cordillera a mar. Entendiendo que las zonas mineras no solo abarcan el norte del país como lo fue en el pasado histórico de Chile y que en la actualidad esos intereses han llegado a los territorios australes como Aysén y Magallanes ante la destrucción y la contaminación del norte de Chile por esta industria y se hacía urgente mejorar la ley, para hacerla armónica y sustentable con la realidad regional y su proceso de desarrollo.
Muchas son las empresas interesadas en los minerales de Aysén. Especialmente son empresas de origen canadienses y Australianas las que se allegan a la región, porque en nuestro territorio pueden hacer todo lo que no pueden hacer en sus países, sin las respectivas y adecuadas fiscalizaciones que Sernageomin hace caso omiso de hacer ante la presión de La Moneda. En la actualidad tenemos a la empresa Gold Corporation, que tiene una concesión de 21 mil hectáreas en las comunas del sur de Aysén, Chile-Chico y Cochrane. La Anglo-Canadiense Patagonia Gold, que explora desde el año 2006 20.500 hectáreas cerca de la capital regional Coyhaique, en el sector del lago Pólux, Castor y Thompson; tenemos a la empresa Red Hill que compró la Mina El Toqui y que explora 5 mil hectáreas en el río Ibáñez en la cuenca del lago Carrera, sumándose a la Compañía de aceros del Pacifico (CAP), que cuenta en la actualidad con más de 60 mil hectáreas para explotar hierro en sectores cercanos al litoral aysenino.
