Observamos que las comunidades que defienden sus territorios frente al atropello de la minería son brutalmente reprimidas por la policía y las fuerzas armadas, bajo la excusa que las medidas de excepción o catástrofe imponen.
DECLARACIÓN DE LA RED DE VIGILANCIA DE OCMAL SOBRE MINERÍA Y COVID-19
Las circunstancias creadas por la emergencia de salud producto de la propagación del virus que afecta a prácticamente todo el planeta ha puesto de manifiesto el especial riesgo que significa la minería para los territorios donde esta realiza sus actividades.
En particular vemos con mucha preocupación la insistencia en declarar la minería como actividad prioritaria o esencial en tiempos en que la población debe resguardarse en cuarentena, confinada a sus viviendas y espacios familiares, pasando además por alto el ya conocido impacto de la minería en las aguas y los ecosistemas.
El riesgo de contagio que llevan los trabajadores mineros hacia y desde sus lugares de trabajo, no es compatible con las medidas generales de control. Se aprueban e implementan protocolos sanitarios convenientes para las mineras sin incluir pruebas de descarte del virus para los trabajadores, lo que pone en mayor riesgo la propagación de contagios hacia zonas donde la población se encuentra desprotegida por la falta de servicios elementales y especializados de salud.
La suspensión de derechos civiles se aplica en especial para quienes defienden sus territorios, ecosistemas, agua, acceso a la información y protección de formas de vida tradicionales.
Observamos que las comunidades que defienden sus territorios frente al atropello de la minería son brutalmente reprimidas por la policía y las fuerzas armadas, bajo la excusa que las medidas de excepción o catástrofe imponen.
De paso, estas últimas aseguran el libre tránsito de mineros y la continuación de las faenas extractivas.
En algunos casos se aprueban normas y leyes que les otorgan un manto de impunidad a los fuerzas del orden si vulneran o afectan derechos de las poblaciones locales.
Notamos que es alarmante la forma en que las narrativas oficiales ponen a las actividades extractivas en la base de la supuesta recuperación económica y muestra de ello es que los proyectos extractivos se tramitan de forma express sin considerar los resguardos necesarios para evitar la destrucción de ecosistemas y la afectación social, cultural y espiritual de las comunidades. En este contexto, las empresas continúan presionando para que se sigan debilitando aún más las regulaciones ambientales y sociales.
También y de forma descarada, empresas que destruyen ecosistemas, atropellan derechos humanos, mienten, corrompen, estigmatizan y evaden responsabilidades como es el caso de las obligaciones impositivas; de manera contraria, aparecen realizando donaciones de artículos y material médico y de salud, supuestamente para contrarrestar los efectos producidos por el Covid-19 y proteger a la población.
Se trata de un lavado de imagen que además es ampliamente orquestado por los medios de comunicación y las autoridades locales y nacionales, afines a los gobiernos y empresarios.
Ha quedado además en evidencia, que las mayores afectaciones de la situación que se vive producto de la emergencia de salud y el sostenimiento de las actividades mineras recaen sobre las mujeres.
Las medidas de aislamiento sumadas a la propagación de enfermedades derivadas de las actividades mineras, significan una sobrecarga de trabajo y de cuidados para las mujeres. El confinamiento también incrementa el riesgo de la violencia machista en los hogares. Las medidas de control social implementadas por los Estados (estados de alarma, emergencia, catástrofe o toques de queda) también incrementa la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres. Cabe señalar además que son las mujeres quienes están dando la alarma en las comunidades por la situación que viven y quienes primero se están organizando para denunciar las vulneraciones que conlleva el mantenimiento de las actividades extractivas.
Desde la Red de Vigilancia de OCMAL sobre minería y COVID-19 exigimos:
– El resguardo de la salud de las comunidades, especialmente las afectadas por minería,
– Garantizar la seguridad de las y los defensores de los territorios, que se oponen a las actividades mineras, especialmente de las mujeres y no utilizar las cuarentenas para criminalizarles
– Detener las operaciones extractivas con el mantenimiento de empleos y la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras
– Mantener las medidas de reparación de daños producidos por la minería, sin acudir al pretexto de la situación de emergencia de salud,
– La suspensión de todas las nuevas concesiones mineras y permisos ambientales para minería
Finalmente manifestamos que es necesario iniciar una transición hacia un mundo post-extractivista donde se replantee el modelo minero que tanto daño ha hecho a nuestros territorios. De ahí que, quienes defendemos el ambiente, seguimos construyendo alternativas al modelo de desarrollo, que privilegian las aguas y la salud por encima de la mercantilización de la vida.
América Latina
Mayo 2020
