Una sociedad que se diga democrática y busque la libertad y la justicia, debe amparar el legitimo derecho a la desobediencia civil, sobre todo en contextos de opresión como el que vemos en las formas contemporáneas de colonialismo en América Latina y El Caribe.
Manuel Ansaldo Roloff
24 de noviembre de 2020
La desobediencia civil debería estar consagrada en la constitución de cualquier sociedad que se diga democrática. Como mostró E. P. Thompson, las clases populares cuando se revelan lo hacen mediante la construcción y confirmación de un sentido particular de justicia. Cuando los obreros ingleses protestaban por el pan en Europa, lo hacían porque consideraban injusto el precio de los insumos, y por ende el precio producto final, con lo cual, mediante actos de desobediencia civil, como por ejemplo robar el pan o la harina para poder comer, solían dejar encima de la mesa del panadero o el molinero el valor monetario que consideraban justo. En Chile, el mes de octubre de 2019, fue un acto de desobediencia civil el que permitió que las estructuras de dominación sedimentadas (en el sentido de Grimson) pudieran ser cuestionadas y subvertidas por el pueblo chileno. Específicamente, me refiero a los y las jóvenes que saltaron los torniquetes del metro. Tal acto, que pudiera ser considerado como una falta o un delito, pues involucra el uso del metro mediante el no pago del valor establecido, permitió el establecimiento y desenlace de un proceso popular que se articula en torno a un sentido popular de injusticia histórica. Tal es así, que ante la transferencia del 10% de los ahorros previsionales, contrario a las compras masivas de televisores que profetizaban las ignorantes e indolentes voces de la elite, muchos individuos saldaron deudas monetarias porque consideraban que era lo justo. Imagino que un sentido de alivio y tranquilidad, aunque sea momentánea, se hizo presente en dichas situaciones.
La ley que busca “condenar la violencia desde los partidos políticos”, impulsada desde la cámara de diputados, busca sofocar el legítimo derecho a la desobediencia civil. Es decir, la protesta y los ejemplos mostrados encima (robar el pan a cambio de un pago justo y saltar el torniquete del metro) deben ser en este escenario condenados enérgicamente por parte de los partidos políticos. Si el estado fuera una entidad abstracta, se limitaría a funcionar a través del monopolio legítimo de la violencia. Como no lo es, son frecuentes sus usos ilegítimos, toda vez que las fracciones de clase (como lo entiende Poulantzas) que componen el estado se ven amenazadas en sus proyectos históricos. Lo mismo sucede cuando el pueblo soberano considera situaciones de injusticia y busca impulsar procesos de cambio. Ya que el estado está compuesto por fracciones de clase y no se trata de una entidad abstracta, se buscará insistentemente diluir las manifestaciones populares y condenarlas, incluso por medio de muertes, lesiones, procesos judiciales y encarcelamiento político, lo que dejaría el camino despejado para que los grupos dominantes continúen ejerciendo su poder frente a las mayorías.
Si uno de los pocos caminos posibles para las transformaciones (no reformas) políticas y sociales es la desobediencia civil, práctica por lo demás sedimentada mediante siglos de luchas populares, se hace plausible concluir que un proyecto político que busque diluir, sofocar y condenar tales estrategias populares, busca reificar y solidificar una estructura de dominación históricamente particular. Por tal motivo, en la misma línea de Paxton cuando busca alejarse del significado más coloquial de la palabra, y apoyándome en la supuesta búsqueda por parte de la elite de un “presunto interés nacional superior”, la preocupación por la “decadencia de la comunidad” y la búsqueda de una “unidad y energía nacionales” (según Paxton) para combatir la violencia (¿venga de donde venga?) es que puede considerarse este tipo de proyectos de ley y las acciones de los grupos que los impulsan, como fascistas, buscando imponer un orden y una hegemonía interna anulando la voluntad popular. Al contrario, una sociedad que se diga democrática y busque la libertad y la justicia, debe amparar el legitimo derecho a la desobediencia civil, sobre todo en contextos de opresión como el que vemos en las formas contemporáneas de colonialismo en América Latina y El Caribe.
Textos referenciados
Grimson, A. Los límites de la cultura. Criticas de las teorías de la identidad. Siglo XXI, 2011.
Paxton, R. Anatomía del Fascismo. Capitán Swing, 2019.
Poulantzas, N. Estado, poder y socialismo. Siglo XXI, 2005.
Thompson, E.P. Moral Economy in the english crowd in the eighteenth century. 1971.
