Chile tiene una de las mayores proporciones de escuelas de educación básica privadas en el mundo, número tres veces mayor que el promedio de los países miembros de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Dicha situación es la consecuencia de las reformas económicas neoliberales puestas en marcha bajo la dictadura de Pinochet en los años ‘80 y reforzadas por los gobiernos que la sucedieron.
Asi se lee en un informe dado a conocer durante el Foro Mundial de Derechos Humanos en Marrakech, por la organización Foro por el Derecho a la Educación de Chile (FORO), junto con otras instituciones, las que realizaron un llamado a que el Sistema de Derechos Humanos de la ONU cuestionen al gobierno de Chile sobre las violaciones a los derechos humanos, resultantes de su sistema de educación privatizado.
El sistema educativo chileno es el más segregado entre los hogares más ricos y los más pobres, según los datos de la OCDE, en una comparación entre 65 países. El informe demuestra que este sistema es altamente discriminatorio en el ámbito socioeconómico, violando los estándares de derechos humanos internacionales que el país tiene la obligación de cumplir.
“Este no solo es un sistema inaceptable, que impacta con más fuerza a las personas marginadas, vulnerables y pobres y perpetua altos niveles de desigualdad, sino también es un sistema muy injusto, que afecta la cohesión de la sociedad como un todo y es ilegal, según los estándares internacionales”, indica Camilla Croso, la coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación.
Los cobros a las madres y padres de familia, practicados por las escuelas privadas de enseñanza básica y media, son uno de los principales factores de discriminación socioeconómica, y son usados por las escuelas para excluir ciertos estudiantes indeseadas/os. En el 2012, una de las mejores escuelas privadas de Chile cobraba aranceles de USD 690 por mes ($425.000), casi dos veces más que el valor del salario mínimo mensual. En adición a dicha selección de estudiantes, que se hace efectiva por el cobro de los aranceles, la selección directa de estudiantes, a través de exámenes de admisión o revisiones de informes de conducta, son una práctica común.
Planteando el tema junto a la ONU para cambiar la ley en Chile
El lanzamiento de este informe tiene lugar mientras el parlamento chileno se encuentra próximo a ingresar un segundo paquete de leyes, (desmunicipalización de la educación pública y carrera docente), que serán cruciales para la futura orientación del sistema educativo en Chile.
“El nivel actual de desigualdades respecto al derecho a la educación es insostenible, y esta fue la razón de las protestas que tuvieron lugar en el 2006 y en el 2011 en el país. Mientras las autoridades han prometido tomar providencias frente a esta situación, el parlamento y el gobierno deben actuar rápidamente y poner en el centro de las reformas el impacto de la política educativa en los derechos humanos, de manera de rediseñar un sistema que esté en línea con sus obligaciones internacionales” añade Rene Varas, Secretario Ejecutivo del Foro por el Derecho a la Educación, de Chile.
Para aportar a esta discusión, el informe fue enviado por el Foro Chileno junto con la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), la Clínica de Derecho de la Sciences Po y la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación (PERI), al Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de Naciones Unidas, previamente a la revisión de Chile en el ámbito del mismo Comité de expertas/os, a realizarse en junio de 2015.
El CDESC evaluará el respeto del gobierno a diversos derechos económicos y sociales, incluyendo el derecho a la educación. Para lo mismo se reunirá en una sesión previa en la primera semana de diciembre, después de la cual lanzará una “lista de temas”, que incluye cuestiones que el gobierno tendrá que responder por escrito.
“Ningún Estado llegó tan lejos como Chile en materia de privatización de la educación, y por eso el sistema chileno nos informa sobre el impacto en el largo plazo de la privatización. Si el CDESC plantea cuestiones sobre el sistema chileno, también enviará un mensaje fuerte a otros países, en un momento en que muchos Estados están privatizando su sistema educativo y eludiendo así sus responsabilidades” indicó Lucy McKernan, del Servicio de Enlace de la ONU con el GI-ESCR.
Muchos organismos de derechos humanos de la ONU, incluyendo el Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, cuestionaron recientemente la creciente privatización en la educación, e hicieron un llamado reforzando el papel del Estado de proteger la educación como un “bien público”.
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FUENTE: educacionparatodos.cl
03 de diciembre de 2014
