- El fallo de Corpesca es una señal en el sentido que marca un precedente para las futuras investigaciones en materia del contubernio política y negocios.
- La idea instalada en la elite política fue no indagar, ni perseguir los delitos cometidos por autoridades y que fue respaldado por acción u omisión durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Mauricio Daza reconoce que hubo todo tipo de presiones para desarticular los casos o suspender las investigaciones.
Santiago, 17 de diciembre de 2020 (radiodelmar.cl) El abogado querellante en la causa de financiamiento irregular de la política en el caso Corpesca, Mauricio Daza, en entrevista con ElDivisadero.cl valoró el fallo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que acreditó al menos siete delitos de fraude al fisco y cohecho del ex senador Jaime Orpis (UDI), como asimismo de la ex diputada Marta Isasi (UDI) por cohecho, mientras que la empresa del grupo Angelini recibió la condena de soborno.
El emblemático caso Corpesca, vinculado a la negociación y promulgación de la viciada ley 20.657 de pesca y acuicultura (2013), conocida popularmente como “Ley Angelini-Longueira” de privatización pesquera, entregó de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad, acceso y uso de las pesquerías chilenas a siete clanes empresariales y empresas transnacionales que operan en aguas nacionales.
La élite política y los gobiernos de Bachelet y Piñera: Sobornos e impunidad pesquera
En la entrevista, el fallo fue definido como “histórico”, por Daza, quien explicó que en gran medida se lograron estos resultados, gracias al trabajo de los persecutores. «Afortunadamente nos tocó un equipo de fiscales bastante excepcional, profesionales de excelencia, porque es raro ver fiscales que cumplan con su deber tan comprometidamente, contrario a los casos Penta y Soquimich, donde las causas se desmantelaron por fiscales mediocres que no están a la altura de esta labor y que sus acciones eran funcionales a este esfuerzo articulado de impunidad que se levantó”, enfatizó Daza Carrasco.
La idea instalada en la elite política fue no indagar, ni perseguir los delitos cometidos por autoridades y que fue respaldado por acción u omisión durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Mauricio Daza reconoce que hubo todo tipo de presiones para desarticular los casos o suspender las investigaciones durante los gobiernos de La Nueva Mayoría y Chile Vamos.
“Fue un año 9 meses en que presentamos miles de pruebas y testigos hasta que logramos una condena histórica. La empresa Corpesca del grupo Angelini sobornó, o sea, le pagó coimas a dos parlamentarios Marta Isasi y Jaime Orpis, mientras estaban en el ejercicio de sus cargos para que desde esa posición hicieran gestiones a favor de esta empresa, en el contexto de la ley Longueira o ley de pesca. Esta condena es una señal excepcional por condenar a la empresa y parlamentarios”, puntualizó al Facebook Live de Tehuelche Noticias.
“Es unos de los casos de corrupción más importantes de la historia judicial chilena. Estuvimos durante largo tiempo batallando para levantar estas causas, no solamente vinculadas a Corpesca, también Penta y pagos ilegales de SQM que le entregó mucha plata a los partidos, especialmente de la ex Concertación”, añadió.
De esta manera “pudimos constatar que a través de facturas o boletas que eran entregadas por palos blancos (testaferros) a estas empresas, por servicios que nunca se prestaron y lo que se hacía era triangular dineros desde las empresa hasta distintas autoridades políticas que se beneficiaban de manera ilegal”.
Para Daza el fallo de Corpesca es una señal en el sentido que marca un precedente para las futuras investigaciones en materia del contubernio política y negocios.
Un solo artículo aprobado de la ley Longueira significó un ahorro de 5 mil millones de pesos en impuestos a las patronales pesqueras.
Igualmente Corpesca del grupo Angelini, controladores de COPEC, “entregaban instrucciones por parte de las empresas que hacían estos financiamiento, para que actuarán de determinada forma, beneficiándolas”.
De hecho, uno de los artículos de la ley permitió que esta compañía se ahorrara del orden de 5 mil millones de pesos en impuestos, ya que la norma permitió que los pagos de las pesqueras no excedieran en más de un 40% la suma que las mismas empresas habían cancelado en 2012 por concepto de Patente Única Pesquera (PUP), según consignó una investigación de Ciper Chile en agosto de 2016.
Ex subsecretario de pesca Pablo Galilea: La impunidad de un político tremendamente mediocre
Durante el proceso de discusión y trámite de la ley Angelini-Longueira, ya existían traspasos de dineros a parlamentarios y autoridades, y cuotas de pesca entre dirigentes pesqueros y patronales de la pesca industrial. En este tiempo, el ex diputado de la derechista UDI por Aysén, Pablo Galilea Carrillo, era el subsecretario de pesca y acuicultura de turno.
En ese rol, fue un activo lobista e intermediador entre sectores políticos y extractivistas para lograr la transversal aprobación de la Ley Longueira en el Congreso. Galilea, como los restantes miembros de la casta política involucrada, no recibió condena, ni enfrentó cargos penales, sus huellas quedaron registradas para la historia.
“Aparece mencionado en el contexto de la investigación de ASIPES del Bío Bío. Es un pésimo político y lamentable subsecretario, estuvo detrás de esta norma, donde se generó está ley. Hay un fenómeno que está detrás de todos los abusos que se han conocido durante los últimos 30 años y es la impunidad. Las autoridades pueden hacer lo que se les venga en gana y lo que se les antoje, pueden estar involucrados en actos impresentables, políticos tremendamente mediocres como Pablo Galilea y hoy lo tenemos en un alto cargo en el gobierno”, subrayó.
La cultura de la impunidad instalada en Chile, se define y mantiene por la inacción y pasividad de la ciudadanía, que durante décadas se endeudó con tarjetas y dinero plástico, “crédito, consumo y circo”, mientras los grupos económicos desmantelaron el país. “En algún momento las familias colapsaron y el modelo colapsó. Si uno analiza un país moderno que tenga una economía de mercado, es muy distinto a Chile, donde no existe, sino una economía del abuso a través de la concentración económica”.
Corrupción y dirigencias pesqueras: La tragedia de Iván Aladino Fuentes
Para Daza, el ex presidente del Consejo de Organizaciones de pescadores artesanales de los fiordos y archipiélago de Aysén (Corfapa) y ex diputado Ivan Fuentese, “ fue capturado por los intereses de la pesca industrial y después por los intereses de la política tradicional. Es llevado como candidato por la Democracia Cristiana y lo transformaron en un peón de la DC regional y nacional y los intereses que ellos defienden. Hay que recordar que el grupo Angelini, está muy vinculado a la Democracia Cristiana, como los Zaldívar, intereses pesqueros absolutos, no se inhabilitaban para votar temas de pesca, le importaba un carajo”, sentenció.
Para el abogado de Ciudadano Inteligente, Fuentes “no resguardó los verdaderos intereses de la pesca artesanal, sino los de la industria y termina abruptamente su carrera política, mientras Patricio Walker salió arrancando de la región”.
Por su parte, Pablo Galilea luego de haber sido nombrado gobernador de Coyhaique, pasó a ocupar su actual cargo de Jefe de la División de Gobierno Interior (DGI) del represivo gobierno de Sebastián Piñera.*****FIN*****
