Ya no se trata de poner la bota encima, sino de entrometerse en las comunidades, crear algunas a la carta, aclimatarlas y, luego, batir los paños a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación para legitimarlas como las únicas y auténticas porque son amigas del colono. Con eso logran carta de naturalización y abren el espacio para el negocio de la conservación, de la humillación y el sometimiento. Ya nos cuelgan en sus páginas web. Los nuevos yanaconas somos ahora digitales y globalizados de la mano de los colonialistas verdes.
Por: Juan Carlos Tonko Paterito
Presidente
Comunidad Indígena Kawésqar Residente en Puerto Edén
Los que visitan Magallanes y sus cafés y hoteles del casco histórico pueden detenerse a observar la profusión de imágenes y fotografías de indígenas que adornar paredes, vigas y pilares. Con frecuencia son fotografías preparadas por etnógrafos de principios del siglo veinte que ordenaban los cuerpos conforme a sus patrones culturales eurocéntricos. Aclimataban la foto, de una manera parecida a los jardines de aclimatación que se usaban en las capitales metropolitanas para exhibir a los ejemplares indígenas exóticos, con funestas consecuencias; ya se sabe. La mirada colonial de esos años era así. Elegían a su indio, lo capturaban, le armaban un relato, lo ‘inmortalizaban’ en recuerdos fotográficos o, simplemente, se lo llevaban a recorrer el Mundo para mostrarlo como un patrimonio de su captor y una rareza digna de observar.
La historia se repite como farsa. Hoy pasan cosas parecidas, en ritmo digital. Allí el colonialismo tricolor, hoy el colonialismo verde. Desde poco más de un año han aparecido las más variopintas organizaciones de ambientalistas en Magallanes. Luego de la donación Tompkins, hubo una algarabía que llega hasta hoy día de interesados por tener su parte en la nueva repartija del territorio magallánico, incluyendo su indígena por ahí, pero que moleste poco y ojalá ni se aparezca por ese mismo territorio. En un día reciente pudimos conocer un mapa de este territorio presentado en un seminario capitalino, en el cual aparecía con la más absoluta claridad el nuevo reparto. Una ONG aquí, otra allá, otra que cubre todo, pero deja parte. Notable benevolencia por el futuro de la Patagonia y sus gentes. La verdad, no nos sorprendimos. Ya sabíamos que esto del conservar es también un negocio. Un personero de una de estas organizaciones se despachó la perla de que Magallanes debe ser “un refugio climático”. ¿Para quién? Para alguien más será que no seremos nosotros. Una cosa que le pedimos a estas organizaciones es que no nos hagan comulgar con ruedas de carreta. Que de comuniones falaces sabemos mucho y por mucho tiempo.
En los últimos días se conoció la noticia, acompañada de escándalo, de que una compañía salmonera mentía en sus reportes sanitarios. Bueno, tampoco nos sorprendió. La verdad es que fue por este tipo de prácticas que nuestra comunidad se opuso frontalmente desde el año 2011 a que en el Parque Nacional Bernardo O’Higgins se instalaran concesiones salmoneras. Lo hicimos solos, sin apoyo ninguno de estas mismas organizaciones, quienes tenían por esos años su propia tarea apoyando la Ley Longueira. Veníamos, además, saliendo del otro escándalo, el de la crisis del virus ISA, y no íbamos a hipotecar nuestro territorio tradicional a esas mismas prácticas. Lo que el actual escándalo muestra, sin embargo, es algo más y es que los empresarios salmoneros siguen sin dar el ancho para administrar una industria tan compleja como ésta. Es, por ello, urgente que la Autoridad adopte decisiones para que el gobierno corporativo de estas compañías esté sujeto a los más amplios estándares de transparencia en sus operaciones, dado que ellas hacen uso de espacios y bienes públicos, algunos de ellos territorios tradicionales de las comunidades indígenas de la región.
