Por medio de la presente declaración denunciamos el carácter de montaje político del reciente operativo policial represivo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y avalado por la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, el que ha afectado a las comunidades de Temucuicui, Pancho Curamil, Chacaico, Huañaco Millao y Butaco. Se trató de un operativo político-represivo con el despliegue de 800 policías traídos de distintas partes del país (incluido el Equipo de Reacción Táctico, ERTA), debidamente artillados y con apoyo aéreo (helicópteros y drones) con la intención de allanar dichas comunidades, generando violencia policial cuya masividad no se veía desde los tiempos de la dictadura de Pinochet. Este bien orquestado operativo se realizó con el pretexto de desmantelar redes de narcotráfico y “crimen organizado” en la región de La Araucanía. Sin embargo, los hallazgos policiales para nada constituyen evidencias de la existencia de tales redes organizadas ni de armamento a escala mayor y dejan al descubierto que se ha tratado de una burda y torpe maniobra política y policial amparada por el actual gobierno chileno para legitimar su persistente política de criminalización de las luchas por los territorios, la autonomía y la autodeterminación del Pueblo Nación Mapuche.
Es paradójico que se realice un operativo de esta envergadura y nivel de violencia policial con un argumento de persecución al tráfico de drogas, cuando jamás la PDI y otras instancias policiales del Estado chileno lo han hecho así en zonas y regiones donde las estadísticas indican que este flagelo posee un volumen mayor, datos que son de conocimiento público. Todo esto reafirma que se trata de una acción represiva y mediática tendiente a deslegitimar la justa lucha de nuestro Pueblo por sus territorios, pretendiendo instalar a la vez la figura de “narcoterroristas” que los gremios, el fascismo y la terratenencia local vienen enunciando en su estrategia comunicacional.
Más aún, el operativo montaje del 7 de enero se planificó y puso en acción el mismo día en que el Tribunal Oral en Lo Penal de Angol emitía el veredicto sobre el caso del asesinato del lamgen-peñi Camilo Catrillanca Marín, un respetado defensor de los derechos humanos y territoriales de nuestro Pueblo y nieto de Juan Catrillanca, longko de la Comunidad de Temucuicui. A este respecto, el veredicto del citado tribunal ratificó la calidad de culpable de “homicidio” a Carlos Alarcón, ex carabinero que disparó a Camilo Catrillanca Marín en el crimen policial del 14 de noviembre de 2018 en Temucuicui; asimismo, se asignó responsabilidades a otros seis ex-carabineros y un abogado civil involucrados en el hecho. Entonces, no es casual que el megaoperativo de la PDI en el territorio de Temucuicui tuviera lugar en paralelo a las deliberaciones y la emisión del veredicto en el Tribunal de Angol.
A la luz de estos hechos,
Kiñe: Denunciamos los graves atropellos a la integridad física y psíquica de niñas y niños, mujeres y personas mayores, así como las traumáticas consecuencias de este operativo represivo. En particular, recordamos que la familia y la comunidad del asesinado lamgen-peñi Camilo Catrillanca Marín han sido víctimas del terrorismo de Estado en Chile y de violación a los derechos humanos, por lo cual dicho Estado tiene responsabilidades internacionales que asumir relacionadas con salvaguardar la integridad de todos y todas quienes forman parte de la familia Catrillanca Marín y su comunidad (Lof), especialmente los padres, esposa e hijas de Camilo Catrillanca Marín. En los hechos recientes, hemos visto gravísimas vulneraciones al derecho internacional en esta materia, en particular de los “Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos” (2005) establecido por las Naciones Unidas y a la “Convención sobre los Derechos del Niño” (1989).
Epu: Exigimos que se investiguen los maltratos físicos y psicológicos a que fueron sometidas cada una de las personas de la familia y las comunidades allanadas. Es condenable el modo cruel y cobarde en que efectivos policiales redujeron, violentaron y separaron a Wakolda de su madre, una niña que ese mismo día cumplía 7 años, hija del asesinado lamgen-peñi Camilo Catrillanca Marín. Esta deleznable acción policial, en que miembros de la PDI secuestraron por horas a una niña, transgrede las más básicas normativas existentes sobre trato a la infancia en materia de derechos humanos, especialmente considerando que la infancia indígena constituye un grupo de especial protección de acuerdo con el derecho internacional. Es un acto ilegal y arbitrario que pone al desnudo el racismo sistémico del Estado de Chile, develando la deshumanización y despiadada crueldad en la cual son formados los miembros del aparato policial del Estado chileno. Demandamos que se investigue esta acción policial y se castiguen a los responsables; e igualmente, exigimos la renuncia inmediata de Héctor Espinosa Valenzuela a su cargo de director de la Policía de Investigaciones de Chile por avalar el inhumano actuar de sus funcionarios en contra de la doliente familia Catrillanca Marín, en especial su madre, esposa e hija. Es hora de que se pongan efectivamente en práctica las normativas internacionales existentes en materia de los derechos humanos de las niñas y adolescentes mapuche.
Küla: Emplazamos al actual gobierno chileno y las élites políticas del país a asumir sus responsabilidades en el amparo de este tipo de operaciones y montajes. Los hechos del 7 de enero han ocurrido en un contexto en que el actual gobierno y sus aliados sustentadores del actual capitalismo neoliberal se encuentran deslegitimados y a la deriva en la discusión pública. No podemos dejarnos engañar ante una burda maniobra política represiva contra el Pueblo Mapuche. En el escenario de la elección de “constituyentes” y un eventual cambio de Constitución en Chile, esta grotesca y torpe operación policial intenta reposicionar un deseo político por “legitimar” la continuidad del terrorismo de Estado y salvaguardar la mal llamada “Doctrina de Seguridad Nacional” incubada durante la infame dictadura cívico militar, y que hoy en día sus herederos intentan revalidar a toda costa con tal de proteger los intereses del gran empresariado capitalista chileno y las estructuras coloniales de poder asentadas en el territorio histórico del Pueblo Nación Mapuche.
Meli: Instamos a quienes hoy tienen el deber de pronunciarse, tanto en la sociedad chilena, la sociedad mapuche, como en el contexto internacional, a emitir una condena explícita a esta nueva operación montaje, una prueba más de la continuidad de la violencia colonial y racista contra el Pueblo Mapuche. Asimismo, en nuestro compromiso de lucha por la vida, lamentamos la pérdida de una vida humana en esta operación político-represiva. Finalmente, invitamos a los sectores conscientes y aliadxs a estar atentxs a posibles nuevas maniobras políticas y represivas del gobierno y de la policía chilena, que solo buscan deslegitimar la digna lucha de nuestro Pueblo por sus territorios ancestrales, la autonomía y la autodeterminación.
¡No más militarización del territorio Mapuche! ¡Fin a los montajes policiales! ¡Respeto a las infancias Mapuche! ¡No más terrorismo de Estado! ¡Por Wallmapu Libre!
Centro de Estudios e Investigaciones Mapuche – Comunidad de Historia Mapuche (CHM)
Temuco, Ngulu Mapu. Mari Antü, Enero Küyen, 2021.
