El Estado al tener vigencia, más que un problema para el emprendimiento privado, tiene la capacidad de fundamentar leyes y normar las prácticas comunes de la producción, integrando la identidad social, estableciendo acciones colectivas con procesos unificadores, reduciendo la multiplicidad social, otorgando representación política con identidad y identificación de los requerimientos para la proyección del país.
Por Andrés Gillmore
Sociólogo, Past-Director Corporación Costa Carrera.Aysén
04 de julio de 2019
El concepto de soberanía se refiere al control político que se ejerce en las distintas formas de asociación humana, ante la existencia de un gobierno que se apoya en la racionalización jurídica del poder. Soberanía implica la incorporación de legitimidad, que va en contraposición del uso arbitrario del poder, implicando por eso mismo la transformación de la fuerza en un poder legítimo en el poder del derecho de una sociedad.
Uno de los grandes problemas que tenemos a nivel país en la actualidad, es que no tenemos una estrategia de integración territorial que permita un desarrollo consecuente y que nos permita relacionarnos productivamente con los recursos naturales, con criterios objetivos y bajo una visión soberana de la situación. Este caldo de cultivo en extremo ideológico en forma y fondo, ha desarrollado un centralismo sin equidad, truncando las posibilidades de crecer sustentablemente, creando un vacío en la integración regional de los formatos estratégicos al no poseer objetivos comunes, que posibiliten resguardar la diversidad cultural en los formatos productivos. La necesidad de un Estado más soberano y menos subsidiario como el actual, se hace cada día más urgente para salvaguardar los recursos naturales, desarrollando una visión más soberana, que a la postre nos serviria para rentabilizar la forma.
Desde la perspectiva de integración regional en lo que a formatos de desarrollo se refiere, los objetivos están muy relativizados en su concepción; falencia que esta directamente relacionada con el hecho que el Estado es solo de carácter nominal, sin conferirle al país la unidad que necesita, creando vacíos extemporáneos, sin entenderse que la integración es el principal articulador del desarrollo, como base de sustentación de una política social con proyección de futuro.
Sin un Estado soberano en derechos y deberes, la sociedad tiende a perder su proyección social, dispersando sus objetivos al no estar vinculados y no contar con una representación real de los intereses ciudadanos. La jurisdicción del deber social debe poder estar en un todo organizado y complementado bajo el fundamento del Estado del todo social, sin el, una sociedad no es más que una masa informe a merced de los intereses de las grandes corporaciones internacionales que actúan en el país y eso es lo que es en la actualidad Chile.
Esto no quiere decir que el Estado deba ser el único sustento de la sociedad y que el desarrollo de los privados deba de considerarse como los amantes del neoliberalismo discursan para justificarse ante la opinión pública; pero es indudable que si buscamos sustentabilidad, este debe ser fundamentado bajo criterios de desarrollo con sentido común, con un Estado que vele responsablemente por el buen uso de los recursos naturales. Sobre todo en un país como Chile, donde todo se sustenta básicamente en la explotación de estos recursos y nada más.
El Estado al tener vigencia, más que un problema para el emprendimiento privado, tiene la capacidad de fundamentar leyes y normar las prácticas comunes de la producción, integrando la identidad social, estableciendo acciones colectivas con procesos unificadores, reduciendo la multiplicidad social, otorgando representación política con identidad y identificación de los requerimientos para la proyección del país.
La preocupación por el medio ambiente ha estado presente en todas las etapas del desarrollo de la humanidad, desde el mismo derecho griego, pasando por el romano y el bizantino hasta la misma actualidad. El medio ambiente es lo que reconocemos como todos los recursos naturales que tiene un país para satisfacer sus necesidades y en base a ello construir su progreso. Su importancia es tan relevante para el buen hacer, que desde la revolución industrial, ha sido objeto de protección por parte de los países desarrollados, que entendieron que su buen uso soberano garantiza proyección de futuro; por ello desde esos tiempos que se tienen consideraciones de protección, basados en los derechos fundamentales de su uso responsable y protegidos por la Constitución haciéndolos soberanos.
A partir de la revolución industrial, las acciones humanas adquirieron características cuyos efectos se empezaron a notar de manera negativa en la realidad social de los países subdesarrollados. Haciendo que el tema ambiental que en un principio fuera de naturaleza territorial, se haya transformado en regional y posteriormente en planetario y no este circunscrito solamente a un determinado territorio en particular como muchos creen o nos quieren hacer creer. Las emanaciones y los vertimientos tóxicos en el territorio de una determinada comunidad, terminan por afectar la región de origen, el país y los países vecinos y con el tiempo las problemáticas unidas con otras, terminan abarcando continentes enteros si no saber actuar.
En Chile lamentablemente hemos relegado la política ambiental a normas de menor jerarquía y hemos destruido gran parte del territorio nacional, para que los intereses creados de las empresas extranjeras puedan utilizarlos a voluntad, creando una pseudo desarrollo que poco y nada es traspasado a las comunidades. En la actualidad tenemos un vacío en lo que supone debe ser la responsabilidad del Estado ante sus funciones básicas, que entre otras cosas, es verificar concienzudamente que se respeten las normas y los protocolos ambientales y fiscalizar cómo operan los medios productivos que explotan los recursos naturales.
Históricamente el modelo neoliberal ha posibilitado que perdamos la oportunidad de desarrollarnos con sustentabilidad y proyección de futuro, depredando sistemáticamente y actuando sin previsión ambiental de desarrollo, bajo la jurisdicción de un Estado ausente, que abdicó de velar por estos intereses y que a fin de cuentas pertenecen a todos.
Si bien la actual Constitución reconoce y regula los recursos naturales como patrimonio nacional, es de necesidad urgente ampliar el uso responsable, sustentable y soberano; replanteando totalmente su preservación y propiedad, ampliando su visión ilimitada y economicista, de lo que verdaderamente representan los recursos naturales para el desarrollo sustentable.