Pero, este mismo escándalo muestra la otra cara del mismo asunto. No es para nadie desconocido que la misma empresa gozaba de certificaciones avaladas por estándares establecidos por organizaciones de ambientalistas. Se trata de organizaciones transnacionales que encontraron que la mejor forma de mejorar las prácticas de las empresas era venderles una certificación cuando esas empresas se adherían voluntariamente a tal estándar. Así apareció primero el estándar del Marine Stewardship Council, MSC, aplicable a las pesquerías, y luego el estándar del Aquaculture Stewardship Council, ASC, obviamente aplicable a la acuicultura. Pero, los empresarios tienen esa propensión a ocultar sus verdades. Y cuando la mentira se descubre, dañan a todos. Y las ONG que armaron este negocio de las certificaciones guardan silencio sobre su rol en el mismo escándalo o se enrocan en una lucha por quién grita más fuerte para esconder sus propias vergüenzas. No pudimos dejar de averiguar cómo es que se armaron estos estándares. Ahí si que nos sorprendimos. El famoso MSC viene de un grupo de Greenpeace que, habiendo llegado a un acuerdo con la transnacional de los alimentos, Unilever, por allá por mediados de los años 1990 boicoteó al aceite de pescado provenientes de pesquerías del Mar de Norte para, así, obligar a las compañías pesqueras a adherirse al estándar armado entre ellos y esa transnacional. De ahí viene el negocio de estas certificaciones verdes. Sabido eso, nos quedamos estupefactos; no sea cosa que… estemos en medio del armado de un nuevo negocio y seamos los dolientes de la cuenta. Vale la duda.
Por eso nos preocupa este nuevo imperialismo verde. Desde la aparición de la República en Magallanes que venimos viendo como los imperialismos muestran sus baratijas en nuestros territorios. Ahora su forma es más subrepticia y propia de nuestra época. Ya no se trata de poner la bota encima, sino de entrometerse en las comunidades, crear algunas a la carta, aclimatarlas y, luego, batir los paños a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación para legitimarlas como las únicas y auténticas porque son amigas del colono. Si eso es viejo como las exploraciones al Congo. Con eso logran carta de naturalización y abren el espacio para el negocio de la conservación, de la humillación y el sometimiento. Ya nos cuelgan en sus páginas web. Los nuevos yanaconas somos ahora digitales y globalizados de la mano de los colonialistas verdes.
Por eso es por lo que es ahora más urgente que se tomen decisiones por el Gobierno de Chile. No puede ser que quedemos a merced de organizaciones de las cuales poco o nada conocemos acerca de sus intereses y por las cuales los ciudadanos chilenos no hemos votado como para que rijan nuestros destinos tal como lo están haciendo. Por último, los indígenas chilenos votamos en la República; ganamos o perdemos, pero votamos y sabemos a qué atenernos si ganamos o perdemos en la elección. Nuestra contraparte son los Estados, no las ONG. Así lo dicen los instrumentos internacionales que nos protegen. Son ellos los que deben garantizar nuestros derechos, no éstas. Pero ahora el neocolonialismo cuestiona los regímenes republicanos y democráticos. Llegan a espetar estas organizaciones su otra perla: “¡ya basta de gobiernos!” para pretender hacer por sí mismas la política ambiental del país. Hermosa y romántica frase, pero con ella quedamos a merced de las mayores arbitrariedades. De ahí a la piratería un paso. Ya enfrentamos la apropiación cultural por este tipo de románticos y sus organizaciones inventadas. No estamos dispuestos a eso. Algunos podrán sentirse seducidos por este canto de sirena, pero no nosotros. Nosotros vivimos efectivamente en un territorio aislado; no le vemos de lejos ni lo ensoñamos; hemos sido diezmados por siglos por las prácticas coloniales; vivimos en un territorio clave de esta República, no en la tibieza aclimatada de la ciudad. No vamos a volver sobre nuestros pasos. Hoy exigimos del Gobierno de Chile que fije ya su política territorial en Magallanes, no que la dicten estas organizaciones y sus aliados locales. Ya veremos si esa política es satisfactoria y ejerceremos nuestros derechos, pero no en este ambiente de arbitrariedades, desconfianzas, descréditos desatados, excesos verbales, confabulaciones, indicios de negocios oscuros y con empresarios incapaces de afrontar sus responsabilidades con la Región y sus habitantes. Es hora de que el Gobierno ejerza sus funciones y dote a las comunidades indígenas de una contraparte efectiva para hacer también efectivas sus prioridades de desarrollo, superando el bloqueo al desarrollo que estamos enfrentando y que pagaremos caro, todos, si no detenemos esta escalada de despropósitos.
